SONORA.- Sandra Lucía Téllez Nieves, socia de la Guardería ABC, lugar donde el 5 de junio de 2009 murieron 49 niños en un incendio, fue deportada por Estados Unidos a México, donde la Fiscalía General de la República (FGR) ejecutó una orden de aprehensión en su contra por los delitos de homicidio y lesiones culposas.
Se informó que la detención de Sandra Lucía Téllez Nieves la realizaron en Arizona, agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas de los Estados Unidos. Y permaneció en un centro de reclusión migratoria en Eloy, Arizona, bajo una Ficha Roja de Interpol vigente desde 2022.
La orden de aprehensión la ejecutaron elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), de la FGR, en coordinación con el Gabinete de Seguridad del Gobierno de México, en la ciudad fronteriza de Nogales. Esto después que un Juez en Arizona le negó el asilo político y el ICE la deportó desde Arizona hacia Sonora.
La FGR informó que después, trasladaron a la imputada al Centro de Reinserción Social Femenil, en Hermosillo.
Socia de la Guardería ABC estaba prófuga
Según la fiscalía mexicana, Sandra Lucía estaba prófuga en territorio estadounidense, pero el Estado mexicano a través de la Fiscalía Especial para Asuntos Internacionales de la FGR, solicitó a las autoridades migratorias su detención y posterior deportación controlada por la Garita l, Puerta México, Dennis DeConcini, entre Nogales, Sonora y Arizona.
En 2016 sentenciaron a Sandra Lucía Téllez a 28 años de cárcel por homicidio culposo y lesiones. Sin embargo, tras una serie de amparos y apelaciones redujeron su condena a cinco años y siete meses. Desde entonces, había permanecido prófuga.
Padres de niños de la Guardería ABC piden justicia
El colectivo de padres de las víctimas, denunció que, aunque se enteraron de su detención por medios de comunicación, ninguna autoridad mexicana les notificó formalmente.
“Le pedimos al Estado mexicano que haga lo necesario para que Sandra Lucía Téllez Nieves sea extraditada y puesta a disposición de las autoridades mexicanas”, exigían en una carta dirigida a la Presidenta Claudia Sheinbaum y al titular de la FGR, Alejandro Gertz Manero.
Fue el 5 de junio del 2009, cuando una estancia infantil subrogada por el Instituto Mexicano del Seguro Social a mano de socios particulares, que lucraban con este servicio público, se incendió dejando a 49 bebés muertos, 25 niñas y 25 niños sin vida. Mientras que más de 70 sobrevivieron pero con secuelas de por vida como quemaduras, daño pulmonar, neuronal y estrés postraumático.
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