MÉRIDA.- A casi dos años de su primera inauguración, el Tren Maya continúa envuelto en conflictos judiciales y mantiene 51 litigios activos, reveló una investigación periodística.
Según datos de la Coordinación General Jurídica y de lo Contencioso del Tren Maya, S.A. de C.V., aún se encuentran en curso 12 juicios de amparo vinculados con expropiaciones y asuntos ambientales, así como tres juicios de nulidad que cuestionan la terminación anticipada de contratos o el incumplimiento de pagos, publicó El Universal.
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A estas demandas se suma una inconformidad por el avalúo de un terreno afectado por el paso del tren, además de un juicio civil en materia ambiental notificado a la Sedena desde el 7 de agosto de 2025. Sin embargo, este último podría anularse debido a la reforma sobre juicios de amparo recientemente aprobada, la cual estipula que solo el afectado directo puede promover ese tipo de recursos.
También siguen su curso cuatro juicios agrarios presentados por campesinos que reclaman la restitución de tierras o indemnizaciones derivadas de las expropiaciones efectuadas durante la construcción del proyecto.
Demandas contra el Tren Maya
En paralelo, la megaobra enfrenta 31 demandas laborales promovidas por exempleados que denuncian despidos injustificados o exigen el reconocimiento de una responsabilidad patronal solidaria.
El Tren Maya, inaugurado el 15 de diciembre de 2023, ha sido objeto de numerosas denuncias y recursos legales desde el inicio de su construcción. En 2022, se contabilizaron 321 personas que interpusieron amparos y quejas contra la obra por diversos motivos, entre ellos afectaciones ambientales y falta de transparencia.
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Aunque el número de litigios ha disminuido, organizaciones civiles señalan que esto se debe en parte a que el gobierno clasificó el Tren Maya como un asunto de seguridad nacional. Esto —afirman— ha complicado la ejecución de resoluciones judiciales y limitado el acceso a información pública sobre el proyecto.
Asimismo, los activistas acusan retrasos procesales por parte de los representantes legales de la Semarnat y Fonatur-Tren Maya, a quienes señalan de entorpecer deliberadamente los procedimientos judiciales.
Costo de los litigios del Tren Maya, reservado
Pese a la cantidad de procesos judiciales abiertos, el gobierno federal no ha publicado fensa legal del proyecto. Los honorarios de abogados, peritajes y demás costos jurídicos no se detallan de manera separada del presupuesto general del Tren Maya.
Solo existe información sobre un caso específico en el que la Sedena perdió un juicio por la rescisión de un contrato. Esto implicó un pago superior a los 86 millones de pesos.
El resto de la información relativa a los costos de los litigios permanece reservada.
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