CIUDAD DE MÉXICO.— La polémica regulación sobre el manejo de las aguas en México, que aprobó de manera atropellada la mayoría oficialista del Congreso, generó preocupación entre activistas y opositores que temen mayores controles, mientras desde el gobierno se afirmó el viernes que la ley dará certeza a los agricultores y protegerá el vital recurso.
Tras varios días de protestas que realizaron en diferentes puntos del país decenas de agricultores, que incluso llevaron sus reclamos al Legislativo, Morena y sus fuerzas aliadas en la Cámara de Diputados y el Senado avalaron el jueves en horas una nueva Ley General de Aguas y una reforma a la Ley de Aguas Nacionales para combatir el uso indebido del vital recurso, su traslado con fines de lucro y cualquier práctica que vulnere el derecho de acceso.
La nueva regulación fue propuesta en octubre pasado por la presidenta Claudia Sheinbaum para definir las reglas sobre el uso del agua en los procesos productivos, ordenar las concesiones y asegurar la disponibilidad a toda la población.
La secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, salió ayer viernes en defensa de la normativa y dijo en conferencia de prensa que la iniciativa dará “apoyo y certidumbre a zonas productivas” y permitirá “poner orden” en el manejo de las aguas en el país.
Ante las críticas que expresaron que el Congreso aprobó de manera atropellada la ley sin escuchar a los campesinos, Rosa Icela señaló que las opiniones de diferentes sectores fueron recibidas.
Pero activistas, investigadores y agrupaciones civiles locales expresaron su rechazo a la regulación aprobada por el Congreso, e indicaron en un comunicado, difundido en la cuenta de Facebook de la Contraloría Social Autónoma del Agua del estado de Yucatán, que la iniciativa representa una “puñalada a los pueblos indígenas y comunidades”.
Cuauhtémoc Jacobo Femat, miembro de asociación civil local Contraloría Autónoma del Agua de Yucatán, dijo el jueves a portal local Rompeviento TV que las nuevas regulaciones no atienden el problema del “sobreconcesionamiento”, y afirmó que las grandes industrias seguirán con el “acaparamiento del agua” y no responderán por los daños.
“Las industrias tienen que reparar daños ambientales, económicos y sociales a personas y comunidades afectadas. Estos temas fueron totalmente excluidos”, agregó Femat.