Una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad (MCCI) documenta una operación inmobiliaria ligada a la sede nacional de Morena que generó una ganancia de aproximadamente 59 millones de pesos en un lapso de 5 años.
El inmueble, ubicado en la calle Liverpool 3 en la Ciudad de México, fue adquirido en 2015 por un fideicomiso privado en apenas 16 millones de pesos y posteriormente vendido al partido en 2020 por 75 millones.
El fideicomiso fue constituido en CIBanco por cuatro personas cuya identidad permanece reservada por Morena. Estas mismas figuras fungieron como aportantes y beneficiarias, lo que les permitió obtener el incremento millonario tras la reventa del inmueble.
La estructura legal del fideicomiso dificulta rastrear con claridad el origen de los recursos y a los beneficiarios finales de la operación.
El aumento en el valor del edificio —de 16 a 75 millones de pesos, equivalente a un alza de alrededor de 368%— resulta atípico frente al comportamiento del mercado inmobiliario en la zona, que registró incrementos mucho menores en ese periodo.
Además, el avalúo hecho antes de la compra fijaba un precio inferior al que finalmente pagó Morena, lo que refuerza las dudas sobre un posible sobrecosto. A ello se suma una inconsistencia adicional: en reportes posteriores de transparencia, el propio partido ha declarado que el valor actual del inmueble es cercano a 48 millones de pesos, es decir, menor al precio que pagó por él.
Esta discrepancia abre cuestionamientos de los criterios utilizados para la compra y la posible afectación a los recursos del partido.
La investigación también señala otras anomalías como contratos de remodelación por más de 80 millones de pesos firmados incluso antes de que Morena adquiriera formalmente el inmueble.
Las operaciones derivaron en auditorías internas y controversias dentro del partido, aunque el caso concluyó sin esclarecer plenamente quiénes se beneficiaron ni las razones detrás de las decisiones financieras.
En conjunto, dice MCCI, el caso refleja posibles fallas en los mecanismos de control interno y rendición de cuentas en el manejo de recursos partidistas, así como el uso de figuras legales que, si bien son válidas, pueden limitar la transparencia.
La falta de claridad sobre los beneficiarios finales y las decisiones financieras alimenta cuestionamientos sobre prácticas que contrastan con los principios de austeridad y combate a la corrupción que el propio partido ha promovido.