CIUDAD DE MÉXICO.— La Universidad de California en Berkeley, Estados Unidos, identifica a la presidenta de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), Rosario Piedra Ibarra, como militante de Morena y cuestiona la actuación del organismo durante el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, particularmente frente a denuncias de violaciones a derechos humanos cometidas por las Fuerzas Armadas.

Informe de Berkeley cuestiona la respuesta de la CNDH ante abusos militares

En “Under Attack in Mexico”, el Human Rights Center de UC Berkeley presenta a Piedra como “miembro de Morena” antes de llegar a la CNDH y señala que su elección, en noviembre de 2019, estuvo rodeada de acusaciones de irregularidades en la votación del Senado.

La investigación coloca ese antecedente en un apartado dedicado a explicar las fallas institucionales que, sostiene, han contribuido a la impunidad frente a agresiones contra periodistas y defensores de derechos humanos.

También cuestiona decisiones tomadas por la comisión durante su gestión.

Entre ellas menciona su posición frente al creciente papel de las Fuerzas Armadas en tareas civiles y el manejo de quejas en las que estaba involucrada la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena).

Uno de los casos expuestos por la universidad es el de Raymundo Ramos, presidente del Comité de Derechos Humanos de Nuevo Laredo, quien denunció que su teléfono fue infectado con Pegasus.

Berkeley señala que la CNDH cerró la queja después de recibir un informe de la Sedena que negaba el espionaje, pese a que existían elementos que apuntaban en sentido contrario.

Retoma informe

Berkeley retoma el informe “CNDH: balance de su debilitamiento institucional durante la gestión 2019-2024“ del Centro de Derechos Humanos Miguel Agustín Pro Juárez (Centro Prodh).

Deterioro institucional

El Centro Prodh diagnosticó en ese periodo un deterioro “institucional considerable”, y señala que la CNDH adoptó un “rol pasivo” frente a asuntos del sexenio de López Obrador, como la militarización, la política migratoria, los megaproyectos en territorios indígenas, y la estigmatización de periodistas.