BOGOTÁ (AP).— El presidente Gustavo Petro defendió ayer a su hermano y a un alto funcionario de su gobierno ante una denuncia que señala que una líder política habría pedido sobornos a nombre de ellos a cambio de entregar bienes que fueron decomisados por el Estado a narcotraficantes.
“Esto no es cierto. La política conservadora es una estafadora de vieja data”, indicó ayer Petro en su cuenta de X, antes Twitter, en relación con la denuncia de la Revista Cambio publicada el domingo.
En su presidencia, Petro ha afrontado varios líos políticos por denuncias contra sus familiares. Su hermano Juan Fernando Petro afronta una investigación por posibles pagos de narcos y su hijo mayor, Nicolás Petro, otra por presunto lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Según la denuncia del medio local que cita procesos ante la Fiscalía, una política de Medellín habría pedido a clientes interesados en inmuebles millonarios sobornos destinados supuestamente al hermano del presidente y a Daniel Rojas, director de Sociedad de Activos Especiales (SAE), para lograr una venta expedita de los bienes que se han incautado a narcotraficantes.
En uno de los casos citados por la revista, un denunciante asegura que le entregó a la mujer 150,000 dólares para el hermano del Presidente, quien supuestamente era el enlace con la SAE, para adquirir un apartamento que perteneció a Francisco Iván Cifuentes Villa, quien fuera el piloto del capo de las drogas Pablo Escobar.
Juan se defiende
Para conseguir el dinero la mujer se habría presentado como directiva de la Comisión Latinoamericana de Derechos Humanos en la que Juan Fernando Petro, el hermano del Presidente, es un comisionado de paz.
Juan Petro le dijo a la revista que están usando su nombre y negó cualquier participación. “Lo que me molesta es que, aunque cuide mis actuaciones, aparecen personas que ni siquiera conozco y empiezan a usar mi nombre para sacar provecho”, indicó.
La Fiscalía investiga en otro proceso a Juan por presuntamente estar relacionado con negociaciones que hacía un grupo de abogados con personas presas a las que les habrían ofrecido beneficios como la no extradición o la rebaja de penas dentro de la política gubernamental de “paz total”, con la que el Presidente busca diálogos con grupos armados.
En ese caso, el hermano del Presidente también ha negado estar involucrado y ha dicho que su nombre estaría siendo utilizado indebidamente por terceros.
De un vistazo
Se dice víctima
El director de la SAE, entidad que administra los bienes decomisados, se defendió el domingo diciendo que en un proceso judicial se constituirá como víctima si usaron su nombre para actos indebidos. “Ningún inescrupuloso va a venir a dañar mi honra, no nos dejamos someter ni del crimen ni de la calumnia, ni más faltaba!”, agregó Rojas.