Los jueces, tanto conservadores como progresistas, mostraron escepticismo ante el uso de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa) para justificar los gravámenes
Los jueces, tanto conservadores como progresistas, mostraron escepticismo ante el uso de la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa) para justificar los gravámenes

WASHINGTON (EFE).— El Tribunal Supremo de Estados Unidos mostró este miércoles un marcado escepticismo ante la capacidad del presidente Donald Trump para imponer aranceles a casi todos los países del mundo. Durante una audiencia de alto perfil, los jueces debatieron si el mandatario utilizó correctamente la Ley de Poderes Económicos en Emergencias Internacionales (Ieepa), que concede facultades especiales al Ejecutivo en casos de amenaza o emergencia nacional.

La sesión, de tono intenso, reveló coincidencias inusuales entre magistrados conservadores y progresistas. Desde el inicio, varios cuestionaron si la aplicación de la Ieepa a una política comercial de alcance global excedía las competencias presidenciales. Incluso los jueces más afines al bloque republicano se mostraron reacios a avalar una interpretación tan amplia de la ley.

El caso, que se arrastra desde abril, busca determinar si el aumento de aranceles promovido por Trump puede considerarse una medida de emergencia. El alto tribunal deberá decidir si el presidente actuó dentro de la ley o si, por el contrario, invadió facultades que la Constitución reserva al Congreso, encargado de legislar sobre impuestos y comercio exterior.

Un fallo adverso sería un golpe sensible para el exmandatario, quien construyó buena parte de su política económica —y de su discurso electoral— sobre la imposición de tarifas a socios estratégicos. Trump ha defendido públicamente los aranceles como un instrumento de presión y como fuente de ingresos, presumiendo de los miles de millones recaudados gracias a su aplicación.

Durante la audiencia, el fiscal John Sauer, representante de la Administración, intentó justificar las tarifas bajo el argumento de una “emergencia económica”. Negó, sin embargo, que el objetivo fuese el lucro fiscal.

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