(Artículo publicado el 30 de julio de 2003)
Por Max GASTÓN
El II Informe del gobernador y las circunstancias que lo han rodeado invitan a reflexionar sobre el papel que jugamos nosotros, los ciudadanos, y nuestras autoridades en la vida pública y cuáles son los derechos y deberes de cada quien.
En la parte del documento que leyó ante el Congreso el domingo pasado, Patricio Patrón Laviada dijo:”En lo referente a las controversias y diferencias de opinión que se han suscitado con el Poder Judicial, hemos aclarado las posturas y explicado nuestras razones. De la manera más respetuosa pero enérgica pido nuevamente que se aclaren las graves acusaciones que se han presentado contra el titular del Ejecutivo. La sociedad exige honestidad, transparencia y justicia. Yo asumo por completa la responsabilidad del Poder Ejecutivo. Le pido al Poder Judicial que asuma la suya”.
Un diputado de la oposición, Jorge Vallejo Buenfil, del PRD, manifestó el mismo día el siguiente comentario:”Lamentamos mucho el poco tino de venir a trasladar las diferencias que tiene con el Poder Judicial al recinto del Poder Legislativo, me parece que si hay un requerimiento de parte del Ejecutivo, lo debía hacer de manera directa, oficial, o ante las instancias donde se está ventilando la controversia entre esos dos poderes”.
El legislador expresa con esas palabras su desacuerdo con la referencia de Patrón Laviada al conflicto de su gobierno con cinco de los seis magistrados del Tribunal Superior de Justicia, que lo acusaron ante el Senado, en diciembre de 2002, de agredir al Poder Judicial.
Entre las supuestas agresiones que atribuyen al jefe del Ejecutivo, los magistrados mencionan una campaña de desprestigio y atentados contra los preceptos constitucionales que establecieron la división de los tres Poderes y la independencia de cada uno.
Una comisión del Senado estudia desde hace siete meses las acusaciones de los magistrados a Patrón Laviada.
Hay una manera de ver las cosas que es distinta a la del señor Vallejo.
Es un punto de vista basado en la noción de que el pueblo es el dueño del Congreso. Los diputados son, pues, los representantes del dueño.
Sus servidores.
Asentada ya esta declaración sobre a quiénes corresponde la propiedad de la Legislatura, proponemos al lector la siguiente reflexión: Si los diputados y el recinto del Congreso son el conducto y el lugar para que el gobernador cumpla su deber de rendir al pueblo un Informe anual sobre su gestión; si el conflicto con el Poder Judicial es un suceso importante del período cubierto por el Informe, que fue el lapso julio 2002-julio 2003, la referencia de Patrón Laviada al conflicto en el Congreso durante la lectura del documento no fue por lo tanto un traslado indebido o un desatino, como opina el señor Vallejo, sino algo lógico, natural, que se hace en el momento oportuno, en el lugar apropiado, ante la gente indicada.
El gobernador tenía la obligación de informarnos sobre un conflicto que ha tenido y puede tener serias consecuencias para el pueblo; nosotros, como ciudadanos, teníamos y tenemos el derecho a exigir el cumplimiento de esa obligación; y los diputados, como representantes nuestros, tenían y tienen el deber de hacer valer ese derecho nuestro.
Nosotros creemos que el Congreso yucateco no sólo es un sitio natural para referirse a esta controversia, sino una instancia adecuada para pedirles a los senadores que nos digan cómo va este problema aunque el gobernador no lo hubiera mencionado en su Informe.
No es curioso reiterar el fundamento de la opinión que aquí se ofrece: la Legislatura es nuestra, los diputados son nuestros representantes y como tales deben preocuparse de la marcha de nuestros asuntos. Esta es una buena oportunidad para recordarlo, porque, a nuestro juicio, el criterio que expresa el señor Vallejo lesiona nuestros intereses y su aplicación al trabajo de los legisladores puede acarrearnos mayor perjuicio.
¿Cuál punto de vista es el correcto? ¿El del señor Vallejo? ¿El expresado en estas líneas? Trasladamos la pregunta al lector ya los peritos en temas constitucionales.- MG – Mérida, Yucatán, julio de 2003.