(Primera Columna publicada el 28 de mayo de 2005)
El sábado 14 de este mes, a la semana de estallar la crisis de los borregos, el jefe del Ejecutivo ofreció que el presunto responsable, Xavier Abreu Sierra, su secretario de Desarrollo Social, rendiría un informe pormenorizado sobre esta quiebra campesina que manejada con falta de buen criterio se dirige, si no hay un golpe de timón, hacia una crisis de credibilidad y un callejón sin salida. El gobernador se apresuró a defender al señor Abreu Sierra, elogió en términos generales su trabajo y le confió la misión de rendir “un informe pormenorizado sobre este caso”.
La columna se permitió hacer el miércoles 18 el siguiente comentario a las declaraciones del señor Patrón Laviada:”Por estimable que sea el informe que rinda don Xavier, su palabra no es suficiente y menos definitiva, como no lo es ni puede ser el testimonio de un acusado. Hemos visto y oído que funcionarios denunciados pidan licencia de su cargo para mayor seguridad y eficiencia de la investigación. Parece que esto no sucederá en la crisis de los borregos, pero tiene que haber un tercero en discordia que verifique la veracidad y exactitud de las explicaciones que el señor Abreu nos dé”.
Los informes que nos ha dado Xavier Abreu no son estimables. Son penosos. Más que sorprendentes, participante de lo insólito y lo inaudito. Para defenderse ha proporcionado unos documentos que lo acusan.
Los documentos revelan una administración corrupta de los dineros del pueblo. Una corrupción que empieza a trascender de concursos amañados, licitaciones fraudulentas, direcciones falsas, empresas fantasmas, teléfonos inexistentes y una sarta de simulaciones destinadas a encubrir el propósito de obtener un lucro ilícito con créditos destinados a redimir de la pobreza a campesinos de zonas marginadas.
¿No leyó el señor Abreu, antes de entregarlos, unos testimonios que lo incriminan? Si no lo hizo, lo menos que se puede pensar es que en la dependencia a su cargo privan un descubierto, una ingenuidad incompatible con una dirección responsable, honrada. eficiente. Es la imagen de una dirección minada por subalternos desleales habituados a tomarle el pelo a un jefe que está en la luna de Valencia.
Si los leyó, peor. Una de dos: o no tiene nociones de lo que lee o fue parte de una intención deliberada de engañar. Engañar de una manera tan burda, tan mal hecha, que nos inclina a creer que se ha subestimado la capacidad de análisis de los periodistas que trabajamos en esta casa. O que nunca se pensó que alguien, alguna vez, pediría una rendición de cuentas. Además, una falta de respeto a la opinión pública.
Una solicitud oportuna de licencia para separarse de su carga, o una orden de que la presentara, para abrir la puerta a una investigación vertical, habría tal vez salvado a Xavier Abreu del atolladero en que se ha hundido. En cambio, se le ha enviado al matadero, se le ha empujado a tirarse al pozo.
El caso suyo no es el de cualquiera. Amerita especial atención porque aspira a ser gobernador. ¿Gobernaría como ha dirigido una dependencia que en vez de desarrollar socialmente a los campesinos los están arrollando? El partido que lo postularía, Acción Nacional, debe abrir los ojos, parar las orejas y soltar la lengua para exigir una claridad absoluta que lo proteja de un descalabro electoral.
No parece ya que la crisis de los borregos se pueda resolver en el señor del gobierno del Estado, que no ha tenido buen éxito en sus esfuerzos, pocos o muchos, de demostrar que quiere llegar al fondo de las denuncias. No agarra al toro por los cuernos. Crece la impresión de que oculta los incendios mientras no los delate el humo. Se extiende la sospecha de que se busca “taparle el ojo al macho” y eludir, con el expediente de los chivos expiatorios, la necesidad de una purga en serio que sirva al mismo tiempo de sanación y escarmiento. La Contraloría, enferma de desaciertos, está desahuciada como órgano fiscal. El Ejecutivo no debe anunciar en la investigación a sí mismo. En última instancia, su gobierno es el acusado. Otro lo debe juzgar.
Ese otro podría ser una comisión del Congreso que se avoque a la tarea de estudiar hasta la entrada la crisis de los borregos y emita un dictamen independiente. Una comisión integrada, por lo menos hasta la mitad, por diputados de la oposición. La Legislatura podría alegar, por ejemplo, la asistencia de un colegio de profesionales o una facultad de contaduría y administración pública. Es una sugerencia.
En esta crisis de credibilidad en que estamos desembocando, tanto en la gestoría de los asuntos del estado como de su ciudad capital -el Ayuntamiento sale de un enredo para caer en otro sin desenredarse de ninguno-, la columna opina que el objetivo prioritario debe ser convencer a los meridanos, a los yucatecos, de que sus autoridades buscan la verdad en cualquier momento y situación. La verdad por encima de todo. Caiga quien caiga. Así se levanta un gobierno de cualquier tropiezo.
La verdad, por dolorosa que sea, es el camino más rápido y seguro para resolver un problema. Es el recurso efectivo para recuperar la confianza. Es la salida que le vemos al callejón.