(Artículo publicado el 16 de julio de 2003)
Por Max GASTÓN
No deben preocuparle al PRI los 90,000 votos que perdieron en las elecciones del domingo 6. Lo probable, o seguro, es que fueron fabricados con los recursos ilícitos que tuvo a su disposición en los comicios de 2000.
Los 100,000 que ha perdido el PAN en 2003 son harina de otro costal.
Fueron espontáneos, auténticos, frutos de la simpatía, el convencimiento o el repudio al sistema político que estaba en el poder.
Una de las causas de esa pérdida importante en la contabilidad electoral panista puede ser la división interna que padece el partido, que ha salido ya a la superficie y se está extendiendo.
Como sucede en otros campos de la vida pública yucateca y nacional, el caso Medina Abraham es un cuchillo que puede penetrar en las entrañas del PAN hasta el fondo y abrirlas a una inspección o examen de conciencia que ayude a localizar los motivos de esa creciente pugna de intereses políticos y económicos que dividen a sus dirigentes.
Este examen o inspección puede partir de hechos conocidos. Hemos visto, por ejemplo, que la directiva nacional del PAN y las bancadas panistas en la Cámara de Diputados y el Senado del Congreso de la Unión no han dado ningún apoyo al gobernador Patricio Patrón Laviada en el conflicto entre los poderes Ejecutivo y Judicial de Yucatán.
Hace más de seis meses se integró, con participación del PAN, un comité de senadores para estudiar el conflicto y rendir un dictamen que deslinde responsabilidades y contribuya a resolverlo. Algo o alguien le ha puesto un freno o le ha marcado el alto.
En las altas esferas del panismo yucateco, el Ayuntamiento de Mérida, su presidenta y el grupo político que ésta encabeza se han distinguido por su falta total de apoyo a Patrón Laviada. Se han puesto al margen del problema.
Lo mismo se puede decir de los demás ayuntamientos gobernados por el PAN y de los diputados que integran la fracción panista en la Legislatura local, donde una que otra excepción individual está anulada por una mayoría que no da señales de considerar que son de su incumbencia las batallas de Patrón Laviada.
Está claro que ni los dirigentes del panismo yucateco ni los nacionales se han levantado como un solo hombre, como una sola mujer, a formar un frente unido de apoyo a Patrón Laviada en su confrontación con los magistrados del Poder Judicial. Es una ausencia de solidaridad que llama la atención.
El examen de conciencia debe partir también de la causa del conflicto entre el Gobierno del Estado y el Tribunal Superior, que fue el declarado propósito de Patricio Patrón de sanear la administración de justicia en Yucatán.
Aquí llegamos al cuchillo, porque también es un hecho que los vicios que han corrompido la impartición de justicia en nuestro medio tienen copiosa y documentada manifestación en el caso Medina Abraham, que fue precisamente el detonante del conflicto entre los dos poderes.
Hasta ahora no nos hemos apartado del terreno de los hechos. Pasaremos ahora al laboratorio de su análisis. Una de las conclusiones conocidas son las denuncias públicas de que en el fondo del caso Medina Abraham se mueve una mafia que se ha infiltrado en las cúpulas del poder político, económico y religioso del país.
Esta mafia tiene vastos recursos y comprobada influencia. A su servicio, según las denuncias, están militares de alto rango, gobernadores, procuradores, dirigentes de partidos, personajes de elevado nivel en el gobierno federal, funcionarios de grueso calibre en lejanas y latitudes cercanas, dignatarios del alto clero…
Ya se sabe el camino de las mafias para comprar adhesiones y silencios.
Localizan y promueven las ambiciones a puestos de elección popular, apoyan candidaturas, financian campañas políticas de cualquier color, sobornan con generosidad al funcionario entreguista, buscan la necesidad del prójimo para comprar su gratitud y “lealtad” con un donativo o un empleo, localizan la debilidad o el pecado ajenos para explotarlos con el chantaje, están al servicio de las causas benéficas y las empresas piadasas… Nada nuevo: hace tiempo que se hizo el inventario de los procedimientos de la “cosa nuestra”.
¿Han influido los recursos de la mafia en la actitud y la posición de los dirigentes panistas que no levantan un dedo para apoyar al gobernador en el conflicto con el Poder Judicial? La justicia en Yucatán está corrompida, si esa mayoría piensa que el gobernador tiene de su lado la verdad y la razón en el conflicto con el Poder Judicial, el PAN ya tiene dos causas posibles, o probables, de sus 100,000 pérdidas sensibles del domingo 6 de julio.
No decimos que el caso Medina Abraham pueda ser la causa única o principal de las enfermedades del PAN, pero sí puede ser el cuchillo que las exponen.- MG – Mérida, Yucatán, julio de 2003.