(Artículo publicado el 5 de febrero de 2010)
Ana Rosa Payán Cervera ha encendido otra polémica: le exigen que renuncie al Instituto de Acceso a la Información Pública, donde ocupa un cargo que, según los exigentes, es incompatible con su solicitado regreso a las filas del PAN.
Entendemos que la demanda de renuncia se basa en que una persona que se afilia a un partido no tendrá la independencia política ni la imparcialidad que se requiere para su buen desempeño en el Instituto.
No es nuestra intención entablar una controversia con los puritanos: sólo ver la otra cara de la luna. La comparación entre puntos de vista opuestos es un ejercicio sano que aconseja la búsqueda acertada de la verdad.
Empecemos por preguntarnos si las reglas del Instituto especifican que sus integrantes no deben pertenecer a un partido político. Si éste no es el caso, el clamor de los puritanos, por respetable que sea, no pasa de ser una opinión.
De cualquier modo, militar en un partido político, como derivado que es de la libertad de pensamiento y acción, es ejercer un derecho que no debe ser castigado, sin previo análisis serio, con la prohibición de formar parte de un organismo que investiga a las autoridades en defensa de los ciudadanos. No vemos oposición o incongruencia alguna.
Es más, sería digna de estudio, por ejemplo, una proposición de que el Instituto se componga de un presidente, de comprobada neutralidad política, con voto de calidad, y acreditados representantes de los tres o cuatro partidos principales, siempre y cuando no sean dirigentes.
Se podrá decir que la atención de los asuntos, en manos confesionales, corre el peligro de ser una merienda de negros en que todo termine en pleitos. Se puede contestar que la presencia de un miembro del PRI dará al ciudadano más confianza en que se resolverá con prontitud y eficiencia un asunto relacionado con una autoridad emanada del PAN, el PRD u otro partido: es de una claridad evidente.
No creemos, en términos generales, que la militancia en un partido esté reñida con la buena fe y la competencia con que se debe actuar en un puesto público. De no ser así, un priísta o un panista no podría ser juez de distrito o ministro de la Corte.
La exigencia de los puritanos tiende a penalizar un acto cívico aconsejable, como es el de pertenecer a un partido político, acostumbrarse a utilizarlo como instrumento pacífico de expresión y pagar cuotas que harán menos costoso para el pueblo su sostenimiento. Mientras más cuotas, menos dinero tendrá que dar el gobierno para financiarlos.
Por cierto, convendría que el Instituto nos compare con otros países, para saber, por ejemplo, cuánto dinero le da el gobierno del señor Obama al Partido Republicano o cuánto le asigna el Parlamento inglés al Partido Conservador.
Entendemos que los puritanos digan lo que están diciendo, pues reflejan una realidad: en el seno mundial de las democracias nosotros estamos aún en primaria. Todos queremos la mayoría de edad, pero al mismo tiempo no nos desprendemos de procedimientos, hábitos y tabúes primitivos en cuestiones de civismo y política.
El caso del Instituto puede ser una muestra. Parece que hasta hoy sus integrantes no pertenecen a ningún partido político, a juzgar por las vestiduras que se han rasgado por la solicitud de la C.P. Payán Cervera, pero pregunten en la calle si esa aparente neutralidad ha rendido buenos resultados. Por lo que oímos y sabemos, abundan las quejas por la lentitud, atención a medias o falta de acción y energía en la respuesta a solicitudes de información sobre asuntos que conciernen al gobierno priísta de Ivonne Ortega. Entonces, ¿neutral, neutro o inocuo? ¿Un accesorio más para dar atole con el dedo y taparle el ojo al macho? Son preguntas, preguntas nada más, que merecen, como en todas las cosas, se reflexione antes de hablar.— Mérida, Yucatán, 4 de febrero de 2010.