“¡Todo, todo, todo por el PRI!”
Freddy Espadas Sosa (*)
Conforme avanza el proceso electoral en curso, una grave tentación amenaza con impregnar de ilegalidad e inmoralidad la actuación de innumerables servidores públicos de todos los niveles: utilizar impunemente sus cargos para favorecer de diversas maneras al partido de su pertenencia.
Durante más de 70 años, en los tiempos de la presidencia imperial y autoritaria, el binomio PRI-gobierno realizó auténticas elecciones de Estado, burlándose reiteradamente de la voluntad popular en múltiples puntos de la geografía política del país.
Como muestra de lo anterior, aquí en Yucatán hace casi 50 años —en noviembre de 1969— el PRI-gobierno no sólo llevó al cabo una vergonzosa elección de Estado sino que, ante la voluntad popular que le fue claramente adversa, cometió un mayúsculo e inmoral fraude electoral contra el popular alcalde de Mérida, licenciado Víctor M. Correa Rachó, quien luchó denodada e infructuosamente por la gubernatura del Estado como abanderado del PAN, cuando este instituto aún mantenía sus principios éticos y su compromiso por la transformación democrática de México.
Muchas y diversas luchas tuvo que dar el pueblo mexicano para impulsar el cambio democrático del país, las cuales tuvieron sus altas cuotas de muertos, encarcelados y desaparecidos, hasta que llegó la famosa y fallida alternancia en el Ejecutivo Federal en el año 2000. Sin embargo, esta “alternancia” no quiso desmantelar la vieja estructura política y las elecciones de Estado aún existen en México, como lo demostraron los desaseados comicios del Edomex realizados el año pasado, en los que prevaleció una descarada intervención de los gobiernos federal y estatal a favor del candidato del PRI.
Pues bien, el proceso electoral en marcha, que culminará el 1 de julio próximo con la renovación de los poderes a nivel federal y en el ámbito local en 30 entidades federativas, constituye un complejo escenario que puede actuar como caldo de cultivo para incentivar la delincuencia electoral desde los propios gobiernos en turno.
De ahí que resulte altamente preocupante para la sociedad en su conjunto lo expresado por el gobernador Rolando Zapata Bello el pasado 19 de diciembre, en el marco de la visita que realizó a nuestro estado el precandidato presidencial del PRI, José Antonio Meade Kuribreña.
Como muchos constatamos en un vídeo que se ha hecho viral en las redes sociales —y al cual hizo referencia el Diario de Yucatán en su edición del 4 de enero pasado—, el Ejecutivo estatal sumamente contento y exaltado presumió que “el priismo yucateco es el mejor priismo de México”, y que se esforzará por “hacer todo, todo, todo lo que me corresponda para que gane el PRI en el año 2018. Este es el compromiso y es una expresión muy clara, muy concreta y muy directa”.
Los exabruptos del gobernador no pueden echarse en saco roto, pues significa un claro llamado a todos sus correligionarios y subordinados —sobre quienes ejerce un indiscutible liderazgo político— a hacer cuanto sea necesario para garantizar el triunfo del PRI el próximo 1 de julio.
Hacer “todo, todo, todo” a favor del PRI tiene una grave connotación, pues implica que se puede hacer cualquier cosa para apoyar al tricolor, aunque se violente la ley y se incurra en delincuencia electoral: compra masiva de votos, manejo electoral de los programas sociales, inducción a los alcaldes priistas para actuar en consecuencia, permitir la participación de empleados públicos en acciones partidistas en horarios laborales, utilizar recursos materiales en apoyo a los candidatos priistas, chantajear a los proveedores del gobierno, etcétera.
En conclusión, las palabras de Zapata Bello tienen algo de “positivo”: ha confesado a tiempo sus intenciones de sesgar descaradamente la actuación del aparato gubernamental bajo su control para favorecer a los candidatos de su partido, haciéndole perder la perspectiva ética de que su deber es conducirse como gobernante de todos los yucatecos, a quienes tiene la obligación de servir sin distinciones de ninguna clase.
Ante tal confesión, debe encenderse desde ahora la alerta roja en toda la ciudadanía, para que ésta, los demás partidos y las organizaciones de la sociedad civil estén muy atentos y vigilantes sobre la actuación del gobierno estatal ante los comicios en puerta, denunciando de manera oportuna los actos ilegales y delincuenciales en que pudieran incurrir los servidores públicos, en claro atentado a los principios de imparcialidad, equidad, legalidad y transparencia que deben regir los procesos electorales. Veremos.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Profesor-Investigador. Titular “C” de T.C. Universidad Pedagógica Nacional, Unidad 31-A, Mérida, Yucatán