El caso Chihuahua
Filiberto Pinelo Sansores (*)
El combate a la corrupción es la tarea más importante a que se enfrentará el próximo gobierno del país si queda en manos de personas sinceramente convencidas de imprimirle un nuevo rumbo a la nación. Las noticias diarias convencen cada vez más a los ciudadanos de que volver a elegir a los mismos que lo han gobernado es ponerse de nuevo la soga al cuello.
El desvío de cuantiosos recursos del erario, del gobierno de Peña a comités estatales del PRI en 2016, para ser usados en sus campañas, iniciado en la Secretaría de Hacienda, continuado por un gobierno priista, el de Chihuahua —encabezado por César Duarte— y culminado por empresas privadas fantasmas que hicieron la entrega final es una muestra del mecanismo de saqueo que la dualidad PRI-gobierno practica en todo el país.
Doscientos cincuenta millones de pesos salieron de las arcas de la Secretaría, cuando su titular era el alter ego presidencial Luis Videgaray, disfrazados en un convenio, entre el gobierno estatal y Hacienda, para encubrir el envío fraudulento del dinero. El pretexto era que servirían para mejorar los servicios educativos de la entidad. Las empresas privadas darían cursos y talleres y desarrollarían softwares en beneficio de la educación chihuahuense, pero cobraron y no dieron los servicios.
El dinero fue a dar a comités estatales del tricolor en estados con gobiernos no priistas, en los cuales no disponían de dinero sucio de los erarios locales, para financiar sus costosas campañas. Este mecanismo por supuesto que no fue ni es exclusivo de Chihuahua. Es práctica recurrente en todo el país. No sólo se lleva dinero robado del erario de un gobierno estatal priista a otra entidad donde no gobierna el PRI, sino a estados donde también gobierna, cuando es necesario.
Ejemplos son el maletín que le fue confiscado —y después devuelto— a Javier Duarte en el aeropuerto de Toluca, Estado de México, donde siempre ha gobernado el PRI, conteniendo 25 millones de pesos para la campaña presidencial de Peña en 2012 y las múltiples empresas fantasmas que creó Ivonne Ortega en nuestro estado para acopiar dinero —con la venia de Hacienda, en el gobierno de Calderón, que se lo permitió—, y enviar a dicha campaña por lo menos una parte y quedarse con otra, sin ser hasta hoy investigada, gracias a la complicidad de quien la sucedió.
Llama la atención que no obstante haber declarado bajo juramento los operadores del desvío ante el Ministerio Público de Chihuahua que este proceso de triangulación con propósitos electorales fue hecho con otros estados en las mismas condiciones —gobiernos priistas sucedidos por gobiernos de PAN— (“Reforma” 22-12-17), fuera de Corral, ninguno de sus gobernadores actuales ha iniciado investigaciones para saber el monto del saqueo y seguir la ruta del dinero.
Fueron cinco las entidades —además de Chihuahua— que pasaron del PRI al PAN en 2016: Aguascalientes, Veracruz, Durango, Tamaulipas y Quintana Roo. Sin embargo, el único que ha denunciado y documentado el robo y desvío de recursos del erario en estados en la situación descrita para favorecer al PRI ha sido Corral quien, además, ha expuesto públicamente las represalias que ha sufrido Chihuahua, del gobierno de Peña, por haberlo hecho.
Los demás se han deslindado de la postura de investigar o francamente se han aliado con el adversario del combativo gobernante. Francisco Domínguez, gobernador de Querétaro, presidente actual de la Comisión de Hacienda de la Conago —organismo de control corporativo de los gobernadores— sugirió que mentía Corral en cuanto a las represalias: “No he tenido queja de ningún gobernador sobre los recursos federales que se les transmiten” y “se tendrán que revisar los dichos del gobernador de Chihuahua”, manifestó también (“Omnia”, 11-1-18). Francisco García Cabeza de Vaca, de Tamaulipas, asumió la misma postura: “No hay investigación”, “Mantendremos una distancia con el gobierno de Chihuahua y con la posición del gobernador Javier Corral” y además “seguiremos manteniendo una relación institucional con el gobierno de la República” (“AristeguiEnVivo”, 17-1-18). Los demás, calladitos se ven más bonitos.
En consecuencia, la actitud del gobernador Corral es excepcional y no generalizada en el PAN. Es una actitud congruente con lo que siempre ha dicho. Pero la de sus colegas panistas demuestra que no tienen compromiso alguno con el combate a la corrupción, sino que la toleran y se acomodan a ella.
Esta conducta demuestra, por lo menos, una contradicción interna en el PAN que le resta credibilidad.
Un partido no puede afirmar que combate firmemente la corrupción si una parte de él actúa contra ella, pero otra se abstiene y hasta se une a los corruptos.
A Corral le dijo abiertamente Hacienda: “O cesas la investigación que estás haciendo o no te damos los recursos que te íbamos a dar, aunque ya nos hubiéramos comprometido a dártelos”. Pero Corral no cedió y ha continuado en su exigencia de que le entreguen los recursos y que extraditen a Duarte para ser juzgado como se merece, junto con los involucrados en la red de la triangulación. En tanto, a sus colegas los ha callado o los ha comprado.
La postura del gobernador de Chihuahua es inobjetable. Está exponiendo frente a la mirada de la nación uno de los mecanismos que usan los gobiernos priistas para desviar millonarios caudales que podrían servir para mejorar las condiciones en que viven millones de mexicanos, pero que en vez de eso se destinan para que los candidatos del partido en el poder tiren en sus campañas. Lo está haciendo, sin embargo, abandonado por quienes deberían acompañarlo: los demás gobernadores del PAN.
El combate a la corrupción no puede ser sólo materia declarativa o de circunstancias, sino actitud congruente entre lo que se dice y lo que se hace. Cuando se tiene la oportunidad de ir contra aquélla y no se actúa, por oportunismo o conveniencia, se demuestra que se es falso en la postura que se dice tener.
Al parecer, Javier Corral es una golondrina en el PAN que no ha hecho verano.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa