¿Por qué es importante defender la prensa libre en la actualidad? Acaso, en primer lugar, haya que dimensionar la importancia de la libertad de expresión como un derecho humano.
Al respecto, un abogado especializado en el Sistema Interamericano de Derechos Humanos me señala: “la libertad de expresión, y la libertad de prensa, que es el ejercicio de la libertad de expresión por periodistas, es un derecho fundamental, consagrado en el Artículo 13 de la Convención Americana de Derechos Humanos”.
“El Sistema Interamericano —continúa— considera la libertad de expresión un ‘pilar de la democracia’, porque permite la libre circulación de ideas e información, que a su vez permite que las ciudadanas y ciudadanos podamos formarnos una opinión respecto a asuntos de interés público, y eso nos va a permitir votar y elegir a nuestras autoridades”. Así, junto con la participación ciudadana, la independencia judicial y la autonomía de los órganos electorales, la libertad de expresión es uno de los principales sostenes de la vida democrática.
Actualmente, la libertad de expresión en Yucatán y en México se enfrenta a varias amenazas. Una de ellas es que, hoy, México es el país más mortífero del mundo para los periodistas, incluso más que países en guerra como Ucrania. Como reporta una nota de “El País”, “la mayoría de las víctimas son reporteros locales que escriben sobre corrupción o la violencia del narco lejos de la Ciudad de México”.
Aunque en Yucatán no se han registrado recientemente homicidios de periodistas por el ejercicio de su labor, la organización Artículo 19 sí ha reportado un aumento en los casos de agresiones contra la prensa.
De hecho, la entidad se posicionó en el segundo lugar de México con más casos de agresiones en la primera mitad de 2022, según el reporte “La impunidad y negación ante la violencia extrema contra la prensa persiste”. Estas agresiones se expresan principalmente en acciones de acoso judicial y administrativo en contra de periodistas, a quienes se les acusa de cometer el delito de difamación.
Un punto en común que han señalado diversos organismos y personas defensoras de derechos humanos es el actual clima de hostigamiento a periodistas que critican medidas del gobierno federal en turno. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos ha señalado que dicho hostigamiento es un factor estructural que contribuye a la violencia contra periodistas.
Como propone la organización Human Rights Watch, es necesario fortalecer el mecanismo de protección de periodistas del gobierno federal y que los fiscales pongan fin a la impunidad de estos crímenes, ya que de 105 investigaciones sobre asesinatos de periodistas realizadas por la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos cometidos contra de la Libertad de Expresión, solo 6 han resultado en condenas por homicidios. En el ámbito local, el Congreso debe derogar el delito de difamación que se usa como instrumento para limitar el ejercicio de la libertad de prensa.
La libertad de expresión consiste no sólo en poder expresar libremente ideas. También se manifiesta en el acceso a la información, y, para diversas personas defensoras de derechos humanos, este es un punto crítico en México y en Yucatán en particular.
Así, otro abogado defensor de derechos me comenta: “la intención de desaparecer el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales tiene que ver con la libertad de expresión, pues es una forma en la que no solo la ciudadanía, sino también las y los periodistas acceden a información pública, a través del mecanismo que les permite profundizar en sus investigaciones sobre cuestiones de carácter público”.
Recordemos que el actual gobierno federal ha publicado dos decretos para clasificar información relacionada con proyectos como el Tren Maya como de “seguridad nacional”, lo que, en la práctica, restringe aún más el acceso a la información sobre dichas obras.
Las restricciones al acceso a la información pública no se dan solo desde los niveles más altos del gobierno federal. Recordemos que, en 2019, el Congreso de Yucatán votó dos veces mediante cédula —es decir, de forma secreta— sobre las modificaciones a la constitución para reconocer el matrimonio igualitario. Gracias a los amparos presentados por organizaciones de la sociedad civil, la Suprema Corte de Justicia de la Nación resolvió que la votación por cédulas secretas “transgrede por sí mismo los derechos a la libertad de expresión en su vertiente política, acceso a la información en su vertiente colectiva, y participación activa en los asuntos públicos del Estado”.
La defensa de la prensa libre es la defensa de la vida democrática. Hoy, esta defensa requiere no solo la independencia con respecto a los poderes políticos y ecónomicos, sino también poner un alto a las agresiones cometidas en contra de las y los periodistas y transparentar aún más los asuntos públicos para que la ciudadanía cuente con la información suficiente, desde temas socioambientales hasta de diversidad de género, para elegir y juzgar a sus autoridades.— Mérida, Yucatán.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
Investigador del Cephcis-UNAM