A lo largo de su sexenio —lapso en el que estuvo arropado por una amplia y millonaria parafernalia publicitaria— el gobernador Mauricio Vila Dosal ha incurrido en diversos abusos y excesos de poder que sería prolijo enumerar aquí.
Bastaría citar en este espacio la reforma a la Ley del Isstey —claramente contraria a los intereses de los trabajadores y trabajadoras estatales—, las cuestionadas reformas al poder judicial para imponer en éste un régimen autárquico y colocar a sus magistrados incondicionales, el excesivo endeudamiento del estado, la creación de una agencia de inteligencia financiera ad hoc a sus intereses personales y de grupo, la millonaria destrucción/remodelación de nuestra Plaza Grande, entre otros abusos de poder.
A una larga cadena de plausibles excesos, el flamante senador electo por el PAN ha agregado uno más. Ocurre que ante la cercana conclusión de su encomienda (se entiende que Vila Dosal debe pedir licencia a más tardar el próximo 31 de agosto, so pena de incurrir en flagrante violación a los artículos 55 y 58 constitucionales), el gobernador saliente ha utilizado a la sumisa y obediente mayoría del PRIANRD en el Congreso estatal para consumar otro abuso inadmisible, consistente en el aumento de las escoltas, vehículos, armamento y viáticos que tendrá asignados por tiempo indefinido al concluir sus funciones.
Pero vayamos por partes. En principio, debemos señalar que en nuestro marco normativo existe la Ley del Sistema Estatal de Seguridad Pública, emitida mediante el decreto número 385 publicado en el Diario Oficial del Estado el 2 de mayo de 2016, con últimas reformas aplicadas el 28 de junio de 2023.
En dicha Ley (capítulo III, artículos 44 al 49) se establece el otorgamiento de escoltas, vehículos y armamento a los titulares del Ejecutivo estatal, la Secretaría de Seguridad Pública, la Fiscalía General del estado y los Centros de Readaptación Social, esto en tiempos posteriores a su desempeño en estos cargos en razón de que los riesgos personales inherentes a sus altas funciones se prolongan aun cuando éstas hayan concluido.
Antes de la reforma aprobada hace unos días por los legisladores del PRIANRD, el artículo 45 de la citada Ley prescribía que esta protección se brindará a los citados exservidores públicos por un tiempo igual al que hayan desempeñado el cargo, protección que podrá ser renovada por un segundo periodo.
Asimismo, el artículo 47 de dicha Ley estipulaba que el servicio de escolta que se brindará a los mencionados exservidores públicos consistirá de, al menos, cuatro integrantes, un automóvil, sistema de comunicación, armamento y demás equipo que les permita el correcto desempeño de sus funciones.
Pues bien, ante su cercano arribo al Senado de la República y a sabiendas de que el servicio de protección se brinda dentro del estado, Mauricio Vila formuló una iniciativa para reformar la multicitada Ley, de tal forma que ésta pueda garantizar dicha protección también fuera del estado, esto es en Ciudad de México, donde se realizan las actividades de aquel cuerpo legislativo.
Fue el cortesano y zalamero diputado del Panal José Crescencio Gutiérrez González el encargado de tenderle la alfombra a Mauricio Vila en el Congreso estatal para que esta iniciativa de reforma fuese aprobada en el pleno legislativo el pasado 20 de junio, en un periodo extraordinario convocado expresamente para aprobar ésta y otras iniciativas.
En el dictamen aprobado por la mayoría del PRIANRD —solo alzó la voz en contra la diputada sin partido Fabiola Loeza Novelo—, el artículo 45 mantiene el precepto de que el servicio de escolta pública se proporcionará por un periodo de tiempo igual al que hayan desempeñado el cargo, pero se añade que dicho servicio podrá ser renovado para periodos posteriores, o sea, será por tiempo indefinido.
Por si esto fuese poco, el artículo 47 fue modificado para prescribir que el servicio de escolta pública consistirá de, al menos, ocho integrantes, dos vehículos, sistema de comunicación, armamento, viáticos y demás equipo que les permita el correcto desempeño de sus funciones. O sea, se duplica cuantitativamente el servicio y se incluye el rubro de viáticos.
Pero el abuso de Vila es aún mayor. Se aprobó en este artículo que en el caso de que alguno de los exservidores públicos sujetos de la protección al término de su mandato inmediatamente desempeñare un cargo público o de elección popular en territorio nacional fuera de Yucatán, contará con cuatro integrantes y dos vehículos adicionales a lo previsto en el párrafo anterior, con sus respectivos sistemas de comunicación, armamento, viáticos y demás equipo que les permita el adecuado desempeño de sus funciones en el lugar del ejercicio del cargo público o de elección popular de que se trate.
En síntesis, Vila Dosal tendrá a su servicio 12 custodios (algunos de los cuales obviamente podrán no ser policías pero dadas de alta como tales en la SSP), 4 vehículos, armamento, servicios de comunicación y viáticos para los gastos de viaje destinados a hospedaje, alimentación, transporte, uso o goce temporal de vehículos y pago de kilometraje, suficientes para el desempeño de sus funciones. Absolutamente todo, claro está, con cargo al presupuesto público que es de tod@s l@s yucate@s.
¡Adivinaron, car@s lector@s: se trata de un traje hecho a la medida exacta del senador electo Vila Dosal! ¡Que Viva México! ¡Bravo por el Congreso estatal!
Esperamos que este insultante abuso y otros más acumulados por el gobernador saliente sean revertidos por el nuevo gobierno de la 4T que entrará en funciones a tambor batiente el próximo primero de octubre. Al tiempo.— Mérida, Yucatán.
canek_1999@yahoo.com.mx
Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.