Freddy Espadas Sosa (*)
En el actual periodo de transición que viven México y Yucatán en cuanto a la inminente renovación de los poderes públicos existe un fenómeno insuficientemente estudiado por la ciencia política: por un lado, la pérdida gradual de poder de quienes dejarán sus cargos, y por el otro, la paulatina asunción al poder de quienes pronto habrán de sucederlos.
En el ámbito federal, si bien es cierto que el presidente Andrés Manuel López Obrador parece no ceder espacios protagónicos ni mostrar signos de debilitamiento político, también es muy cierto que la virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum ha estado tomando decisiones trascendentales, como es el caso del nombramiento anticipado de los integrantes de su gabinete, el anuncio de un vasto plan ferroviario con el que se pretende conectar el centro con el occidente y el norte del país, o bien la pronta implementación de un nuevo programa de pensiones para apoyar a las mujeres de 60 a 64 años de edad con 3,000 pesos bimestrales.
En el nivel estatal, este fenómeno político se expresa en la inevitable declinación del omnímodo poder que en su momento ejerció el gobernador saliente, mientras que en los hechos se produce un creciente ejercicio de poder por parte del gobernador electo Joaquín “Huacho” Díaz Mena.
Es así que el exlegislador y exalcalde de San Felipe ha estado tomando decisiones mediante las cuales manda señales a la sociedad sobre el rumbo y el contenido que pretende darle a la administración que encabezará a partir del próximo primero de octubre.
Entre esas decisiones destaca el nombramiento de los coordinadores del proceso de transición, de comunicación social y de proyectos estratégicos, a las que cabe sumar su evidente participación en la designación del diputado Wílmer Monforte Marfil como coordinador de la bancada morenista en el Congreso del Estado.
En este editorial quiero destacar la posible implementación de una reingeniería de hondo calado en la estructura del Poder Ejecutivo, cuestión que el gobernador electo ha anunciado en diversos momentos del actual periodo de transición.
En efecto, a principios de julio “Huacho” Díaz Mena anunció que su equipo de transición estaba trabajando en una “reingeniería administrativa” con el fin de determinar cuáles dependencias se quedarán igual, cuáles deberán tener cambios y qué funciones podrán trasladarse de una dependencia a otra.
De entrada, el gobernador electo ha adelantado que la Secretaría de Desarrollo Social se convertirá en la Secretaría del Bienestar, lo cual no será un simple cambio de nombre sino que implicará la revisión de sus funciones y la adecuación de su estructura, a fin de ponerlas a tono con el principal objetivo que se ha propuesto el próximo Ejecutivo de la 4T: impulsar el desarrollo equitativo del estado y propiciar el bienestar integral de los sectores más vulnerables de la sociedad.
En esta tesitura de análisis, es importante señalar que en las últimas administraciones estatales del PRI y el PAN fueron creados numerosos organismos como secretarías e institutos, algunos de los cuales sin duda tienen una utilidad social, aunque es de presumirse que otros sólo respondieron a los intereses individuales y de grupo de los gobernantes en turno.
En la actualidad, y de conformidad con el Código de la Administración Pública de Yucatán, el Ejecutivo estatal es un complejo entramado institucional, burocrático y normativo conformado por 18 secretarías, a las que se suman otros entes como el Despacho del Gobernador, la Consejería Jurídica y la Fiscalía General del Estado, así como una gran cantidad de organismos, institutos y empresas estatales que están sectorizados a diversas secretarías.
Partimos de la convicción de que el próximo gobierno habrá de realizar una reorientación sustancial del presupuesto estatal, replicando lo que en su momento hizo el presidente AMLO con el presupuesto federal para fondear sus obras emblemáticas y los principales programas sociales que han impactado positivamente en la vida de millones de personas.
Pero, como es de entenderse, esta reorientación del presupuesto estatal tiene como premisa necesaria realizar una profunda reingeniería institucional, que implicaría la posible desaparición de ciertas dependencias, la fusión de algunas, el fortalecimiento de otras e incluso la eventual creación de otros organismos.
Desde luego, la reingeniería institucional es una cuidadosa y ardua tarea que requiere conocimiento, experiencia y visión. Consiste en una trascendental acción en la que los políticos deben escuchar con atención a los técnicos y especialistas.
Esta compleja reestructuración del Ejecutivo tendría entre sus objetivos: a) evitar duplicidad de funciones; b) determinar qué organismos no se justifican; c) reorientar o reubicar atribuciones para optimizar los escasos recursos disponibles; d) garantizar la eficacia en el desempeño institucional y la calidad de los bienes y servicios que el gobierno estatal le brinda a la sociedad; e) liberar recursos económicos significativos para los proyectos que irán dirigidos a los sectores sociales abandonados por las pasadas administraciones.
A reserva de seguir abundando sobre esta posible reestructuración del gobierno estatal, señalaremos que a esta trascendental acción habrá que añadirle el firme combate a la corrupción y la implementación de sólidas medidas de austeridad consistentes en evitar los sueldos dorados de la alta burocracia, el derroche en publicidad y otros gastos superfluos que siempre han ofendido al pueblo yucateco. Veremos.— Mérida, Yucatán.
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Doctor en Educación. Exdirector de la Universidad Pedagógica Nacional en Yucatán.