Dulce María Sauri Riancho: Cuando opinar puede volverse delito

No es fácil escribir sobre la colisión de derechos que parece existir entre la libertad de expresión y el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. Más aún cuando algunos fallos recientes del Tribunal Electoral parecen sofocar al primero en nombre del segundo.

Recuerdo bien —porque fui parte— el largo camino para convertir en ley la igualdad de género, esa que desde 1974 lucía espléndida en la Constitución, pero inoperante en la práctica. Igual sucedía con el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia: México ratificó la Convención de Belém do Pará en 1994, pero una década después no existía ni legislación ni políticas públicas que la materializaran. La Ley de Igualdad (2006) y la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (2007) fueron apenas el comienzo. El parteaguas llegó en 2014, con la reforma que estableció el principio de Paridad en las candidaturas, y en 2019, con la introducción en la Constitución de la paridad en todos los órdenes y órganos del Estado mexicano, la “Paridad en todo”, que nos ha llevado a la expansión del número de mujeres en cargos de responsabilidad colectiva y en 2024, a la llegada de la primera mujer a la presidencia de la República.