CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
¿Por qué la sociedad debe exigir cuentas claras al gobernante y promover una administración pública transparente? Porque nadie es infalible, porque cuatro ojos ven más que dos y porque la vigilancia constante es un freno eficaz contra la arbitrariedad. La transparencia y la participación ciudadana son fundamentales para un desarrollo justo y equilibrado.
Cuando los gobiernos actúan con claridad, abren la puerta a la inversión responsable, fomentan la competencia y garantizan un uso eficiente de los recursos públicos. En cambio, la opacidad genera incertidumbre y desconfianza, multiplica la corrupción y encarece los servicios, lo que deriva en obras ineficientes o inconclusas, y en lastres que comprometen el futuro.
La falta de transparencia encubre la corrupción y encarece la vida pública. Cada decisión trascendente tomada en secreto injustificado, cada proyecto sin licitación, cada contrato sin auditoría y cada obra sin supervisión suelen traducirse en retroceso democrático, mayor endeudamiento, servicios públicos de menor calidad y, en consecuencia, mayor desigualdad.
En un entorno abierto, donde las decisiones públicas se conozcan y supervisen, es más factible alcanzar un desarrollo económico sustentable, libre de amiguismos y corrupción. Por eso cobra especial relevancia el llamado que esta semana nos hace el colectivo “¡Ya Basta!” para combatir la red de complicidades que la opacidad ha dejado al descubierto en Yucatán.
En medio del escándalo de corrupción que paraliza al régimen morenista por las denuncias contra el Grupo Tabasco —y por las incongruencias de connotados dirigentes del “movimiento”, exhibidos en el cínico derroche (bit.ly/4okvBf5)—, “¡Ya Basta!” retoma su lugar en la palestra para recordarnos que, frente a la peligrosa secrecía de los gobernantes, debemos exigir cuentas claras.
Otrora cercano a los afectos del naciente morenismo en Yucatán, el colectivo acude a lo que aún queda del acceso a la información pública para evaluar el desempeño gubernamental. El hallazgo es revelador: cerrazón en las contralorías —en particular en la estatal, ahora en manos del Grupo Tabasco— y aparentes desvíos de recursos en trabajos de bacheo.
Con cifras no desmentidas, “¡Ya Basta!” expone que el gobierno estatal gasta el doble que el Ayuntamiento de Mérida para reparar —en condiciones similares— algunas calles de la capital (bit.ly/44ZQB3d). Esta polémica actividad, que refleja la obsesión del obradorato por hacerse de “la joya de la corona” en las elecciones de 2027, deja al descubierto una corrupción en ascenso.
El gobierno de Huacho Díaz gasta $444.74 por metro cuadrado bacheado —en zonas políticamente estratégicas—, frente a los $217.76 que invierte el ayuntamiento. La diferencia, de $227 por metro cuadrado, es notoria. El intento del Ejecutivo estatal por desmentir estas cifras no ha hecho sino confirmar que las discrepancias son tan sospechosas como preocupantes.
COMPLICIDAD
“El acceso a la información pública es un derecho de los ciudadanos y rendir cuentas es obligación de los funcionarios”, declara “¡Ya Basta!”. Cuando no hay licitaciones abiertas ni reglas claras para asignar contratos, se tiende a favorecer a proveedores cercanos, sin importar si ofrecen los mejores precios, lo que deriva en contratos inflados, como sucede en el bacheo.
Si la información sobre contratos, asignaciones y resultados se oculta o fragmenta, se crea un entorno propicio para el despilfarro y la corrupción. Sin transparencia, la obra pública y los proyectos de desarrollo se encarecen: se afianzan redes clientelares, los contratos se otorgan a conveniencia, la supervisión se debilita y se dificulta el deslinde de responsabilidades.
Conforme avanza el obradorato, ha quedado cada vez más claro que la transparencia es uno de los principales enemigos del régimen, pues pone en evidencia las redes de complicidad que lo sostienen. Por eso, la prioridad ha sido manipular la narrativa, minimizar la corrupción en el discurso y postergar investigaciones, como sucede ahora con Adán Augusto y el Grupo Tabasco.
Se ha vuelto costumbre operar bajo un velo de secrecía y complicidad, donde las decisiones clave se toman en privado. Mientras se presume de un “gobierno para el pueblo”, en los hechos se consolidan redes de intereses cruzados, favores políticos y encubrimientos. La primacía del “clan de los moches” —y su protector, el Grupo Tabasco— lo confirma en Yucatán.
El Foro Económico Mundial señala con frecuencia que el retroceso de México en el índice de competitividad global obedece, en buena medida, a la inseguridad jurídica y la corrupción, factores directamente vinculados con la falta de transparencia. Un entorno sin rendición de cuentas genera incertidumbre, desalienta la inversión y eleva el riesgo para los negocios.
El oportuno mensaje del colectivo “¡Ya Basta!” nos recuerda, una vez más, la urgencia de confrontar y desenmascarar las redes de complicidad en la función pública. Una auditoría ciudadana constante es indispensable. Solo combatiendo la corrupción y la impunidad será posible construir una economía sólida, justa y sostenible. Exigir transparencia es clave.
Si no actuamos en ese sentido, el camino de opacidad que nos imponen solo nos garantizará obras públicas más caras, redes clientelares más sólidas y un desarrollo menos equilibrado. Urge fortalecer nuestra capacidad colectiva para exigir claridad y rendición de cuentas. Las denuncias de “¡Ya Basta!” —y su difusión— son un buen primer paso.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx (https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Qué mensaje deja el escrito?
El mensaje central de este escrito es una denuncia firme y fundamentada contra la opacidad y la corrupción en el actual gobierno de Yucatán, encabezado por Huacho Díaz y respaldado por el llamado “Grupo Tabasco”, al que se acusa de prácticas clientelares, inflar contratos públicos y obstaculizar el acceso a la información. A través del caso del sobreprecio en el bacheo de calles, el texto ilustra cómo la falta de transparencia encarece las obras públicas, debilita la democracia y consolida redes de complicidad que perjudican el desarrollo equilibrado.
El texto también destaca la importancia de la vigilancia ciudadana —representada por el colectivo “¡Ya Basta!”— como freno frente al abuso del poder, e insiste en que la transparencia, la rendición de cuentas y la auditoría pública son condiciones esenciales para un crecimiento económico justo y sostenible.
En suma, se trata de un llamado claro a romper el silencio, denunciar los excesos y reclamar con firmeza el derecho a saber, como única vía para combatir la impunidad y construir un futuro más equitativo.