Dulce María Sauri Riancho artículo editorial
Dulce María Sauri Riancho

Hay un momento en que la corrupción deja de ser un hecho aislado para convertirse en un modo de vida colectiva. Ese momento llega cuando, tras el escándalo, no pasa nada. Cuando las denuncias —por graves o reiteradas que sean— se diluyen sin consecuencia alguna. Entonces, la impunidad se transforma en pedagogía: enseña, normaliza y reproduce la idea de que, en México, la corrupción se denuncia, pero rara vez se castiga.

La impunidad no es un accidente. Es el resultado de una cadena institucional que se rompe desde su primer eslabón. Para que un caso de corrupción llegue ante un juez, se requiere un acto inicial y fundamental: la denuncia. Ésta puede provenir de las propias autoridades del sector donde se cometió el ilícito, de los órganos de control, o bien de la ciudadanía. Las denuncias ciudadanas suelen ser valientes, pero limitadas: no cuentan con facultades de investigación, ni con los medios para ser judicializadas. Por eso, el paso decisivo recae en las fiscalías. Sin embargo, demasiadas veces, ese paso nunca se da.

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