Cada determinado tiempo la Auditoría Superior del Estado de Yucatán da a conocer las irregularidades encontradas en el manejo de las finanzas en los ayuntamientos de la entidad, pero después de la información y de turnar las anomalías a la Fiscalía estatal, no pasa nada, llega el silencio.
Lamentablemente, todo queda en la simple información, en rutina para la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Congreso local, pues recibe las denuncias de la ASEY, pero a los alcaldes se les da un plazo para aclarar las cuentas, rendir los informes atrasados e incluso de devolver el dinero extraviado. Podría darse una sanción administrativa o, en su defecto, el tiempo se encarga de olvidar los casos y congelar los expedientes.
En agosto de 2024, 11 alcaldes fueron denunciados por la ASEY por diversas irregularidades en el manejo del dinero. Mencionaremos algunos: Renán Barrera Concha, de Mérida, quien también tenía una denuncia penal en 2021 por la contratación a sobreprecio de una pista de hielo, pues el Ayuntamiento pagó $52.2 millones, mientras la misma pista costó en Quintana Roo $2.9 millones; Pedro Cohuo, de Tizimín; Julián Zacarías Curi, de Progreso; Alicia Góngora Mejía de Tinum; y Roger Aguilar Arroyo, de Motul.
A finales de mayo del presente año, la misma ASEY informó que notificaría al Congreso del Estado si denunciaba penalmente ante la Fiscalía Especializada en Combate a la Corrupción o por procedimientos administrativos ante el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado, a 50 alcaldes por un monto de más de 259 millones de pesos. Nada pasó.
Gastos inflados, millonarios gastos en obras inconclusas, opacidad en el rendimiento de cuentas, dinero extraviado, es el modus operandi de muchos munícipes. En los primeros meses de la administración comienzan a recuperar el gasto invertido en la campaña, el dinero propio y de los apoyos recibidos.
El erario de los ayuntamientos también se adelgaza porque los alcaldes y alcaldesas cambian su estilo de vida: usan ropa de marca, adquieren camionetas nuevas, compran terrenos, ranchos y cabezas de ganado y remodelan con lujos su modesta casa. Al final del trienio ponen algunos negocios y adquieren más bienes inmuebles.
En Tizimín, caso reciente, tres regidores rechazaron el informe de la cuenta pública por irregularidades. Y no es el único edil con anomalías, pero no hay sanciones. Es más, algunos alcaldes y funcionarios con oscuros antecedentes y denuncias son protegidos. El mejor ejemplo es el ex alcalde de Motul, Roger Aguilar Arroyo, director del Instituto de Desarrollo Regional y Municipal del actual gobierno, pues Joaquín Díaz Mena lo arropó y le otorgó protección.
Ante estos escudos de protección las autoridades anticorrupción van lentas en los procesos o llega la amnesia, las leyes se congelan y la justicia se desvanece.
¿Para qué tanta alharaca para denunciar los faltantes de dinero, la opacidad en las cuentas y los abusos si no hay sanciones? ¿Algún alcalde, gobernador o funcionario acusado de enriquecimiento ilícito, de nepotismo, de triangular dinero con empresas fantasmas, de conflicto de intereses, de inflar los gastos y estar involucrado en la mafia inmobiliaria, está en la cárcel?
Gobernadores
Cuando menos en los tres últimos gobiernos estatales la corrupción se disparó en diversas dependencias. El Isstey fue saqueado y colapsó, las empresas fantasmas crecieron, los favoritismos y el nepotismo fueron un sello característico, las obras inconclusas aumentaron y el dinero invertido se diluyó, se adquirieron hectáreas de tierra, casas y mansiones para beneficios personales, y las deudas del estado aumentaron.
Estos tres gobernantes prometieron investigar a su antecesor, sancionarlo y combatir la corrupción. No solo no investigaron a fondo, ni sancionaron, sino que hicieron lo mismo o peor. Además, como protección se les otorgó a Ivonne Ortega, Rolando Zapata y Mauricio Vila sus respectivas legislaturas plurinominales, además este último abandonó la senaduría y prefirió ir a estudiar al extranjero con los gastos pagados y con guardaespaldas.
La impunidad es terreno fértil para que la corrupción florezca y dé frutos abundantes. Por eso ahora la corrupción aflora y salpica a muchos alcaldes, gobernadores, diputados, senadores, funcionarios, jefes policiacos, almirantes, generales y demás.
El reciclaje político, en mucho, ha dañado al partido en el poder, a nivel estatal y federal. Expriistas, expanistas y ex de otros colores cambiaron de camiseta e ideología para seguir viviendo del presupuesto. Están acostumbrados al lujo, al derroche, a los viajes, no conocen de austeridad, de humildad, de sencillez y de servir a los ciudadanos y a la comunidad. Buscan más lujos, más hectáreas de terrenos, más casas, más mansiones, más ranchos.
Como servidores públicos son buenos para invertir en bienes inmobiliarios.
A pesar de las denuncias, de las pruebas por desvíos, de enriquecimiento y de otras actividades ilícitas, los escudos de impunidad protegen a esos malos gobernantes. Si las leyes y la justicia no fueran tan laxas y aplicadas sin favoritismos, algunos alcaldes, gobernadores, legisladores y funcionarios estarían detrás de las rejas, y la corrupción iría a la baja.
Pero con fuero, favoritismos, protección y con el escudo de impunidad, la corrupción sigue supurando y cada día es peor el hedor entre los funcionarios y gobernantes.— Mérida, Yucatán
Profesor