CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA (*)
Promesas y más promesas. Ante la falta de resultados, prometer es la alternativa; es más rentable políticamente que rendir cuentas. En Querétaro, en el aniversario de la Constitución, Claudia Sheinbaum afirma: “México no regresará al régimen de privilegios y corrupción”. Afuera del mismo recinto, el presidente de la Corte protagoniza un escándalo lamentable y revelador.
Tras múltiples y oscuras cesiones a Donald Trump, la presidenta declara que “México no aceptará la injerencia de ningún gobierno extranjero en los asuntos internos del país”. En el estrado, rodeado de morenistas acusados de corrupción, el ministro presidente Hugo Aguilar escucha atento, con los zapatos relucientes, recién lustrados por una colaboradora arrodillada.
“No tengo sentimientos de superioridad o soberbia por el cargo”, intenta justificarse Aguilar Ortiz. Las imágenes que recorren el mundo, amplificadas por las redes sociales, indican lo contrario. No se le ve contrariado ante la humillación que permite. A kilómetros de distancia, se gesta la detención del alcalde morenista de Tequila, cabeza de una red de corrupción y extorsiones.
Se confirma, en la tierra del tequila, que en Morena cualquiera es bienvenido con tal de que sume colusión y votos. Pese a ser conocida desde años atrás, la red de nexos políticos, sociales y criminales en torno a Diego Rivera no impidió su ascenso dentro del morenismo ni su llegada a la alcaldía. La corrupción imperante era un secreto a voces. La impunidad prevalecía.
“Se recibieron muchas denuncias ciudadanas; de ahí comenzó la investigación”, comentó con cinismo la señora Sheinbaum en la “mañanera”, días después de justificar la falta de acción judicial contra Adán Augusto López. “Ni en Tequila, ni en ningún otro lugar, Morena será paraguas para delinquir”, indicó (bit.ly/3MhbNeo). Los hechos, en múltiples casos, la desmienten. El paraguas es enorme.
En el Museo Nacional de Antropología, la presidenta presentó el martes 3, una vez más, un plan de promoción de inversiones públicas y privadas —esta vez por 5.6 billones de pesos— para “impulsar el aparato productivo”. Les urge seguir prometiendo. La economía no levanta y los efectos en el “pueblo” comienzan a ser evidentes. Las alertas, internas y externas, no paran.
El Banco de México se suma a otras instituciones financieras en sus advertencias sobre el debilitamiento económico. A la par, organismos como Human Rights Watch insisten en sus llamados a frenar el deterioro institucional en México, principal responsable de la falta de inversiones (bit.ly/4rCm4AP). Ponen especial énfasis en la creciente violencia, la impunidad y el abuso de poder.
Resaltan también el contraste entre el discurso oficial y la realidad, y por primera vez colocan a nuestro país entre los de mayor erosión democrática. Pese a ciertos avances sociales, aclaran, las violaciones persistentes a los derechos civiles y políticos “limitan el acceso a la justicia y agravan el deterioro institucional”. Eliminar contrapesos es grave: “no basta con recibir apoyos”.
PROMESAS HUECAS
Aprovechándose del hartazgo social frente a los abusos del pasado, el régimen morenista ha prometido desde 2018 acabar con la corrupción sistémica, la desigualdad persistente y la violencia impune, de la mano de un “gobierno honesto” que ponga al “pueblo” al frente. La realidad es otra. Se promete lo que no se puede cumplir y se polariza para no rendir cuentas.
La distancia entre la narrativa y los hechos les ha permitido mantener el poder, a pesar de los resultados negativos. Si la realidad no les favorece, no hay problema: se cambia el relato y se recurre a la propaganda. En beneficio de la discrecionalidad, se dinamita la certeza jurídica, que impone reglas, exige congruencia y, sobre todo, hace posible el desarrollo sostenido.
En la semana que termina, los atropellos a esa certeza —clave para atraer inversiones y fortalecer la economía— no se detienen. Los riesgos aumentan y, en consecuencia, resurgen las promesas. Las incongruencias del morenismo —claramente retratadas en casos como la corrupción en Tequila y los autos blindados en la Corte y el INE (bit.ly/4bHvSVD) — vuelven a encender las alarmas.
En México y en el extranjero se alerta del avance de la farsa populista. The New York Times insiste en los riesgos para la estabilidad democrática por la colusión entre el crimen organizado y gobiernos locales (bit.ly/3LURKCE), mientras que The Financial Times publica versiones sobre presuntas redes de lavado de dinero, vía Segalmex, que habrían financiado campañas políticas (bit.ly/4kmDKOB).
En Yucatán, a las “hazañas” del gobierno paralelo se suma el escándalo en redes sociales por el lujoso ajuar palaciego patrocinado por doña Carolina Herrera. Exhibido por un grupo de padres de familia del sur de Mérida que protestaban por incumplimientos del gobierno estatal, el episodio retrata de cuerpo entero las incongruencias propias del régimen (bit.ly/4a4jFcv).
CONTROL POLÍTICO
El obradorato detesta los frenos. Para asegurar su continuidad, busca neutralizar contrapesos, y el sistema electoral es uno de los pocos ámbitos aún relativamente libres que no controla. De ahí que la reforma en la materia se perfile como el siguiente paso en su estrategia de control, y por eso resulta fundamental prestar atención a las voces ciudadanas que nos alertan.
Con el evidente disgusto de la presidenta Sheinbaum, el nuevo Frente Amplio Democrático advierte sobre una reforma regresiva y sin consenso, que desnudaría la verdadera intención de cerrar cualquier posibilidad de alternancia política. Llama a mantenerse atentos para proteger reglas básicas que garanticen libertades, derechos y una representación efectiva (bit.ly/45SwhRo).
En Mérida, el analista universitario Efraín Poot Capetillo coincide en la necesidad de proteger la pluralidad y garantizar que todas las fuerzas políticas sean representadas según los porcentajes de votación obtenidos. Urge a corregir la sobrerrepresentación —que hoy permite mayorías calificadas artificiales— y a defender la autonomía de los organismos electorales (bit.ly/4aiNmFD).
Estemos alertas. La experiencia indica que la principal motivación del morenismo para impulsar una reforma electoral sería reducir contrapesos, controlar al árbitro y minimizar los riesgos de alternancia. Nada sugiere que se trate de una reforma para mejorar la democracia; todo apunta, más bien, a un intento por volverla menos incierta para el régimen obradorista.
Se avecina un nuevo golpe a la certeza jurídica, que se sumaría al cúmulo de incongruencias y promesas incumplidas que caracterizan al obradorato. Está en nuestras manos permitir —o impedir— que sigan avanzando el debilitamiento de los contrapesos, el deterioro de la rendición de cuentas y el retroceso de las libertades públicas.— Mérida, Yucatán
direcciongeneral@grupomegamedia.mx / Apartado especial en el sitio web del Diario: yucatan.com.mx(https://bit.ly/4diiiFP)
(*) Director general de Grupo Megamedia
¿Cuál es el mensaje del escrito?
El mensaje central del texto es que el régimen morenista, a través de promesas incumplidas, corrupción y concentración de poder, está erosionando los contrapesos institucionales, la certeza jurídica y la democracia en México. El escrito advierte que la narrativa oficial y los discursos populistas no reflejan la realidad: la impunidad, la colusión política, los escándalos y la manipulación de las reformas electorales buscan proteger al régimen y reducir la alternancia política.
Al mismo tiempo, el escrito subraya que la responsabilidad de frenar este retroceso recae en la sociedad y en las voces ciudadanas y expertas que alertan sobre los riesgos de una reforma electoral regresiva, defendiendo la pluralidad, la autonomía de los organismos electorales y las libertades públicas. En pocas palabras: es una advertencia sobre los peligros de un poder concentrado que busca perpetuarse y sobre la necesidad de que la ciudadanía actúe para preservar la democracia.