Nubarrones sobre la Zona Económica Especial de Progreso
La insistencia de mantener un área atractiva para la inversión con beneficios fiscales para sustituir al proyecto de Zona Económica Especial, cancelado por el gobierno federal, no será una tarea fácil de realizar, advierten expertos consultados.
En primer lugar, dicen, no hay condiciones para impulsar una zona de este tipo en el estado porque de hacerse ahora enfrentaría una enorme competencia con “la mega zona franca” proyectada por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador en el Istmo de Tehuantepec.
En segundo lugar, el propio gobierno del estado no tiene claro qué hacer con la ahora Zona Económica Especial (ZEE).
Algunos insisten en que ésta debería conservar su carácter de impulsor de empresas dedicadas a las nuevas Tecnologías de Información y Comunicación (TICs), pese a los convincentes señalamientos en contrario, pero también se habla dentro del propio gobierno de reconvertir ese proyecto en un parque industrial.
Un tercer problema es la situación jurídica de las ZEEs. Para dar paso a algún nuevo proyecto, deberá deshacerse primero todo un complejo entramado legal, y eso llevaría mucho tiempo.
La decisión de López Obrador de cancelar la ZEE de Progreso, como Central 9, la Unidad de Investigación Periodística de Grupo Megamedia anticipó oportunamente, independientemente del desperdicio de los recursos financieros invertidos en la planeación en el gobierno anterior, deja otros problemas igual de graves, como el régimen de propiedad del terreno donde se prevía su instalación, que ahora es propiedad del gobierno federal.
Gabriel Carreón Fierro, investigador del Centro de Investigación y Docencia Económicas (CIDE), consultado en Ciudad de México, dice que las críticas de Coparmex a esa decisión tienen muchos argumentos válidos, pero también habría que verlos a la luz del hecho de que Gerardo Gutiérrez Candiani, presidente de esa agrupación entre 2009 y 2012, fue el director de la Autoridad Federal para el Desarrollo de las Zonas Económicas Especiales (AFDZEE), en el sexenio pasado, responsable del proyecto de la ZEEs, “algunas de las cuales, empero, evidenciaron desde el principio graves fallas de planeación, sobre todo las de Campeche y Tabasco”.
En otros casos, las críticas a la decisión de cancelar las ZEEs, obedecen a la inconformidad de varios grupos de políticos y empresarios dueños de grandes extensiones de tierra entre las comisarías progreseñas de San Ignacio y Flamboyanes, adquiridos con claros propósitos especulativos, alerta Antonio Osorio Acevedo, director de Información Sistemática de la Península.
Si el gobernador Mauricio Vila Dosal quiere replantear el asunto de la Zona Económica deberá hacerlo con mejores argumentos que los de su antecesor, señala Óscar Mungía Llanos, director de Hastings Internacional Consultores, una empresa que participó en el diseño de algunas de las ZEEs.
Problema
La estrategia de gobierno de Yucatán para enfrentar la suspensión de la ZEE, hasta donde se sabe, prevé, por un lado, la insistencia de convertir esa zona en un polo de atracción para empresas dedicadas a las TICs y por otro impulsar proyectos para desarrollar cadenas de proveedores de las industrias automotriz y aeroespacial, entre otras ramas.
Sin embargo, explica Osorio Acevedo, si el gobierno se decide por esta opción, deberá seguir una modalidad distinta a la de las Zonas Económicas Especiales, aunque tratando de conseguir algunas ventajas fiscales de la Federación y conservando los demás incentivos ya previstos.
El problema para Yucatán, en efecto, es que el nuevo gobierno federal, en principio, no cree en las ventajas de las ZEEs, indica Mungía Llanos.
En palabras del subsecretario de Hacienda, Arturo Herrera Gutiérrez, autor del informe usado para cancelar esas zonas, añade el entrevistado, “éstas no han venido operando y por eso el gobierno se moverá poco a poco a otro modelo o buscará mecanismos de desarrollo diferentes”.
Otro problema de la ZEE de Progreso es su falla de origen, sostiene Carreón Fierro.
Las ZEEs, de acuerdo con el proyecto original, debían ser establecidas en regiones pobres y marginadas, no como en el caso de Yucatán, en la Zona Metropolitana de Mérida, una de las más desarrolladas en el Sureste, para dar empleo a técnicos y profesionales de las TICs.
Para eso hay otras estrategias, explica el investigador.
“Vista esta situación, ¿con qué argumentos podría el gobierno local pedir incentivos fiscales a la Federación?”, apunta.
La ZEE de Progreso fue un tema político de la administración de Peña Nieto y se le incluyó de último momento, “casi con calzador” y sin cumplir con los objetivos del decreto que creaba esas zonas económicas. Su apertura, en todo caso, no beneficiaría a la población marginada del estado, opina Osorio Acevedo.
En este sentido, añade, sería más lógico impulsar una ZEE indígena en Valladolid, de carácter agroindustrial y farmacéutico, como han propuesto legisladores de Morena (en apoyo a sus promotores, dos ciudadanos yucatecos) en la Cámara de Diputados, y que beneficiaría a diez municipios pobres y aprovecharía el aeropuerto de Kaua como vía al comercio exterior.
Otro elemento contrario a la ZEE de Progreso sería la insistencia de dejarla como polo especializado en Tecnologías de la Información y Comunicación, cuando este sector es pequeño en Yucatán, opina el director de Hastings Internacional Consultores, entrevistado en Ciudad de México.
“Este segmento industrial lo forman micro empresas con poca capacidad de generación de empleos y que, sin tener la infraestructura suficiente, competirían en desventajas con los clústers de ese tipo ubicados en El Bajío y la Frontera Norte”.
“Por otro lado, el gobierno de Vila Dosal habla de traer empresas asiáticas de giros distintos, según dijo luego de su último viaje a Corea de Sur. Entonces, la pregunta es: ¿de qué estamos hablando?, ¿qué queremos hacer con la ZEE?, ¿tenemos la fortaleza institucional para impulsarla? Yo creo que hay que replantear el problema y dejarse de ocurrencias”.
Según Carreón Fierro, además de esto hay que considerar que cualquier alternativa para sustituir a la ZEE en Yucatán deberá enfrentar la competencia que generaría el Corredor Transítsmico en Tehuantepec. Éste se manejaría, de acuerdo con declaraciones del actual director de la AFDZEE, Rafael Marín Mollinedo, “como una zona franca; es decir, una gran zona libre”, donde se concentrarán todos los recursos del gobierno federal que se habían considerado para las ZEEs en la administración anterior.
Añade que en varias ocasiones este funcionario ha dicho que todas las empresas que han mostrado interés en invertir en el antiguo proyecto de la ZEE podrían llegar a esta nueva zona y que cuando el Istmo se sature, entonces se podría empezar hablar de abrir más zonas de ese tipo en otras partes del país.
“Por eso pienso que la tarea de Yucatán para revivir la ZEE no será nada fácil, tomando en cuenta que el gobierno federal ya anunció que concentraría sus recursos en Tehuantepec que, además, requiere de menos inversiones y promete beneficios a más municipios que las otras seis zonas económicas especiales”, añade el investigador del CIDE.
De acuerdo con Osorio Acevedo, la suspensión de la ZEE deja otros problemas, como el intrincado entramado jurídico levantado en torno a ese proyecto, que incluye una ley federal y varias leyes secundarias y reglamentos.
Si Yucatán insiste en rescatar la ZEE, en cualquier tipo de esquema, tendría que empezar por pedirle al gobierno federal la devolución del terreno de 332 hectáreas que le donó en 2017, como condición para incluir al estado en el proyecto de las ZEEs, lo que implicaría deshacer un contrato de donación y reconfigurar la vocación de ese predio, precisa Osorio Acevedo.
A diferencia de lo que ocurrió en otras entidades, donde algunos gobiernos, según López Obrador, adquirieron los terrenos para las ZEEs a precios inflados, entre otras anomalías, en Yucatán, la administración de Rolando Zapata Bello usó otra estrategia que, sin embargo, también afecta al patrimonio público.
En diciembre de 2016, el gobierno compró 332 hectáreas de la llamada Plataforma Logística de Yucatán, en el kilómetro 24.5 de la carretera Mérida-Progreso, que eran propiedad del Isstey pero habían pertenecido al gobierno estatal.
En septiembre de 2012, ese instituto, siguiendo indicaciones de la gobernadora Ortega Pacheco, adquirió esas 332 hectáreas al gobierno a un precio total de $332 millones. La operación llamó la atención porque ocurrió pese a la delicada situación financiera del Isstey en ese año, al cual el mismo gobierno de la señora Ortega Pacheco debía $1,748.2 millones, por concepto de cuotas atrasadas. Nunca se explicó qué uso se le dio a esos recursos.
Pura saliva
En diciembre de 2016, Zapata Bello readquirió esos terrenos mediante una permuta: el Isstey le entregaba al gobierno 18 tablajes de la Plataforma, con un valor de $328,232,019 y éste recibía a cambio siete tablajes catastrales en Mérida y Progreso y siete predios en Mérida, con un valor de $328,231,902, según datos obtenidos por Central 9.
Supuestamente el Isstey había comprado los terrenos de la Plataforma para apuntalar su patrimonio, en el entendido de que el valor de esos predios aumentaría con el tiempo.
“¿Ganó algo ese instituto con la permuta?”, pregunta Antonio Osorio Acevedo.
“Sí, $105,068,000”, responde, “pero solo en el papel”.
El economista explica que en la permuta el gobierno del estado incluyó el tablaje 548, de Progreso, donde se ubica el Centro Vacacional del Isstey y que este organismo tiene en posesión desde hace más de 25 años.
En 2016, añade Osorio Acevedo, Zapata Bello le entrega al Instituto la propiedad plena de ese predio, con lo que aparentemente gana más de cien millones.
“Es decir, le vende un terreno que ese organismo ya tenía en los hechos, por lo que fue una operación de pura saliva, de papel”, dice el entrevistado. “Una vez más, el perjudicado fue el Isstey”.— HERNÁN JAVIER CASARES CÁMARA
“La pregunta es: ¿qué queremos hacer con la Zona Económica Especial? ¿Tenemos la fortaleza institucional para impulsarla? Creo que hay que replantear el problema y dejarse de ocurrencias”