Integrantes del Comité de Lucha para el Rescate de la Juguera de Akil y del Consejo Citrícola Yucateco acusaron al Gobierno del Estado de tener “oscuros intereses” en el caso de la planta que, dijeron, no saben a quién pertenece.
“Hay oscuros intereses que no conocemos, tan oscuros que no los vemos, pero da mucho que pensar”, señaló Lorenzo Alvarado y Sosa, presidente del Consejo Citrícola y coordinador del Comité de Lucha por el Rescate de la Juguera de Akil.
En rueda de prensa que ofreció acompañado de varios campesinos inconformes, Alvarado y Sosa subrayó que es extraña la situación de cómo la juguera pasó a manos de la empresa Arpen, del empresario Arturo Peniche Solís en 2016.
Desde entonces, afirmó, los campesinos se han enfrascado en una intensa lucha para rescatar la juguera de las manos de Arturo Peniche, quien, dijo, antes se ostentaba como propietario de la planta y ahora como beneficiario, luego que el gobierno le entregó la procesadora por un contrato de 30 años.
Alvarado y Sosa dijo que no le extraña que el Gobierno favorezca a un empresario.
“Estamos investigando qué nexos hay entre el gobierno y este empresario. Tenemos información, pero no la queremos soltar hoy porque no nos gusta tirar mentiras, rumores, chismes”.
El líder del Comité de Lucha señaló que en su afán por conocer quién es el verdadero dueño de la juguera, hicieron una solicitud a través del Instituto Nacional de Acceso a la Información Pública (INAIP) para que el Gobierno aclare si es propietario de la juguera y si es así “¿con que procedimiento se hizo propietario de la juguera?, si tiene inversiones realizadas y si entregó el comodato”.
“Y la respuesta es que el gobierno dice que no tiene información al respecto. Negaron la información, aludiendo la Secretaría de Gobierno que no existe la información, y la Secretaría de Desarrollo Rural que no es su competencia”, aseveró.
A esta última dependencia le pidieron que informe qué apoyos ha recibido la juguera en los últimos años.
“Tenemos información de que estando en manos del empresario (la juguera), el gobierno estatal y federal siguen entregando recursos que salen a nombre de los campesinos y entran a la planta que está siendo usufructuada por un empresario, y eso es ilegal”, dijo, exhibiendo recortes del Diario de Yucatán y otros periódicos.
Alvarado reiteró que ni el gobierno, ni el empresario, ni los directivos de la Unión de Ejidos Fruticultores han querido aclarar quién es el dueño de la juguera, pero “tenemos un documento del Registro Público de la Propiedad que dice que el señor Arturo Peniche compró una deuda y se hizo del terreno donde está construida la planta, misteriosamente, y no sabemos por qué razón se la cede, se la regala al Gobierno del Estado. ¿Cuándo un empresario le va a donar un terreno si no hay intereses de por medio?”
“Nos queda claro que el gobierno actual, por razones que desconocemos, es parte del engaño, es parte de este fraude. Y nos preocupa mucho que tengamos un gobierno que ofrece un rostro muy amable, que parece que todo está en orden, pero todas las cosas están ilegales”, dijo.
Informó que seguirán luchando y que cuentan con material para inteponer demandas y amparos, aunque de antemano lamentó que es probable que de aquí a 20 años la lucha continúe, mientras el empresario “estará sentado utilizando a la juguera, porque tienen 30 años para hacerlo; estará sentadito porque por la gracia del Gobierno del Estado tiene todo para quedarse con la juguera”, señaló.
Luego recalcó que no van a permitir que le quiten a los campesinos la planta.