Como estaba previsto, ante los integrantes de la Comisión de Puntos Constitucionales y Gobernación, y la de Presupuesto y Patrimonio Estatal y Municipal comparecieron los candidatos a la titularidad de la nueva Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica.
Esta terna la integran Olga Rosas Moya, quien ayer jueves mismo renunció como secretaria de Administración y Finanzas; Javier Eduardo Cámara Menéndez, de la Secretaría de Educación, y Bernardo Guzmán García.
La primera de esta terna en comparecer fue Olga Rosas, quien advirtió que existen riesgos que podrían frenar el éxito económico y social del estado.
Conscientes de esas amenazas, refirió, en estos últimos años se han realizado importantes inversiones para mantener y mejorar la seguridad de las familias yucatecas, pero aún hay más por hacer.
—Hoy hay un reto importante que debe ser atacado con nuevos instrumentos: el combate al lavado de dinero y la defraudación fiscal.
Al remarcar que por eso es importante esta nueva Agencia de Inteligencia Patrimonial y Económica.
También aclaró que en su caso no existe ningún conflicto de interés porque, contrario a lo que se ha dicho, esta nueva institución no va a fiscalizar al gobierno, sino prevenir que ingrese a Yucatán dinero de procedencia ilícita y haya evasión fiscal.
Por su parte, Javier Cámara Menéndez celebró y consideró pertinente y oportuno la creación de esta institución, pero lo más importante será que cuente con una verdadera autonomía, que elimine de tajo las posibilidades de ser influido y actúe con irrestricto apego a las leyes, y ofreció sus 30 años de experiencia para sacarla adelante.
Bernardo Garza García también resaltó la importancia de establecer organismos técnicos especializados como esta agencia que se deberá conformar con un personal especializado y un equipamiento adecuado.
Al concluir estas comparecencias sesionaron las comisiones unidas para avalar la terna y enviarlas al pleno para su votación final.
Para concluir la jornada de comparecencias en el Congreso ayer por la tarde, se presentaron Ernesto Herrera Novelo, secretario de Fomento Económico y Trabajo, y Roberto Suárez Coldwell, encargado de la Secretaría de Administración y Finanzas del Estado, para ampliar la información en torno a la solicitud del Ejecutivo para contratar créditos por hasta 3,036 millones de pesos.