Al vencer el plazo que marca la ley, la Fiscalía General del Estado puso a disposición de un juez de Control a Luis Alberto G.C. y Steppany del Rosario L.M., acusados de feminicidio agravado y violencia familiar cometidos contra una menor de edad.
También se les acusa de privación ilegal de la libertad contra una enfermera, en hechos que ocurrieron el pasado jueves 30 de mayo en una casa de Ciudad Caucel, en Mérida.
La autoridad ministerial imputó los cargos a la pareja en audiencia llevada al cabo ayer domingo en el Centro de Justicia Oral de Mérida (Cejom).
Muere niña en Ciudad Caucel por presunta violencia familiar
Como publicó Diario de Yucatán, la pareja fue detenida en una casa de la privada “Ficus” de Santa Fe, donde la policía halló a una niña de seis años sin vida, en los brazos de Luis Alberto.
Las autoridades pudieron obtener datos de prueba que sustentan la participación del hombre y la mujer en los delitos señalados.
Se dijo que en el tema de feminicidio sería por omisión, ya que, aunque no habría sido el hombre quien golpeó a la niña, sino su pareja sentimental, no denunció los hechos y tampoco permitió que la menor recibiera atención médica.
Al notar que la niña ya no presentaba signos vitales, llamaron a una enfermera para que atendiera a la menor, quien es testigo importante en el caso.
Privación de la libertad de una enfermera
La profesional de la salud, al notar que la niña ya no contaba con signos vitales y al ver el cuerpo con marcas de violencia, trató de llamar a la policía, pero Luis Alberto y su pareja sentimental, quien no es la madre biológica de la niña, la encerraron en uno de los cuartos de la casa donde permaneció hasta que llegó la policía.
Los datos de prueba fueron presentados ante la juez Primero de Control, quien accedió a la imputación.
En el caso de la mujer, la audiencia fue diferida debido a que presentó problemas de salud, por lo que será reprogramada.
Medida cautelar contra el padre de la niña muerta
Asimismo, la Fiscalía solicitó la vinculación a proceso de Luis Alberto, quien hizo uso de su derecho a la duplicidad del término para que se resuelva su situación jurídica, por lo que la audiencia se programó para el 7 de junio.
Por lo pronto, se le impuso como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el tiempo que dure el proceso.