La reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador “es una idea descabellada” desde el punto de vista constitucional y el derecho internacional, afirma el licenciado en Derecho Rodrigo Franco Mendoza.
La elección popular de jueces, magistrados y ministros del Poder Judicial de la Federación, como quiere el Presidente de la República, considera, va en contra de todos los principios fundamentales de un buen juzgador, que debe tener amplia experiencia, carrera judicial, estudios especializados y actualización constante en la materia.
“Una idea descabellada”
“Es como si el presidente López Obrador estuviera aplicando un cese masivo de jueces, magistrados y ministros en todo México, porque quienes no resulten electos por los ciudadanos serán separados de sus cargos sin que exista algún motivo o justificación que lo amerite”.
“La propuesta de la reforma judicial se fundamenta en una elección por voto popular que no tiene sentido porque elimina el requisito de la experiencia y carrera judicial, que es indispensable para el buen juzgador”, indica Franco Mendoza, durante una entrevista en relación con un remitido que firman ciudadanos y profesionales de distintas disciplinas que no están de acuerdo con las reformas que impulsa la 4T.
“En materia de aplicación de la justicia no se puede improvisar, así sea el mejor litigante de la carrera de derecho, porque carece de la experiencia que da la carrera judicial y lo más probable es que tenga mal desempeño”.
“El buen juzgador funda su trabajo con base en su experiencia, sus años de servicio de analizar los expedientes, su constante preparación especializada. Es como si dieras a un joven de 17 años inexperto el manejo de un automóvil, hay más probabilidades de que cometa errores en su conducción, que un conductor que lleva años, tiene experiencia, sabe las pericias para evitar los incidentes de tránsito”.
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“Reforma mal planteada”
La única meta es someter al Poder Judicial, señalan
La elección de jueces, magistrados y ministros por voto popular puede dar como resultado juzgadores electos por simpatía, no por su alta preparación; que tengan intereses creados a favor del gobierno que les dio la oportunidad, afirma el licenciado en Derecho Rodrigo Franco Mendoza, al opinar sobre la reforma judicial que propone el presidente Andrés Manuel López Obrador.
Al abogado se le entrevistó sobre un remitido que firman ciudadanos y profesionales de variadas disciplinas que no están de acuerdo con las reformas que impulsa la 4T, que publicó hoy el Diario.
Franco Mendoza sostiene que no tiene ningún sentido, sustento y razón de ser que estos funcionarios de los juzgados federales, tribunales colegiados y Suprema Corte de Justicia de la Nación sean electos mediante el voto popular.
“Estamos de acuerdo con que haya una mejora en el funcionamiento del Poder Judicial de la Federación, pero esta que propone el presidente López Obrador no es la correcta, es una reforma mal planteada”, afirma.
“Si quieren hacer una reforma de fondo y real deben tomar en cuenta a los trabajadores del Poder Judicial que sí conocen debilidades y fortalezas, deben buscar consensos con ellos y consultar qué mejoras requiere para que la justicia sea más eficiente”.
“Toda reforma a este poder debe estar basada y fundamentada en la experiencia del personal, porque hay jueces, magistrados y ministros buenísimos que aplican correctamente la ley con independencia.
“Esas acusaciones que lanza el Poder Ejecutivo federal de que los juzgadores sueltan a los delincuentes no son ciertas porque la autoridad encargada de acreditar los delitos es el Poder Ejecutivo a través de las fiscalías, ministerios públicos y policías”, explica.
“Si los jueces, magistrados y ministros reciben un expediente mal integrado, tienen el deber de liberarlo por mandato de la propia ley. La liberación de malhechores no es un problema del juzgador, es un problema de las fiscalías.
“Los litigantes sabemos que hay muchísimos juzgadores que han dejado su vida en el Poder Judicial de la Federación y sería injusto su despido sin una razón válida”, apunta.
El abogado en Derecho Franco destaca que los ciudadanos en general tienen que tener muy presente que un Poder Judicial de la Federación débil y supeditado al Ejecutivo traerá como consecuencia la falta de protección de los derechos fundamentales, pues la función principal de jueces, magistrados y ministros autónomos es defender a la persona de a pie cuando algún acto de autoridad es abusivo.
“Si el Poder Judicial carece de independencia, el ciudadano común estará indefenso ante el abuso de poder”, sentencia.
“Si a una persona se le priva de la libertad y lo juzga un juez populista, lo más probable es que no tenga un buen final su caso porque ese juez se debe al poder que lo puso.
“Los ciudadanos y profesionales del Derecho tienen que oponerse a esta reforma del presidente López Obrador. Esperamos que los colegios de abogados, las universidades, los estudiantes de derecho, los litigantes se unan a esta lucha para parar esta reforma que no tiene pies ni cabeza, sino una sola intención: someter al Poder Judicial”, subraya.
“Todo es perfectible en el Poder Judicial, pero hay formas serias y profesionales para hacerlo. Esta no es la forma correcta de hacer esa reforma, hay de procesos a procesos”.
Se le preguntó si una elección popular para el Poder Judicial abriría la inscripción de miles de abogados para los cargos de jueces, magistrados y ministros y los electores no sabrían a quién elegir por su preparación académica, trayectoria y experiencia como jurista.
“No soy experto en organización de elecciones, pero por sensatez y sentido común, hacer una elección para jueces, magistrados y ministros no es viable y hay el riesgo que elijan a personas sin una carrera judicial y estudios especializados. ¡No se puede improvisar la carrera de un juzgador!”, enfatiza.
Es como si quisiésemos que el personal de salud de nuestros hospitales sea designado por elección ,sin importar preparación.
En realidad AMLO siempre fue un partidario del sistema hegemónico priista. Odió con todas sus fuerzas cada reforma que ponía más elementos en personas no políticos. Lo que llamamos “sociedad civil”. Los odió fervientemente. El INE le pareció bien porque pensó que ahora sí podría ganar. Al no ganar, le echó la culpa al INE. Cuando finalmente ganó, dijo que porque fue contundente su superioridad. Jamás aceptó cuál es el proceso: millones de mexicanos participan en ese día hasta el agotamiento total. Es el día de los ciudadanos que luego pasa a ser el día del INE. Tristemente los partidos políticos tienen más gente en el INE que la sociedad civil. Así pasa en México: los partidos políticos están llenos de… ¡políticos! (Claro, de ambos sexos.) AMLO comenzó a odiar al INE cuando no le aceptaron sus caprichos. Quería allí, como candidato, a una persona que, según estatutos legislados, el INE no debería aceptar como candidato. Eso no le gustó. Le bajó presupuesto. Allí Lorenzo Córdoba hizo lo que pudo. Salieron las cosas.
Odia lo de la transparencia. Recuerdo aquella mañanera: “si quieren saber algo, yo se los digo; no tengo nada qué esconder”. Pero al mismo tiempo todos los contratos de sus obras se convirtieron en secretos “por seguridad nacional”.
La tirada de AMLO (solo de él, los que lo rodean lo siguen con la quijada caída y…) era regresar al sistema priista pero en forma Constitucional. Es lo que quiere lograr.
No me gusta el país que se está formando. Ojalá que las cosas, con todo y esos cambios, continúen permitiendo que las leyes no sean para perjudicar al ciudadano sino para provocar que todos sean más felices.
¿Sucederá eso?