El Consejo Coordinador Empresarial de Yucatán, que agrupa a 17 cámaras de industriales, expresó su desacuerdo con la reforma al artículo 107 constitucional, con base en el derecho a defenderse de posibles arbitrariedades.
Los empresarios en un comunicado sostienen que el hecho es un retroceso y una medida discriminatoria que pone en riesgo las inversiones en el país. A continuación, el texto íntegro.
Empresarios de Yucatán, contra la supremacía constitucional
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MÉRIDA.- Desde el Consejo Coordinador Empresarial Yucatán planteamos nuestro desacuerdo en la reforma al artículo 107 constitucional basándonos en el Estado de Derecho y en el derecho que tenemos los ciudadanos a defendernos de las posibles arbitrariedades y abuso de poder de parte del Estado.
El que se vuelvan improcedentes las controversias constitucionales o acciones de inconstitucionalidad genera que los ciudadanos no nos podamos defender de modificaciones que afecten nuestras libertades o patrimonio ya que las reformas pasarán de manera inmediata y automática a tener vigencia sin alguna revisión que atienda a personas o derechos que en un principio no se consideraron.
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Es un retroceso, en nuestro marco jurídico, que las sentencias de amparo solamente afecten al quejoso y no a todos los que pudieran tener algo que ver en ese asunto en particular.
Con esto se multiplicará el número de demandas por un solo acto que se resolvería en un juicio; también tendrían que hacerse múltiples juicios para asegurar las garantías de todos los ciudadanos por igual ya que solo quienes interpongan queja serán beneficiados por los juicios. Esto es profundamente discriminatorio ya que solamente da ventaja a aquellos ciudadanos con la capacidad económica para defenderse de los actos de Gobierno.
Todo esto pone en riesgo las inversiones ya que las empresas y corporaciones que quisieran venir a invertir a México, lo pensarán dos veces dado lo frágil del Estado de Derecho en México.
Por último, queremos hacer hincapié en que al no privilegiar el diálogo el Gobierno le resta a la ciudadanía el derecho a dar su opinión.