Ejidatarios de Telchaquillo rechazaron la propuesta de indemnización de $8 millones que ofrece el director general del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Diego Prieto Hernández, por la expropiación de 14 hectáreas de tierras ejidales donde están las estructuras prehispánica de Mayapán.
Alegaron que Diego Prieto y sus cómplices del ejido sustentan el pago de esa cantidad con un documento apócrifo y sin el aval oficial del Instituto Nacional de Valuación de Bienes Nacionales, cuyo director general rechazó que personal de ese instituto haya realizado el avalúo y menos que él lo haya firmado.
En rueda de prensa en el patio de la cafetería El Apapacho, ubicada en la calle 62 número 354 entre 41 y 43 del centro de Mérida, los ejidatarios con derechos agrarios vigentes Filiberto Martín Uc, Genaro Cobá Tamay, Juan Bautista Uc Ancona y Gladys Uc Flores, informaron que vinieron a Mérida y citaron a este diálogo con los reporteros para aclarar algunos puntos de esta lucha por defender sus derechos agrarios, de la comunidad indígena y que los ingresos que genera la zona arqueológica de Mayapán beneficien al pueblo en general.
En forma unánime el grupo rechazó el pago de $8 millones que propone el INAH por la expropiación de las 14 hectáreas que ocupan las estructuras prehispánicas de Mayapán.
Además los que quieren vender la tierra colocaron como de uso común ese espacio cuando no hay esa figura porque toda la superficie de la zona arqueológica es ejidal.
Los campesinos hicieron una contrapropuesta para darle solución a esta discrepancia, que mantiene cerrada la zona arqueológica de Mayapán desde hace varios meses.
¿Cuánto piden los ejidatarios?
Piden que el INAH pague lo equivalente a los 40 años que llevan explotando las tierras mediante el cobro de una tarifa por persona. No tienen un cálculo de cuánto dinero sería, pero podrían dialogar para llegar a un acuerdo con la intervención del instituto de bienes nacionales.
Rechazan la versión de una división interna en el ejido porque la mayoría de los 287 ejidatarios con derechos y la comunidad de Telchaquillo rechaza la expropiación porque la tierra no está en venta. Lo que sí aceptarían es que el ejido sea coadministrador de la zona arqueológica de Mayapán, que administre el estacionamiento exterior porque es espacio del ejido y que los ingresos equivalentes al 5% sea entregado al núcleo ejidal o al comité que formaron para esta lucha de defensa de la propiedad agraria.
No aceptan el chantaje de Prieto Hernández de que Mayapán solo genera $13 millones al año y el INAH ha invertido $100 millones en su mejoramiento. Incluso, dijeron que tienen estadísticas oficiales del INAH sobre la afluencia de turistas y hay meses en que llegan alrededor de 42,000. Si todos esos visitantes pagaron $70 de su boleto, es una gran cantidad de dinero lo que recauda el INAH.
También informaron que por las diferentes irregularidades que comete el actual comisariado ejidal Rusel García Ávila con tal de vender las tierras, este grupo interpuso una denuncia ante la Procuraduría Agraria y Tribunal Agrario, quienes anularon la asamblea donde supuestamente aprobaron la aceptación de la expropiación porque recabaron firmas anticipadas en papel blanco y emitieron doble convocatoria el mismo día.
Medida cautelar
También pidieron una medida cautelar de suspensión del proceso de expropiación de la tierra hasta que haya un acuerdo, pero la autoridad agraria aún no emite alguna resolución.
Por este motivo, el comisariado ejidal convocó a otra asamblea general para el domingo 15 de diciembre. En esta ocasión más de 160 ejidatarios vigilarán la asamblea y si hay irregularidades, promoverá de nuevo la anulación de la asamblea.
Tienen fe y confianza que con la llegada del nuevo procurador agrario nacional Víctor Suárez Carrera, ahora sí haga justicia a los ejidatarios y haga respetar la ley agraria e indígena que promulgación el ex presidente Andrés Manuel López Obrador donde se asienta que los ejidatarios pueden ser socios de los administradores de zonas arqueológicas y recibir de 5% a 10% de los ingresos que generen estos sitios arqueológicos del país.
“Queremos que se respeten los derechos de los indígenas mayas y sus derechos agrarios”, enfatizó Juan Bautista Uc.
Recalcaron que desde hace 40 años el INAH explota económicamente la zona arqueológica de Mayapán y nunca ha dado dinero al pueblo. Hoy ya es momento que distribuya sus ganancias con la comunidad y los dueños de las tierras porque así lo manda la ley de pueblos indígenas vigente.