MÉRIDA.- El cambio de la LXIII Legislatura a la actual LXIV trae notables transformaciones, tanto en su composición política como en la dinámica de trabajo y los temas prioritarios que se han puesto sobre la mesa.
Por ejemplo, hoy se da especial prioridad a las reformas constitucionales federales enviadas del Congreso de la Unión.
Otra de sus diferencias son los escándalos.
Polémicas en el Congreso de Yucatán
En la anterior Legislatura lo más grave fueron las protestas a las puertas del recinto oficial y el bloqueo del Periférico por parte de trabajadores del Estado, molestos por reformas a la Ley del Isstey.
En la actual, empleados del Poder Judicial federal y estatal tomaron por asalto la sala de sesiones para manifestarse en contra de que avalen las reformas constitucionales judiciales.
A partir de ese hecho y hasta la fecha, cada vez que se abordarán en las sesiones plenarias asuntos considerados importantes y de mucho interés acude la fuerza pública para reforzar su vigilancia tanto en el interior como alrededor del edificio.
Cambios en la Legislatura: aumenta número de diputados
En cuanto a su composición, la LXIII Legislatura fue la última que se integró con 25 diputados.
14 pertenecían al PAN, cuatro a Morena (terminó con tres porque uno se hizo independiente), tres al PRI (se redujo a dos porque una se hizo independiente) y el resto distribuido de a uno entre los partidos Movimiento Ciudadano, PRD, PVEM y Nueva Alianza.
El PAN, aunque con mayoría relativa, no alcanzó la mayoría calificada (se necesitaban 17), obligando a esa bancada a buscar alianzas estratégicas con Nueva Alianza, el PVEM y en su momento una legisladora independiente, para aprobar temas clave, sobre todo reformas constitucionales.
En la Legislatura anterior se aprobó una reforma histórica que aumentó, después de más de 20 años, el número de diputados locales de 25 a 35 con el argumento de garantizar una representación democrática más equitativa.
La reforma no estuvo exenta de críticas: la oposición y sectores sociales cuestionaron el incremento de costos operativos del Congreso derivado del aumento de legisladores.
Alternancia de género en las candidaturas
Como parte de su enfoque a la estructura de gobierno local, se estableció la alternancia de género en la gubernatura y el requisito para acceder a cargos públicos de no ser violentador ni deudor alimentario, como pionera de la reforma nacional.
Se dio autonomía a la Fiscalía General del Estado y crearon dos agencias: la del Transporte y de Inteligencia Patrimonial y Económica, entre otros cambios.
También surgieron tensiones en temas relacionados con derechos laborales e inclusión, en los que no se logró un consenso pleno y sí provocó manifestaciones públicas por las reformas a la Ley de Seguridad Social de los Trabajadores al Servicio del Estado, mejor conocida como Ley Isstey.
Contra esta última se presentaron recursos ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que recientemente ordenó cambios para retornar en algunos puntos de como era antes.
Legislatura LXIV llegó con una nueva dinámica de poder
En esta LXIV Legislatura hay una nueva dinámica con el partido Morena al frente como primera mayoría, pues su composición cambió significativamente.
La coalición Morena-PT-PVEM obtuvo la mayoría relativa con 17 legisladores, aunque sin alcanzar la mayoría calificada.
El resto de las curules se distribuyó entre el PAN con 12, el PRI con dos al igual que MC, lo que los convirtió en una aparente oposición activa, ya que de las restantes diputaciones una es para el PVEM y otra para el PT, estos últimos aliados de Morena.
Desde su inicio la nueva Legislatura puso énfasis en fortalecer la infraestructura estatal y promover reformas en los sistemas de salud y transporte.
Lo que más ha destacado son las prisas para aprobar iniciativas en menos de 24 horas, sin respetar los tiempos y procesos que marca la propia ley del Congreso.
Así aprueban, algunas por unanimidad y la mayoría con el voto en contra de la oposición, las minutas de reformas constitucionales federales que les envían las Cámaras de Diputados y Senadores.
Paquete fiscal 2025 y recortes a Mérida
En los últimos días se politizó el tema de los paquetes fiscales en lo referente a las leyes de Hacienda y la de Ingresos de los 106 municipios, en especial la de Mérida.
El del gobierno del Estado se aprobó anteayer sábado.
Aunque al Municipio no le aprobaron su Ley de Ingresos tal como la envió, diputados sí le ajustaron su ley hacendaria al negarle y condicionar los cambios a las tablas catastrales que impactan en el impuesto predial, para decidir que solo se aplique para edificios de condominios verticales, lo que en muchos años no se había hecho.
Como en cada Legislatura, la distribución de las diputaciones plurinominales generó controversias.
El PAN y PRI impugnaron los resultados argumentando falta de representatividad, lo que puso en evidencia las tensiones políticas en esta nueva etapa legislativa, que al final le dio una curul más a los panistas para quitársela al PT.
A pesar de ser Morena la bancada más numerosa, aún depende de sus aliados del PT y PVEM para lograr acuerdos, lo que ha limitado su capacidad para aprobar reformas de gran calado de manera unilateral.
Con todo y esa alianza no podrían hacer reformas a la Constitución local o para designar funcionarios, pues requieren la mayoría calificada que es con lo menos 24 votos, y aún con sus aliados los morenistas solo llegan a 19.
Comparativo Congreso del Estado
Aunque la nueva Legislatura lleva apenas cuatro meses, son claras las diferencias que existen con la anterior.
Acuerdos
En la anterior Legislatura el PAN lideró los trabajos y acuerdos clave, en la actual el partido Morena tomó la delantera, pero sin la fuerza suficiente para imponerse sin negociaciones, lo que le genera una dinámica de diálogo y negociación más intensa entre las bancadas.
Reto
Se considera que en ambos períodos el Congreso mostró avances en representación democrática y pluralidad, aunque las divisiones y desacuerdos en temas clave persisten.
La política yucateca enfrenta ahora el reto de generar consensos estables para garantizar que las decisiones legislativas respondan en verdad a las necesidades de la ciudadanía.— DAVID DOMÍNGUEZ MASSA