Las trasladaron de Tizimín a Mérida en un vehículo sucio, con envases de cerveza vacíos y con un chofer a quien no conocían. Solo les dijeron que las requerían en las oficinas de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres).
Después, de la incertidumbre y el temor pasaron a la indignación y la sensación de impotencia ante lo que consideran una arbitrariedad con fondo político.
“Nos violentaron, nos trataron como delincuentes”, resume una abogada que fue parte de un grupo de empleadas del Centro de Justicia para las Mujeres de Tizimín presionadas para que firmaran su renuncia, a lo cual no accedieron.
Se trata de tres abogadas, una trabajadora social y una coordinadora administrativa que laboran para Semujeres en Tizimín desde hace dos años, primero en el Centro Regional Violeta y después en el Centro de Justicia para las Mujeres, inaugurado en esa ciudad del Oriente en agosto de 2023.
Ayer publicamos en la columna Plaza Grande que hay señalamientos de graves problemas en la Secretaría de las Mujeres. Su titular, Sisely Burgos Cano, es acusada de hostigamiento laboral y de violencia de género, algo contradictorio en una dependencia cuya esencia es brindar asistencia a las mujeres y velar por sus derechos.
Las cinco tizimileñas traídas a Mérida dicen que están conscientes de que en cada cambio de gobierno es común la remoción de personal en dependencias y, por tanto, no se aferran a sus puestos y tampoco desean continuar en un lugar donde no las quieren, pero les indigna la forma en que las trataron.
“Lo único que queremos es que nos paguen lo justo”, recalcan.
También deploran que esa expresión de violencia se manifieste en una institución que en teoría debe defender a las mujeres que viven en alguna situación violenta.
“Es increíble que a nosotras, como empleadas del Centro de Justicia para las Mujeres, nos estén haciendo violencia institucional”, puntualizan.
Las cinco se identifican plenamente, pero nos solicitan el anonimato por ahora por temor a mayores represalias.
La directora del Centro, Beatriz Coronado Alamilla, fue delegada en Tizimín de la Procuraduría de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Yucatán (Prodennay) y su esposo, Hugo Barrera, es un expriista que ahora trabaja en el Ayuntamiento morenista.
Las entrevistadas relatan que anteayer, cerca de las 8:30 horas, les avisaron de la dirección que debían viajar a Mérida para una diligencia en las oficinas de Semujeres en la colonia Miraflores.
Las trasladaron en una camioneta con los interiores sucios, con malos olores y envases de cerveza (exhiben un vídeo que lo confirma). No conocían al chofer.
Al llegar a las mencionadas oficinas las hicieron esperar. Después las llevaron una por una a un cubículo donde estaban dos abogados, que no accedieron a darles sus nombres. Antes de pasar les quitaron teléfonos y bolsos.
Les pidieron que firmaran sus renuncias “voluntarias”. No les hablaron de una suma de finiquito, solo les pedían que aceptaran el trato.
Como no accedieron, las llevaron de regreso a Tizimín. Ya no les permitieron ingresar a su centro laboral. Pudieron contactar a la directora y le indicaron que sabían que solo quieren sus puestos y que ellas quieren únicamente un pago justo.
Fue como “hablar con la pared”, de acuerdo con las informantes.
Lograron que las dejaran pasar a recoger pertenencias personales. Hallaron sus computadoras desconectadas y el cajón de una de las abogadas estaba revuelto, con el candado forzado.
El mayor problema es el perjuicio a las usuarias a quienes estaban brindando atención jurídica, pues quedan en indefensión. En algunos casos son niñas víctimas de violencia sexual.
Una de las abogadas elaboró una lista de los expedientes que deja pendientes, para deslindarse, y solicitó a la directora del Centro que la firmara, pero ésta se negó a hacerlo, con el argumento de que no es su problema.
Las afectadas se presentaron de nuevo al Centro ayer en la mañana, porque legalmente no han renunciado, pero les impidieron el paso.