Ayer llegó a la Comisión de Derechos Humanos del Estado de Yucatán (Codhey) el caso de las cinco empleadas de la Secretaría de las Mujeres (Semujeres) que acusan de violencia institucional y psicológica a representantes de esa dependencia.
Las afectadas interpusieron quejas ante ese órgano y también se presentaron a Palacio de Gobierno para solicitar, por escrito, una audiencia con el gobernador Joaquín Díaz Mena, a fin de exponerle la situación.
La reacción de la Codhey fue rápida: ayer mismo dictó un acuerdo en el que solicita a Semujeres la adopción de medidas cautelares que salvaguarden los derechos de las usuarias del Centro de Justicia para las Mujeres de Tizimín, donde oficialmente aún laboran las denunciantes, pues no firmaron sus renuncias.
Esta solicitud se debe a que tres de las empleadas son abogadas que tenían a su cargo la atención de usuarias con casos de violencia de distinta índole y se busca un buen seguimiento de los expedientes para una adecuada impartición de justicia.
Otra medida cautelar está orientada a evitar acciones en detrimento de los derechos de las trabajadoras que han hecho públicas sus denuncias.
La Codhey fijó un plazo de 72 horas, contadas a partir de la notificación de su comunicado, para que la Secretaría le rinda un informe sobre la adopción de esas medidas.
Además, le solicitó a la dependencia un informe, dentro de un término de siete días naturales, en el que especifique la intervención de personal a su cargo en los hechos que reportan las cinco ciudadanas.
Como informamos ayer, son tres abogadas, una trabajadora social y una coordinadora administrativa quienes se quejan de violencia de representantes de Semujeres.
Fueron trasladadas de Tizimín a Mérida sin que les informaran del motivo y una vez en la capital yucateca las presionaron para que firmaran sus renuncias “voluntarias”, a lo cual no accedieron.
En Tizimín ya no les permitieron entrar al Centro de Justicia para Mujeres.
Más de 59 usuarias afectadas
Una de las abogadas denunciantes difundió ayer en las redes sociales un aviso dirigido a más de 59 usuarias que llevaban con ella procesos judiciales de las áreas penal y familiar.
Les informa de la situación que ha derivado en su bloqueo en el Centro de Justicia para las Mujeres de Tizimín, les ofrece disculpas a quienes ha dejado de atender por esa situación y les aconseja buscar otra institución que las pueda acompañar en sus procesos.
La abogada indica que tiene que recurrir a los avisos por ese medio porque el teléfono con el cual se comunicaba con las usuarias se quedó en el Centro de Justicia.