Yucatán. “La corrupción también es violencia vicaria e institucional cuando sirve para proteger agresores” afirma Ericka Contreras, a nueve meses de la sustracción de su hija.
Mérida, Yucatán.- Durante nueve meses, Ericka Contreras Pérez ha realizado una batalla dificultosa pero decidida e indoblegable para recuperar a su hija Lucía, de 6 años.
En un encuentro con medios de comunicación, este martes 27 de mayo, narra el camino que ha recorrido donde no sólo ha cargado el dolor de no estar con su pequeña, sino de enfrentar un tortuoso proceso legal en donde su agresor es especialista en la materia y mantiene relaciones privilegiadas por haber sido exconsejero de la Comisión de Derechos Humanos de Yucatán.
¿Cuál es el avance del caso de violencia vicaria en Yucatán?
¿Cuál es el avance del caso? La madre logró desmontar una acusación falsa que su expareja, Mauricio N, promovió ante la justicia para conseguir un amparo y dar legalidad a una retención que empezó como un delito.
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Ericka Contreras explica: “Uno de los pasos más importantes en este camino fue demostrar la falsedad de la denuncia que sostenía el resguardo decretado por un juez federal y que motivó que la jueza familiar impusiera medidas de restricción contra mí. Durante 9 meses la FGE dirigió 41 diligencias de investigación.
“El resultado: No ejercicio de la acción penal, ni contra mí ni contra la persona que fue señalada en esa falsa acusación”.
Su agresor presentó una denuncia de delito sexual con un relato inventado de que un vecino había hecho “actos indebidos” a la niña en presencia de su mamá.
Tirar una falsedad, indica Contreras Pérez, es una evidencia de “algo tan doloroso como inaceptable: mi hija fue instrumentalizada, manipulada emocionalmente, inducida a ‘recordar’ lo que no vivió, y presionada para acusar a su propia madre. Esto no solo es indigno, es una grave violación a sus derechos humanos por parte de quienes debían protegerla”.
Ericka denunció a su expareja por violencia familiar desde el año 2019. Entonces él era funcionario y cursaba un doctorado en derechos humanos.
Ella retiró la denuncia para alcanzar un acuerdo por la custodia. En el arreglo ante el juzgado familiar se establecieron fechas y horarios para que el padre conviviera con la menor. En paralelo, las agresiones de él continuaron.
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Un nuevo hecho de violencia fue documentado por Ericka, en 2023, ante la Secretaría de las Mujeres del gobierno de Yucatán con cuya asesoría presentaron una denuncia formal en febrero de 2024.
Sin embargo, en agosto de ese año, el agresor retuvo a la niña, por lo que se integra la carpeta de investigación 369/2024 con la imputación de cinco delitos de los cuales la Juez segunda de control C. Jueza Silvia Elena Torres Cobá vincula a proceso a Mauricio N por: sustracción de menores en modalidad de retención, violencia familiar, violencia vicaria y lesiones.
Como parte de su defensa, ganar tiempo y beneficiarse fue que el victimario presentó una acusación ante la Fiscalía General del Estado (FGE) Yucatán en contra de la Ericka, quien sostiene:
“Esa denuncia falsa fue usada para obtener de forma irregular el resguardo de Lucía, utilizando un amparo, que él mismo elaboró y presentó justo cuando las autoridades iban a devolverme a mi hija. En cuestión de horas, sin pruebas, sin escucharme, un juez federal le otorgó a él el resguardo”.
“La corrupción también es violencia vicaria e institucional”: Ericka Contreras
Relata y señala: “al presentar este amparo, confiesa un acto de corrupción: afirma que ‘casualmente’ se encontraba en los juzgados familiares el 26 de agosto por la tarde, y al escuchar nuestros apellidos puso atención y supo que al día siguiente se realizaría la diligencia para recuperar a mi hija.
“Esa información era confidencial. Este acto marcó el inicio de una pesadilla que ha destruido nuestra vida. La corrupción también es violencia vicaria e institucional cuando sirve para proteger agresores y arrancar a una niña de los brazos de su madre”.
El reclamo de Ericka se mantiene porque Lucía no ha vuelto a casa: “a quienes hoy me escuchan: les pido que no permitan que el silencio sea cómplice de la injusticia. Necesitamos una justicia que escuche, que mire con humanidad, y que no se deje engañar por quien manipula desde el poder y la mentira”.
Para Contreras Pérez el caso va más allá de lo legal: “Es una lucha por la verdad, por la dignidad y por el derecho de una niña a estar con su madre, en su hogar donde se le ama, se le cuida y se le respeta”.
Pide justicia con perspectiva de género y de infancia.
Por lo que pide a los medios que no se conviertan en altavoces de una estrategia legal cruel, sino en aliados de la verdad y “a las autoridades que actúen con perspectiva de género y de infancia. Y le pido a la sociedad que no voltee la mirada. Esta historia no es solo mía. Es la de muchas mujeres víctimas de violencia vicaria. Es la historia de niñas y niños usados como herramientas de castigo”.
“La corrupción también es violencia vicaria e institucional cuando sirve para proteger agresores”
Ericka Contreras Pérez, mamá de Lucía víctima de violencia vicaria en Yucatán
La lucha de Ericka continúa porque el entramado legal consume el tiempo y la existencia:
“En este durísimo camino personal y legal, Lucía y yo pasamos de compartir la vida todos los días, a vernos solo unas horas en un centro de convivencia. He visto con dolor cómo su salud emocional y física se ha deteriorado.
“Sus derechos vulnerados gravemente, como ejemplo, ella no fue llevada a la escuela durante meses, en las visitas ha contado situaciones preocupantes que vive con su padre, una preocupación injusta para una niña de su edad que se angustió por escenas de violencia física”.
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En la rueda de prensa que ofreció este martes, Ericka Contreras Pérez estuvo acompañada por quienes han hecho suya su lucha en contra de la injusticia y la violencia vicaria o el uso de los hijos para causar daño: Víctor Chan Martin de Hogares Mana AC; Ivette Laviada Arce del Centro de formación integral de la mujer CEFIM; Magali Lara Lugo de SASI AC y Red por las infancias y adolescencias en Yucatán; Daniela Domínguez de Alas al Vuelo AC; y Gabriela Polanco del Centro de Justicia Integral de la Mujer CEJIM.