Con la convicción de contribuir al diálogo democrático frente a la minuta a la Ley de Amparo aprobada el 1 de octubre, el Centro Empresarial (Coparmex) de Mérida envió cartas a los diputados federales por Yucatán en las que se expone el impacto que las modificaciones a esa norma tendrían sobre la operación de las empresas y sobre la defensa de los derechos fundamentales.
Las cartas están firmadas por Emilio Blanco del Villar, en su calidad de presidente de Coparmex Mérida. Están dirigidas a los diputados federales Rocío Natalí Barrera Puc, Óscar Iván Brito Zapata, Venustiano Caamal Cocom, Zayra Linette Fernández Sarabia, Luis Arturo Oliver Cen, Jessica Saidén Quiroz, Jorge Luis Sánchez Reyes y Jazmín Yanelí Villanueva Moo, todos de Morena.
También a los panista José Elías Lixa Abimerhi, Abril Ferreyro Rosado y María Isabel Rodríguez Heredia, y la legisladora por Movimiento Ciudadano Ivonne Aracelly Ortega Pacheco.
En la misiva el organismo señala que la iniciativa en discusión sigue generando aún serias preocupaciones en el ámbito empresarial.
“En materia de suspensión del acto reclamado, observamos rigidez que debilita la eficacia del amparo como salvaguarda inmediata”.
“En casos como el bloqueo de cuentas bancarias o créditos tributarios, las restricciones impuestas impedirán a muchas empresas seguir operando mientras se resuelve el juicio. Esto puede traducirse en cierres de negocios, pérdida de empleos y afectaciones directas a la economía de miles de familias ”.
“Otro punto crítico es la limitación en la forma de garantizar créditos. Al exigirse únicamente depósitos en efectivo o cartas de crédito, se excluye la posibilidad de hacerlo con inmuebles, prendas o negocios en marcha, generando un esquema que favorece únicamente a quienes cuentan con alta liquidez y dejando en desventaja a micro, pequeñas y medianas empresas”.
“Reconocemos la modificación realizada en el Senado, en el sentido que las autoridades enfrentarán sanciones en caso de incumplir sentencias, pero advertimos que la cláusula de imposibilidad jurídica o material sigue siendo demasiado abierta”.
“Bastará alegar falta de presupuesto o de recursos para incumplir una resolución, debilitando el papel del amparo como garante efectivo de los derechos”.
En las cartas se indican que aún más grave es el hecho que en el Senado se reincorporó un artículo transitorio que establece la aplicación retroactiva de la reforma, lo que impactaría incluso a los juicios que actualmente están en trámite.
Este cambio rompe con la certeza jurídica, vulnera principios constitucionales y genera incertidumbre tanto para ciudadanos como para las empresas que hoy litigan en defensa de sus derechos.
Más que una modificación real, parece un distractor político para desviar la atención del fondo del problema, Lo verdaderamente urgente es poner atención a los riesgos estructurales que esta reforma presenta para la justicia, la seguridad jurídica y la operación de las empresas.
“Solicitamos abrir espacios de diálogo con los sectores productivos y sociales antes de aprobar esta reforma. Una decisión de esta magnitud debe construirse con visión de Estado, garantizando el equilibrio entre la eficacia de la autoridad y la protección de los derechos ciudadanos”, recalca.— MEGAMEDIA