Los proyectos emblemáticos en materia de infraestructura y servicios gestionados por el gobierno estatal panista anterior son una herencia incómoda para la administración de Joaquín Díaz Mena, de Morena.
Retomar esos proyectos anunciados en el gobierno anterior y pendientes de ejecución ahora, más que tratar de imprimir una nueva imagen política como sello personal del gobierno estatal de la 4T provoca confusión e incertidumbre sobre los propósitos reales y el futuro de los proyectos en marcha.
Esta visión surge del análisis que realizó el doctor en arquitectura Marco Tulio Peraza Guzmán, jefe de la Unidad de Posgrado e Investigación de la Facultad de Arquitectura de la Uady, sobre el primer año de gobierno de Díaz Mena que se cumplió el 1 de octubre pasado.
Como parte de la serie de la evaluación ciudadana a la administración de Huacho Díaz Mena, el Diario entrevistó al doctor Peraza Guzmán sobre infraestructura y servicios a un año del gobierno morenista.
El especialista en urbanismo reconoció que valorar la gestión de un gobierno estatal a un año de su comienzo siempre es un ejercicio complicado por el poco tiempo transcurrido para una evaluación de fondo.
Pero señaló que todo comienzo de gobierno implica dos cosas principalmente:
- Retomar lo iniciado en la gestión anterior para no frenar el funcionamiento de la actividad pública, dado que los ciudadanos no pueden ver interrumpidos los servicios y actividades debido al cambio de gestión
- Plantear con claridad los cambios que se pretenden introducir y que caracterizarán la nueva administración, manteniendo un mínimo de coherencia o congruencia entre lo existente y lo que se planea para no despilfarrar lo realizado previamente .
Él considera que en ninguno de los dos casos se cumple a plenitud, como se esperaría en el caso del tema de la infraestructura y los servicios, aunque algo se ha hecho al respecto.
“En relación a lo primero, que consiste en retomar lo iniciado, me parece que en general lo que se ha heredado en esta materia resulta incómodo para esta administración, por decir lo menos, cuando de plano un problema difícil de asimilar para su propia identidad e imagen política, tanto por lo públicamente manifestado, como por lo realizado con esta herencia en materia de infraestructura y servicios en este primer año de ejercicio”, explicó.
“Tendríamos que recordar que en la política mexicana esto no es nuevo, ni tampoco extraño. Un sinnúmero de proyectos de infraestructuras urbanas quedan inconclusas, son modificados o sustituidos por los mismos motivos, incluso cuando las administraciones saliente y entrante provienen de una misma entidad política. Más aun cuando no es así como el caso que nos ocupa“.
“Pareciera que hay la necesidad de desmarcarse de lo iniciado en la anterior administración, aunque esto no siempre fuese posible”, reiteró.
“Por ello el nuevo gobierno da la impresión de querer dar una nueva orientación a la política pública en esta materia y al mismo tiempo la de continuar lo heredado para no desperdiciar lo invertido, provocando confusión e incertidumbre sobre los propósitos reales y el mismo futuro de los proyectos en marcha”.
Nosocomios: varios sin concluir desde el sexenio anterior
El entrevistado indica que hay iniciativas demasiado encaminadas previamente como para imprimirles un sello propio, como las relacionadas con la infraestructura hospitalaria que implican el nuevo Hospital General de Mérida “Agustín O’ Horán”; Hospital de Ticul, Hospital Naval Militar y la Clínica del IMSS de Francisco de Montejo.
“Son proyectos iniciados o bien retomados por la administración anterior y aún sin concluir por diferentes motivos. Todos anunciaron su conclusión en diversas ocasiones, pero han sido aplazados por diversas razones y solo parece que se inaugurará el nuevo O’Horán en este año”.
El doctor Peraza Guzmán destacó que el mayor proyecto hospitalario como el nuevo “Agustín O’Horán” es la más importante inversión pública federal realizada en Mérida en muchos años.
Sin embargo, esta obra emblemática fue planeada y ejecutada en su inicio por la administración anterior (del gobernador panista Mauricio Vila Dosal), que incluyó la decisión de su ubicación en el sur urbano de Mérida.
Esto es algo que sin duda fue un acierto para esa zona de Mérida, dada la infraestructura que implicará su funcionamiento y que podrá aliviar su proverbial carencia en ella, abriendo la posibilidad de aprovecharse para otros proyectos de inversión aledaños en equipamiento, servicios o bien comercialmente.
Aunque el nuevo O’Horán sufrió cambios importantes de índole administrativo porque será administrado por el IMSS-Bienestar durante esta gestión de Díaz Mena, lo indispensable ahora será concluir su conectividad vial, sostenibilidad financiera, operativa y accesibilidad para el caudal de usuarios que esperan su apertura, un reto que le corresponderá atender al nuevo gobierno de Morena, dijo.
“Aunque no se conocen los cambios en la infraestructura urbana asociada a estos aspectos, a meses de su inauguración, ahí se verá sin duda si se asumirá como un proyecto propio o no.
Por lo pronto, no parece haber tampoco un proyecto de auténtica descentralización de la infraestructura hospitalaria fuera de Mérida que acompañe esta iniciativa y que sería, eso sí, un proyecto estratégico de propia autoría”.
Va y Ven, ¿una herencia maldita?
Lo mismo se puede decir del proyecto de transporte público de Mérida Va y Ven y el Ie-tram y su modelo administrativo con la Agencia de Transporte bajo el que operan y que hoy están en cuestionamiento por su mismo gestor responsable: el gobierno del Estado.
“Este proyecto de transporte urbano en Yucatán es uno de los principales logros de la administración anterior y con amplia aceptación ciudadana por su nueva concepción de gestión:
Un moderno diseño de operación a través de los Cetram, nueva infraestructura vial, innovadora conexión desconcentrada desde La Plancha hacia los dos municipios grandes conurbados de Mérida como son Umán y Kanasín, y una renovación de unidades vehiculares de diseño internacional y sostenible”, explicó Tulio Peraza
“Sin embargo, hoy el Va y Ven enfrenta una crítica explícita y radical de la nueva administración que lo opera dando lugar a incertidumbres y conflictos internos que ponen en duda su viabilidad futura a solo un año del cambio de gobierno”.
Otros proyectos como los educativos anunciados previamente, como las cinco nuevas universidades públicas en diferentes municipios, también están en proceso sin fechas concretas de conclusión como para valorar su eficiencia de gestión, dice.
¿Cuál es la “nueva orientación” a la infraestructura en Yucatán?
En relación a los cambios para imprimir la nueva imagen del actual gobierno, que tiene que ver con lo que se planea realizar durante la nueva gestión de gobierno y la coherencia y congruencia que debe tener con lo realizado hasta hoy, no queda claro hasta ahora lo que se pretende lograr con todos los proyectos estratégicos dados a conocer.
Tampoco está claro el sustento que tienen algunas propuestas, al margen de los planes federales de inversión anunciados y explicados, pero que no se habían iniciado previamente, tales como:
- El ramal del Tren Maya de carga de Umán a Progreso
- La creación del polo de desarrollo en la zona portuaria y su acceso a la terminal del puerto de altura ya avanzada en su circuito vial elevado.
Estos últimos proyectos que, si bien se han justificado y previsto en materia productiva y exportadora, no se ha hecho lo mismo en materia ambiental ni en materia turística, dado que ambas vocaciones serían coexistentes e implicarían estudios de impacto previos dado el manglar aledaño existente a estas obras y la actividad recreativa colindante.
La repercusión derivada de una falta de planeación adecuada, causaría un daño al gran número de propietarios de predios veraniegos que resultarían afectados con la contaminación o afectación de la función biótica de la ciénaga en el ecosistema local.
Lo mismo pasaría con la afectación a la creciente actividad turística de Progreso que se ha ido fortaleciendo con infraestructura de este género, al margen del papel que ha jugado desde hace décadas el malecón, como balneario popular respecto a Mérida, ya que grandes contingentes de población lo usan los fines de semana, dando pie hasta a un reciente carnaval desde el confinamiento del celebrado en Mérida.
Una preocupación particular del Dr. Peraza Guzmán es el Anillo Vial Metropolitano ya anunciado, cuyo propósito no parece ir de la mano con una planeación urbana, ordenada, bien estructurada y responsable que augure un reordenamiento del crecimiento y desarrollo periférico de Mérida y municipios aledaños.
Sobre todo si el actual periférico de Mérida aún no se termina de construir en sus carriles laterales e infraestructura de apoyo bajo los puentes existentes, ni ha desplegado todo su potencial de uso de lotes aprovechables en su derredor.
“Es una infraestructura inacabada, pero ya saturada por la falta de un funcionamiento integral como arteria vial estructurada que permita ordenar el uso vehicular en sus diferentes escalas antes de dar pie a otra que lo sustituya o lo complemente“.
“La iniciativa del anillo vial preocupa porque no se nota un trabajo de planeación vinculado, coordinado o en colaboración con el Ayuntamiento de Mérida en esta materia”, manifiesta.
Estudio ambiental y planeación urbana improvisada
Además señala que tampoco se tiene noticia de un estudio ambiental previo ni pronóstico del impacto que tendrá en la zona arbórea colindante o en la dinámica del desarrollo urbano y usos del suelo en las poblaciones adyacentes ya existentes.
“La única inferencia segura de esta obra vial es la revaloración del suelo que se creará en todo su perímetro y que detonará un nuevo mercado de tierra para la industria inmobiliaria, sobre todo para quienes ya adquirieron lotes en esa reserva previamente”, advierte.
“La misma industria inmobiliaria presionará, sin duda, para su trazo próximo a sus predios ya adquiridos. Y la débil normatividad actual en materia inmobiliaria avizora un futuro incierto para la protección del patrimonio cultural y ambiental en juego en esa zona próxima a Mérida”.
Considera que el primer año de gobierno de Joaquín Díaz Mena es la etapa propicia para la planeación de una gestión de seis años que comienza. Es la etapa pertinente para esbozar una estrategia de desarrollo de los próximos años de trabajo.
Sin embargo, al margen de los buenos propósitos esgrimidos y de la creación de un Consejo de Inversión que apoya al Gobierno del Estado para atraer recursos, con la participación de líderes en esta materia, en los demás campos relacionados con la participación social en materia de planeación del desarrollo estratégico de infraestructura, servicios y desarrollo urbano, no se ha visto algo equivalente.
“Por su propia naturaleza, la infraestructura, equipamiento y servicios es un elemento fundamental y determinante del desarrollo urbano“, enfatizó.
“Así lo demuestra la historia de las ciudades. La consolidación y calidad espacial de las diferentes zonas urbanas depende principalmente de la ubicación del equipamiento e infraestructura que les sirve o bien que detona su desarrollo en diferentes períodos. Es un elemento estratégico del desarrollo urbano. De ahí la importancia de su planeación y prevención en la evolución de la ciudad“.
“Es probablemente esta la principal carencia de nuestra planeación reciente y la principal responsable de la fragmentación y dispersión urbana que caracteriza a nuestra nueva periferia en los márgenes externos al periférico de Mérida”, señaló.
“La noción de insertar equipamientos e infraestructuras en zonas consolidadas ha sido una práctica emergente para componer desequilibrios o carencias existentes. Es lo que se ha hecho en las últimas décadas al interior del anillo periférico, sin llegar a corregir las desigualdades, sobre todo respecto al sur urbano“.
“Es una práctica orientada a subsanar las omisiones de la planeación original de los rumbos urbanos llevada a cabo sobre todo con la creación de plazas comerciales, a las que se han asociado servicios públicos”, continuó.
“La planeación de la obra pública en esta materia no puede seguir siendo improvisada sobre la marcha cada sexenio o trienio. Los costos económicos y de calidad de vida de los residentes son altísimos mientras surgen los equipamientos e infraestructuras. Son evitables si hubiera una planeación integral del desarrollo que no solo se ocupe de los recursos de inversión, sino también del impacto ambiental que ésta tiene y sobre todo de la equidad social con la que debe implementarse“.
Dijo que el tiempo pasa y aún no se tiene una visión clara de lo que se busca desde el gobierno en materia de desarrollo urbano y territorial.
No se trata de que lo decida solo el gobierno
Tiene en sus manos normas, mecanismos, instrumentos de participación de la sociedad civil en voz de universidades, colegios, cámaras, asociaciones civiles, etcétera, que en el caso de Yucatán demuestran su involucramiento cuando son convocados o cuando ven afectados sus intereses más apremiantes.
Tampoco se trata de cumplir formalidades con foros o constitución de consejos sin acciones vinculantes o vigilancia de cumplimiento de los acuerdos tomados. Al gobierno le corresponde liderar la planeación del desarrollo urbano y territorial estratégico, pero a la sociedad consensuar las decisiones y las acciones a tomar.
“Esperemos que no pase otro año sin un instrumento consensuado entre gobierno y ciudadanía que de certidumbre a la creación de infraestructura, equipamiento y servicios urbanos, independientemente de cual administración los haya iniciado o concluido”, deseó.
“O bien de que se subsane la actual incertidumbre respecto a los proyectos estratégicos pertinentes y sobre todo, de que se tomen esas decisiones acudiendo a la opinión y colaboración del conjunto de la sociedad civil que, sin duda, puede potenciar y enriquecer sus alcances“.