El Impuesto Sobre Nómina (ISN), tema de discrepancia entre los empresarios y las autoridades locales en estos días, es la principal fuente de recaudación tributaria propia del gobierno del Estado desde su creación.
De acuerdo con la Ley de Ingresos del Estado de Yucatán para el ejercicio fiscal 2026, el gobierno de Joaquín Díaz Mena se propone recaudar 3,869 millones de pesos por ese concepto el próximo año, 731 millones de pesos más que los $3,138 millones proyectados en el ejercicio 2025.
Si se toma en cuenta que el monto previsto de los impuestos locales a cobrar durante 2026 es de 5,214 millones de pesos (son cifras redondas), entonces los $3,869 millones del Impuesto Sobre Nómina representarán el 74.2 por ciento del total.
Esto significa que 74 de cada cien pesos que espera captar el gobierno del Estado por la vía de los impuestos locales el próximo año provendrá del gravamen de las nóminas, si es que no se hace alguna modificación a la iniciativa ante el descontento que ha generado entre la cúpula empresarial la pretensión de subir la tasa de 3 a 3.75 por ciento.
Antecedentes del ISN en Yucatán
El ISN fue creado en Yucatán en 1992, siendo gobernadora Dulce María Sauri Riancho. Se fijó una tasa de 2 por ciento y el objetivo, según se planteó, fue financiar con esos recursos obras en el Anillo Periférico de Mérida.
De entonces a la fecha se hicieron modificaciones hasta llegar a una tasa del 3 por ciento en la actualidad, que, como ya se indicó, pasaría a 3.75 si el Congreso aprueba el proyecto tal como se lo turnó el Ejecutivo.
Los otros impuestos que subirán
Este impuesto no es el único que pretende aumentar el gobierno del Estado. Hay otros dos señalados en la mencionada iniciativa: el Impuesto Sobre Enajenación de Vehículos Usados y el Impuesto Sobre el Ejercicio Profesional. El primero se incrementaría en dos puntos porcentuales, al pasar del 1 al 3 por ciento, y el segundo subiría un punto, de 2 a 3%.
El Impuesto Sobre el Ejercicio Profesional, dice la iniciativa de reformas a la Ley de Hacienda, solo se causa cuando los servicios profesionales están exentos del Impuesto al Valor Agregado, lo cual ocurre principalmente en el ámbito de la salud (médicos, veterinarios y odontólogos, por ejemplo).
En sus argumentos, el Ejecutivo indica que la decisión de aumentar este tributo no constituye un agravio para ningún sector, porque “el hecho de que recaiga principalmente sobre servicios médicos deriva exclusivamente de la exención del Impuesto al Valor Agregado establecida a nivel federal”.
Con el incremento propuesto para 2026, la administración de Díaz Mena prevé recaudar 50 millones 583 mil pesos del Impuesto Sobre Enajenación de Vehículos Usados. Es un salto importante en relación con lo proyectado este año, que fueron 28 millones 870 mil pesos.
En cuanto al Impuesto Sobre el Ejercicio Profesional, en la Ley de Ingresos 2026 se fija un objetivo de 63 millones 482 mil pesos, contra los 35 millones 847 mil de 2025.
Los pagos de derechos
Por la vía del pago de derechos, por servicios que presta el Estado o por el uso, aprovechamiento o explotación de bienes de dominio público, el Ejecutivo espera una recaudación de 2,401 millones de pesos.
Esta cifra es 19.4 por ciento menor que la de $2,981 millones establecida en la Ley de Ingresos del año que está por finalizar.
La diferencia, de 580 millones, se explica en bajas que se prevén en la captación de algunos servicios.
Menos placas en SSP
Por ejemplo, en la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) se espera una recaudación de 135 millones 655 mil pesos por dotación, canje, reposición y baja de placas, cuando este año —considerado el más fuerte en ese proceso— se programaron 659 millones 902 mil por el mismo concepto.
Siempre en la SSP, por expedición de tarjetas de circulación se fija una meta recaudatoria de 53 millones 14 mil pesos, contra $159 millones 995 mil de este año.
También se advierte una baja en la captación esperada por “los servicios de inspección, control y fiscalización que realiza la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno”. En 2025, cuando el nombre de la dependencia era Contraloría General, se proyectaron 13 millones 285 mil. En 2026 serían $8 millones.