El cobro del Derecho de Alumbrado Público (DAP) en municipios de Yucatán se ha colocado en el centro del debate legislativo.
Esto, luego que el gobierno federal impugnara ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) el mecanismo utilizado para calcular este gravamen en los recibos de energía eléctrica.
La controversia jurídica, identificada como la Acción de Inconstitucionalidad 26/ 2026, cuestiona la constitucionalidad de vincular el pago del alumbrado público al consumo individual de electricidad.
La acción promovida por la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal busca invalidar disposiciones incluidas en las leyes de ingresos de 16 municipios del estado.
Según considera, el esquema actual —que topa el cobro del DAP a un porcentaje del consumo eléctrico reportado por la Comisión Federal de Electricidad— podría equivaler, en los hechos, a un impuesto sobre la energía, materia reservada exclusivamente a la Federación.
El posible fallo de la SCJN no solo tendría implicaciones directas para la economía de miles de contribuyentes, sino que también representaría un reto financiero y legal para los ayuntamientos involucrados, obligándolos a replantear sus esquemas de financiamiento del alumbrado público.
Los principales líderes de las bancadas en el Congreso de Yucatán fijaron su postura sobre el impacto político, social y presupuestal que podría derivarse de esta resolución.
El coordinador de la bancada del PAN, Roger Torres Peniche, advirtió que el tema debe analizarse más allá del ángulo constitucional.
“La impugnación presentada por el gobierno federal ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación respecto al Derecho de Alumbrado Público no solo abre un debate constitucional; abre, sobre todo, un debate financiero de alto impacto para los municipios de Yucatán”.
El legislador subrayó que el DAP representa en muchos municipios del país entre el 3% y el 8% de sus ingresos propios.
En el caso de localidades con baja recaudación predial y fuerte dependencia de participaciones federales, dijo, se trata de una fuente clave para cubrir el pago de energía eléctrica, mantenimiento de luminarias, sustitución por tecnología led y ampliación de cobertura en nuevas colonias.
Impacto sobre los municipios de Yucatán
Torres Peniche explicó que, si se declara inconstitucional el esquema vigente, los municipios enfrentarían un impacto inmediato en su flujo de ingresos.
“El problema no es menor. El servicio de alumbrado público no es opcional. No puede suspenderse. No puede reducirse arbitrariamente. No es un programa social que pueda posponerse; es un servicio básico que incide directamente en la seguridad pública”.
“Menos alumbrado significa mayor vulnerabilidad en colonias, comisarías y fraccionamientos”.
Para el legislador panista, si se elimina el esquema actual sin un mecanismo alternativo inmediato, las consecuencias podrían ser múltiples.
“Los municipios tendrían que cubrir el costo del alumbrado con recursos de participaciones federales. Se reducirían recursos disponibles para bacheo, seguridad, limpieza o inversión social.
“Se incrementaría la presión sobre el predial u otras contribuciones locales. Podría generarse un déficit operativo en ayuntamientos con baja capacidad recaudatoria”, alegó.
También recordó que la mayoría de los municipios yucatecos no cuenta con una base fiscal robusta y depende en gran medida de transferencias federales.
“El DAP ha sido, para muchos ayuntamientos, un instrumento que permitió sostener financieramente el servicio sin comprometer otras áreas prioritarias”.
En caso de que la SCJN confirme la inconstitucionalidad del esquema actual, consideró que el Congreso local deberá actuar con rapidez para rediseñar el mecanismo de cobro bajo criterios constitucionales claros.
“Cuotas fijas técnicamente justificadas. Esquemas diferenciados por tipo de predio. Estudios reales de costo del servicio. Transparencia en el destino del recurso”, enumeró.
“Lo que no podemos permitir es un vacío financiero que termine castigando a los ciudadanos con calles oscuras o municipios debilitados. Tampoco podemos permitir improvisaciones”.
Torres Peniche añadió que la estabilidad financiera municipal es indispensable para la gobernabilidad local.
“En este momento lo prudente es evaluar cuánto representa el DAP en cada municipio”, refirió. “Diseñar escenarios financieros alternativos. Preparar reformas con base técnica antes de que haya una sentencia definitiva. Evitar que la incertidumbre jurídica se traduzca en inestabilidad presupuestal”.+