La salida de Rogerio Castro Vázquez de la delegación de la Secretaría de Bienestar en Yucatán detonó una serie de posicionamientos entre las principales fuerzas políticas del estado, que coinciden en que la renuncia no puede pasar sin explicaciones claras ni revisión institucional.
Para la oposición, el relevo no es un simple ajuste administrativo, sino un movimiento que revela tensiones internas y posibles irregularidades en una de las áreas más sensibles del gobierno federal: la distribución de apoyos sociales.
El diputado Álvaro Cetina Puerto, presidente del PAN Yucatán, señala que el hecho genera incertidumbre y sospechas. “Lo primero que hay que decir con claridad es que esta no es una ‘renuncia’ menor ni un movimiento administrativo cualquiera. Cuando el delegado federal de Bienestar en un estado se va de manera abrupta, sin una explicación pública clara, con versiones encontradas y señalamientos que incluso hablan de posibles actos de corrupción, lo que se genera es incertidumbre, no estabilidad”.
Desde su perspectiva, la salida del ahora exdelegado tiene implicaciones más profundas. “La salida de Rogerio Castro refleja algo más profundo: desorden interno y falta de control político y financiero en una de las áreas más sensibles del gobierno federal, que es el manejo de los programas sociales y del dinero de la gente”.
El dirigente panista subraya que su partido exigirá revisión puntual del ejercicio presupuestal. “Sobre si exigiremos transparencia, la respuesta es clara: sí. La Delegación de Bienestar maneja miles de millones de pesos en Yucatán, recursos que no son del gobierno ni de un partido, son de la gente. Y cuando quien encabeza esa delegación se va sin rendir cuentas, lo mínimo que corresponde es una revisión puntual de cómo se operaron los programas, cómo se ejercieron los recursos y bajo qué criterios se tomaron las decisiones”.
Añade que no se trata de un asunto político, sino de responsabilidad pública. “La transparencia no es un favor: es una obligación”, resalta.
“Esperamos algo muy concreto: que deje de ver a Bienestar como un botín político o una plataforma personal; que garantice reglas claras, padrones confiables, operación institucional, respeto absoluto a la ley y, sobre todo, un informe claro y completo de lo que hizo su antecesor. Bienestar no puede seguir siendo una oficina improvisada ni rehén de los vaivenes internos de un partido político”, dijo respecto al perfil que debería asumir la titularidad.
Para Cetina Puerto, el movimiento refleja fragilidad. “Sobre si este cambio refleja estabilidad o debilidad, lo digo con toda claridad: refleja debilidad y genera sospechas. Un gobierno sólido no cambia piezas clave sin explicar por qué. Un gobierno responsable no normaliza la opacidad. Y un gobierno que presume estabilidad no puede permitirse crisis silenciosas en el área que presume como su principal bandera social”.
Finalmente, adelanta que el PAN mantendrá vigilancia política. “Vamos a ser muy claros, vamos a vigilar, vamos a exigir cuentas y vamos a alzar la voz, porque en Yucatán los programas sociales no pueden usarse con discrecionalidad ni quedar atrapados en pugnas internas del gobierno. Aquí no se trata de colores ni de partidos. Se trata de cuidar a la gente, de cuidar su dinero y de garantizar que los apoyos lleguen a quien los necesita y lleguen cada vez más. El reto es claro: veremos si el gobierno de Morena investiga y actúa frente a la posible corrupción, o si, como en otros casos, decide solaparla y guardar silencio”.
Desde el PRI, Gaspar Quintal Parra, diputado y presidente estatal del tricolor, considera que el relevo forma parte de una depuración política.
“Tal como se ha señalado en los medios de comunicación serios del estado, la lectura más clara de estos hechos es una purga del gobierno federal de los lastres heredados del sexenio anterior. El funcionario citado había sido señalado por múltiples actos de corrupción en su encargo previo en el Infonavit, incluyendo nexos con empresas fraudulentas y un enriquecimiento inexplicable”, indica.
En su análisis, el mensaje también alcanza al ámbito local. “A nivel estatal, esta es una señal inequívoca para el gobierno local: el mando y el aparato de control electoral residen en el centro. Es decir, las decisiones políticas se tomarán en la capital de la República y no aquí, en Yucatán. Veremos cómo las candidaturas del partido oficial obedecerán más a los intereses del centro que a las instancias locales; una muestra más de la restauración autoritaria de corte centralista que se está realizando en el país”.
Antecedente
El legislador priista exige indagatorias formales. “Exigimos una investigación amplia sobre estos señalamientos. La impunidad no puede tener cabida. Lamentablemente, esa no es la práctica del gobierno actual; ahí está el caso del senador Adán Augusto, a quien solamente separaron del cargo sin ninguna investigación ni sanción por sus presuntos nexos con grupos criminales”.
Sobre la operación futura de los programas sociales, advierte riesgos electorales. “Esperamos que este cambio sea para bien y no para asegurar el uso electoral de las becas ciudadanas. Conocemos casos de engaños donde se pide a la gente firmar formatos para recibir un apoyo, solo para descubrir después su afiliación forzosa a Morena. Es imperativo que no se refuercen estas prácticas que constituyen un delito electoral”.
Para Quintal Parra, el relevo confirma tensiones internas en el oficialismo. “Este escenario refleja la crisis interna del gobierno federal: un conflicto entre las corrientes leales al expresidente López Obrador y aquellas que se identifican con la presidenta actual. En última instancia, es la confirmación de que las decisiones sobre Yucatán no se tomarán aquí, sino en la CDMX, tal como ocurría en el antiguo régimen, lo que refleja debilidad de los actores políticos locales del partido oficial”.
En Movimiento Ciudadano, la postura se centra en la necesidad de claridad institucional. Javier Osante Solís, coordinador de la bancada naranja en el Congreso del Estado, subraya que el relevo no debe analizarse de manera aislada.
“La salida del delegado no puede analizarse como un hecho aislado. Durante años se han señalado inconsistencias y presuntas irregularidades en su desempeño público, particularmente en su etapa en el Infonavit. Desde el Congreso del Estado levantamos la voz en su momento respecto a temas pendientes, posibles conflictos de interés y señalamientos que incluso fueron documentados por diversos medios, entre ellos el Diario de Yucatán. Más allá de la renuncia, lo importante es que exista claridad. Cuando un funcionario de alto nivel deja el cargo en medio de cuestionamientos, la ciudadanía merece una explicación puntual y transparente. La política pública no puede sostenerse sobre dudas”.
En cuanto a la fiscalización, fue categórico. “Por supuesto. La transparencia no es opcional, es una obligación legal y moral. Los programas sociales administran recursos públicos que pertenecen a la ciudadanía, particularmente a los sectores más vulnerables. Si hubo irregularidades o desorden administrativo, corresponde a las instancias competentes revisarlo con rigor. Al tratarse de recursos federales, la Auditoría Superior de la Federación debe intervenir y realizar las revisiones necesarias. No se trata de un asunto partidista, sino de rendición de cuentas. La continuidad institucional exige que quien llegue reciba información clara, estados financieros verificables y procesos debidamente documentados”.
Relevo
Sobre el perfil del próximo titular, dijo que se espera a alguien con experiencia administrativa, conocimiento del territorio y sensibilidad social. “Consideramos que sería positivo que quien asuma la titularidad sea una persona yucateca, que conozca de primera mano las necesidades de las comunidades y las particularidades del estado. Además, es indispensable que se esclarezcan las razones de la renuncia. La estabilidad institucional se construye con información abierta y decisiones transparentes, no con versiones extraoficiales”.
También evalúa el impacto político del cambio. “Cuando se producen relevos en medio de señalamientos y sin una explicación institucional amplia, inevitablemente se genera percepción de inestabilidad. También llama la atención la forma en que se ha manejado el nombramiento del posible sucesor. En política, la forma comunica tanto como el fondo. La ausencia de un proceso público y formal alimenta dudas sobre la coordinación entre el gobierno federal y el estatal. Los programas sociales deben estar blindados de disputas políticas. Lo que está en juego es la confianza ciudadana y el bienestar de miles de familias yucatecas”.
Las mismas preguntas se enviaron al diputado Wilmer Monforte Marfil, coordinador de la bancada de Morena, pero hasta la tarde del viernes no había contestado.