La posibilidad de una paralización parcial del sistema de transporte Va y Ven encendió las alertas entre las cámaras empresariales de Yucatán, que advirtieron consecuencias económicas y sociales de gran alcance.
La Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) Mérida y la Cámara Nacional de la Industria de Transformación (Canacintra) Yucatán coincidieron en que el problema surge de las dificultades financieras que enfrentan los concesionarios para mantener la operación, por lo que pidieron una pronta solución.
El gobierno del Estado y la ATY difundieron ayer un posicionamiento en el que aseguraron “que ninguna familia yucateca se quedará sin transporte”.
La autoridad estatal confirmó que atenderá los compromisos financieros y las obligaciones pendientes conforme a los contratos vigentes —aunque no informó cuándo cumplirá con ellos—, pero sostuvo que el modelo original del Va y Ven permitía pagos por kilómetros no recorridos, una condición que generaba sobrecostos financieros insostenibles para el erario.
Para subsanar esta situación, en el citado comunicado se justificó la reciente aplicación del Decreto 187/2026, vigente desde el pasado 26 de mayo, mediante el cual el Congreso del Estado sustituyó el esquema de “kilómetro garantizado” por el pago estricto de kilómetros efectivamente recorridos.
Advertencia de problemas financieros
David Reyes Aguiar, presidente de Coparmex Mérida, indicó que el problema no debe interpretarse como una amenaza directa de paro por parte de las empresas transportistas, sino como una advertencia sobre los problemas financieros que enfrentan para mantener la operación.
“Lo que están advirtiendo los transportistas es que les deben dinero y que necesitan que les cubran los adeudos para que ellos puedan a su vez dar sus gastos de operación”, puntualizó.
Sin embargo, dijo que si el servicio llegara a detenerse, las consecuencias serían severas para toda la población.
“Aquí la preocupación va más allá del impacto en las empresas, viendo yo que mueven alrededor de 500 mil viajes diarios el sistema de transporte. Si esto se paralizara sería verdaderamente inoportuno para la vida de todas las personas que dependen del servicio para su movilidad”, afirmó.
El dirigente empresarial dijo que el impacto alcanzaría a trabajadores, estudiantes, personas que requieren atención médica y ciudadanos que diariamente necesitan desplazarse para realizar sus actividades.
“Se trastocaría la vida de la ciudad. Esto es algo que no debe de ocurrir, por ningún motivo los servicios públicos no deben de parar nunca”, agregó.
Por su parte, el presidente de Canacintra Yucatán, Esteban Roche Rivero, dijo que la primera afectación para las empresas sería el ausentismo laboral.
“Si se llegara a suspender una parte importante del servicio, lo primero que resentiremos es la asistencia. El trabajador que no llega no es irresponsable, es que no tiene cómo moverse. Eso lo pagamos todos: el empleado, la empresa y los ciudadanos”, expresó.
Roche Rivero señaló que existe una alta dependencia del transporte público, especialmente entre trabajadores que viven en zonas alejadas del centro de la ciudad. “Hay sectores donde la mayoría de los colaboradores llega en Va y Ven. No es un lujo para ellos, es su única opción real”.
Ambos líderes empresariales coincidieron en que una interrupción del servicio generaría pérdidas económicas importantes.
Reyes Aguiar consideró que los efectos no solo se reflejarían en las empresas, sino en toda la sociedad. “Todos perdemos. Cuando las cosas se desperdician, por supuesto que tendrían pérdidas las empresas, como también tendrían pérdidas los trabajadores y tendría pérdidas la sociedad”.
Incluso alertó sobre las consecuencias que tendría para personas que requieren trasladarse a consultas médicas o tratamientos.
Una afectación que se multiplica
En el mismo sentido, Roche Rivero señaló que un solo día de interrupción tendría repercusiones difíciles de recuperar. “Los productos que no se fabrican, las ventas que no se hacen, los servicios que no se prestan; esos no regresan”.
Luego añadió que si el conflicto se prolongara durante varios días, las afectaciones crecerían exponencialmente. “La afectación se multiplica. Empiezan los incumplimientos, se tensa la relación con clientes y proveedores, y se manda una señal muy mala para una ciudad que quiere seguir atrayendo inversión”, advirtió.
Los representantes empresariales hicieron un llamado a las autoridades y a los concesionarios para privilegiar el diálogo y encontrar una solución definitiva.
“Sentarse a dialogar y solucionar el problema de fondo, porque creo que lo que estamos viendo es un síntoma del problema”, indicó Reyes Aguiar, quien consideró necesario transparentar la situación financiera y operativa del sistema para identificar las causas que han derivado en la actual crisis.
A su vez, Roche Rivero pidió resolver la controversia con prontitud para evitar que los usuarios terminen pagando las consecuencias. “Que se sienten a dialogar y que lo resuelvan. Con respeto, pero con urgencia. El ciudadano, el trabajador y el empresario que salen a trabajar no tienen por qué cargar con un problema que no es suyo”.
Aunque reconocieron que algunas empresas podrían implementar acciones extraordinarias para enfrentar una eventual suspensión, ambos dirigentes coincidieron en que esas alternativas serían limitadas y costosas.
“No quiero ni pensar qué es todo lo que habría que hacer si se da una suspensión del servicio. Por supuesto cada empresa implementará todas las medidas que su capacidad tenga para solucionar. Pero yo creo que es algo que no debemos permitir que suceda”, dijo Reyes Aguiar.
Roche Rivero explicó que, particularmente en la industria manufacturera, el trabajo remoto no representa una opción viable. “En un 90%, no se puede trabajar a distancia ni es fácil o recomendable mover turnos, ya que también implica más costos. Lo que hagamos será un parche, no una solución. La solución es que el transporte funcione”, concluyó.
Pérdidas económicas
Los líderes empresariales coincidieron en que incluso una suspensión breve del Va y Ven provocaría pérdidas económicas, retrasos productivos y afectaciones a la competitividad estatal. El gobierno del Estado ofreció que el servicio no se interrumpirá, pero no dijo cuándo ofrecerá una solución.