Siguen las señales de colapso en las finanzas de Isstey
Yucatán no está exento del colapso en el sistema de pensiones, que tiene una vertiente muy complicada en el sector público, según han advertido varias voces.
En nuestras ediciones de ayer y anteayer publicamos, en la sección Nacional-Internacional, que el sistema de pensiones en el mundo está colapsando, principalmente por el aumento de la esperanza de vida.
En México, las pensiones se están convirtiendo en un hoyo negro que en 2024 absorberá la mitad de lo que recaudará el gobierno.
En 2022, de acuerdo con el Proyecto de Presupuesto de Egresos de la Federación, dos de cada diez pesos estarán destinados al pago de pensiones. Es el 20% del gasto, un porcentaje récord.
En medio de esa tendencia, el eslabón más débil del sistema de pensiones mexicano es el de la función pública, a juzgar por las estadísticas y las proyecciones financieras.
Se trata de un problema no solo federal sino también de los estados. En el caso de Yucatán así se advirtió, por ejemplo, en octubre de 2019, cuando se aseguró que el Instituto de Seguridad Social de los Trabajadores del Estado de Yucatán (Isstey) está en inminente quiebra.
Entonces se señaló que si no se modifica el marco legal a corto plazo, el instituto devorará un presupuesto mayor que el de Mérida y amenazará con paralizar al gobierno, comenzando con la obra pública.
La actual normatividad de las pensiones y jubilaciones de la administración estatal se publicó en 1976, cuando la esperanza de vida de los yucatecos era de 61 años. Hoy, el yucateco promedio vive 74.
En contraste, el espíritu de la ley continúa siendo el mismo. En más de cuatro décadas solo se le han realizado modificaciones de forma, nunca de fondo. Yucatán, Chiapas y Nayarit son las únicas entidades del país que no han adaptado sus sistemas de pensiones y sueldos a la nueva realidad.
Administraciones pasadas optaron por medidas paliativas que no resolvieron el problema de fondo. Durante la administración 2007-2012, que encabezó Ivonne Ortega Pacheco, el adeudo histórico al instituto fue de $2,081 millones. Para liquidar esa suma, el gobierno de Rolando Zapata Bello creó el Fideicomiso de la Reserva de Ucú en diciembre de 2014. Sin embargo, dicha administración, de acuerdo con el último informe financiero del instituto, dejó un adeudo de más de $173 millones al Isstey por concepto de cuotas vencidas más intereses moratorios.
Al 31 de mayo de 2021 había 6,777 jubilados del Isstey, cuyo importe mensual asciende a 80 millones 242,591 pesos.
En cuanto a ingresos, el año pasado las cuotas de los trabajadores alcanzaron 345 millones 560 mil pesos. Por otros conceptos —el centro Costa Club, por ejemplo— ingresaron $261.720,000. El gobierno del Estado dio una aportación ordinaria de $716.030,000.
Los excedentes a favor del Isstey del año pasado, de 555 millones 900 mil pesos, empezaron a bajar en 2021 y desaparecerán por completo en 2023, según las proyecciones. Ese año empezarán a reflejarse los números rojos, que tendrán que compensarse con aportaciones extraordinarias del gobierno.
A partir de 2022, el Ejecutivo tendrá que dar más de 235 millones de pesos en aportaciones extraordinarias, cifra que aumentará exponencialmente cada año.
En 2030, el próximo gobernador del Estado tendrá que responsabilizarse del pago, con fondos públicos, de más de dos mil millones de pesos para que el sistema de pensiones no colapse.
Si se opta por vender los activos del Isstey, específicamente sus inmuebles, que alcanzan los 3 mil 300 millones de pesos según sus valores reportados , el instituto puede funcionar unos años más. Sin embargo, en los hechos solo se atrasará la quiebra total de 2022 a 2028.— ÁNGEL NOH ESTRADA