CHETUMAL.— La extradición a México del ex gobernador Roberto Borge Angulo representa “una excelente oportunidad” para hacer justicia, pero también una prueba de fuego para las autoridades de no caer en la tentación de convertir el proceso en una persecución política en un año electoral, expresó Raúl Cazares Urban, representante del Observatorio legislativo capítulo Chetumal.
Al margen de todas las acusaciones que presentó el gobierno del estado para sustentar su acusación en contra de Borge Angulo, también es preciso esperar el desarrollo de todo el proceso que van a realizar las autoridades federales, agregó.
Los quintanarroenses buscan que se haga justicia, pero también que no se aproveche esta situación con fines políticos, añadió.
El activista reconoció que desde la captura de Borge Angulo en Panamá se tuvieron buenos indicios de que el combate a la impunidad y la corrupción “pareciera que va en serio”.
En ese sentido, admitió que también los funcionarios deben tomar en cuenta que la población estará muy pendiente de lo que hagan.
“No podemos sacar conclusiones hasta que se dicte sentencia, pero sí podemos decirle a los actuales funcionarios, que el combate a la impunidad va en serio”.
La ciudadanía espera que se castigue el quebranto de las finanzas y el daño patrimonial, aseveró.
“Si bien el principal responsable y el que mandaba en todo fue Roberto Borge, también se debe castigar a sus cómplices”, enfatizó.
“Sus colaboradores también deberían estar sujetos a proceso legal y pagar por sus actos; el asunto no termina con Borge (Angulo) en la cárcel”, consideró.
Por su parte, el presidente de la Cámara Nacional de Comercio (Canaco), en Chetumal, Eloy Quintal Jiménez, señaló que si bien es un asunto jurídico, también representa una excelente oportunidad para observar el “comportamiento político” de las autoridades.
El PAN exigió que Borge Angulo sea juzgado como cualquier otra persona, pero que se aplique de “todo el peso de la ley”, aseveró su dirigente estatal, Juan Carlos Pallares.
“El llamado a las autoridades actuar con todo el peso de la ley para con los cargos que se le imputan”.
Pallares Bueno argumentó que pese a ser cuatro de los delitos por los cuales será procesado, aprovechamiento ilícito del poder, desempeño irregular de la función pública y peculado, es preciso que los bienes incautados sean devueltos al Estado, pues sólo de esta manera se repararan los daños.
“Debemos mantenernos alerta los ciudadanos, quienes padecimos la importancia del enriquecimiento ilícito del ‘borgismo’, quienes vimos el descaro del expriísta, de que éste no salga libre ni que viva un proceso con irregularidades protegido por las autoridades, sino todo lo contrario, que se le enjuicie como a cualquiera”, enfatizó.— Agencia Infoqroo
Sostuvo que no solo los quintanarroenses, sino los mexicanos “estamos hartos” de los abusos del poder de los priístas, por lo que se esperamos justicia y caigan también sus colaboradores.
Aseveró que es preciso seguir los pasos de socios de Borge Angulo como César Celso González Hermosillo y Melgarejo, socio mayoritario de la firma de la empresa Impulsora Marítima de Quintana Roo y el Caribe, conocida como Barcos Caribe, constituida en 2012; así como a María de Lourdes Pinelo Nieto, empleada del padre del exgobernador, contra quienes también hay órdenes de aprehensión.