REPÚBLICA DOMINICANA.- El acoso judicial se ha consolidado como uno de los principales mecanismos de censura en México. Gobernadores, legisladores y funcionarios han recurrido a figuras legales como la “violencia política de género” y demandas por daño moral para inhibir la crítica y limitar la labor periodística señala la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP).
Casos destacados en México
Los incidentes más notorios se registraron en Campeche y Sonora, aunque también hubo sanciones en Veracruz, Nuevo León, Coahuila y Tamaulipas.
Entre los afectados se encuentran periodistas consolidados y ciudadanos activos en redes sociales, según el informe más reciente de la SIP sobre la libertad de expresión.
Durante la 81ª Asamblea General de la SIP, se presentó el reporte de México elaborado por la Comisión de Libertad de Expresión, que señala:
“La libertad de prensa enfrentó un panorama complejo, especialmente por el uso de instrumentos judiciales y regulatorios para limitar la crítica”.
Ejemplos de acoso judicial
El informe menciona casos como el de Héctor de Mauleón y el diario El Universal, demandados por la exconsejera jurídica del gobierno de Tamaulipas, Tania Contreras López, bajo acusaciones de calumnia y violencia política de género.
A pesar de que el Instituto Nacional Electoral (INE) determinó que no existía violencia política de género, ordenó retirar la columna, sancionar al medio y exigir disculpas públicas, decisión que fue impugnada ante el Tribunal Electoral de Tamaulipas.
Asimismo, en Campeche, la gobernadora morenista Layda Sansores demandó al periodista Jorge Luis González Valdez, vinculado a un proceso por incitación al odio y violencia de género.
Un juez ordenó cerrar el diario Tribuna durante dos años, prohibió al periodista ejercer la profesión en ese lapso y asignó un censor para revisar sus columnas antes de ser publicadas.
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González Valdez también enfrenta una demanda civil de Walther Patrón Bacab, vocero del gobierno, mientras que otros reporteros, Abraham y Carlos Martínez, también fueron demandados.
En el ámbito digital, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación sancionó a Karla María Estrella por un comentario en X, antes llamado Twitter, sobre nepotismo, imponiéndole multa, disculpa pública durante 30 días.
Asimismo, su inscripción en el Registro Nacional de Personas Sancionadas en Materia de Violencia Política de Género hasta 2027.
La afectada anunció que llevará el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
Casos en Coahuila y Puebla
Otros ejemplos incluyen el diario Vanguardia de Saltillo, que enfrentó un litigio mercantil supuestamente por un adeudo antiguo, derivando en embargos sobre sus bienes.
El medio denunció que el juicio se resolvió con rapidez extraordinaria, criterios jurídicos débiles y posibles conflictos de interés, reforzando la percepción de hostigamiento judicial.
Por otra parte, el gobierno de Puebla aprobó una reforma al Código Penal estatal que introduce el delito de “ciberasedio”, que sanciona con hasta tres años de prisión y multas a quienes ofendan de manera insistente a través de medios digitales.
Aunque la reforma buscaba combatir delitos como acoso, robo de identidad y grooming, también generó preocupación por su impacto en el periodismo.
Tras la protesta de la prensa, los legisladores moderaron el texto para proteger la labor informativa.
Transparencia limitada y acceso a información
Finalmente, el informe destaca que periodistas y ONG han denunciado que la oficina de Transparencia para el Pueblo, creada en reemplazo del desaparecido Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, desechó el 99.6% de las solicitudes de información, limitando aún más el acceso a datos públicos y la rendición de cuentas.