MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) manifestó su preocupación por el entorno en el que se desarrollan los litigios fiscales relacionados con TV Azteca y empresas del Grupo Salinas, luego de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) confirmó los criterios fiscales en siete juicios de amparo promovidos por el empresario Ricardo Salinas Pliego.
Aunque estos procesos avanzan en el ámbito legal, la SIP considera que el contexto público en torno al caso podría generar condiciones adversas para el ejercicio periodístico.
Posible impacto en los medios
De acuerdo con la SIP, el tratamiento mediático y político del caso ha estado acompañado de descalificaciones desde espacios oficiales, así como de llamados de diversos actores para revisar concesiones.
Este ambiente, advirtió, puede interpretarse como una presión indirecta sobre la televisora y, en consecuencia, sobre quienes realizan trabajo informativo.
Además, la organización destacó que, según información difundida por la propia empresa, las discusiones fiscales han ocurrido en paralelo al cuestionamiento público de la labor del medio y de sus periodistas, lo que podría generar un clima que inhiba la libertad editorial.
Riesgos para la autonomía editorial
La SIP recordó que, en escenarios donde confluyen litigios legales y señalamientos públicos, existe el riesgo de que las disputas se utilicen para afectar la autonomía editorial de los medios.
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Por ello, subrayó la importancia de garantizar que cualquier resolución o proceso se mantenga estrictamente en el marco jurídico, sin que se convierta en un instrumento que limite la cobertura o condicione la independencia informativa.
Durante su posicionamiento, Pierre Manigault, presidente de la SIP, expresó confianza en que las autoridades mexicanas actuarán con estricto apego a la ley y con pleno respeto a las garantías constitucionales.
Además, reiteró que el interés central del organismo es asegurar que cualquier disputa relacionada con medios de comunicación no genere efectos indeseados sobre su operación cotidiana ni sobre el derecho de la ciudadanía a estar informada.
Llaman a evitar interferencias políticas
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), señaló que las diferencias legales entre el Estado y empresas mediáticas deben procesarse sin interferencias políticas.
Asimismo, consideró necesario evitar discursos que puedan interpretarse como intentos para inhibir el trabajo periodístico, ya que estos mensajes reducen la confianza en el ejercicio de la libertad de prensa.
Finalmente, la SIP afirmó que mantendrá seguimiento permanente al desarrollo de estos litigios.
Además, confió en que las instituciones mexicanas garantizarán un entorno que permita a los medios desempeñar su labor con independencia, pluralidad y estricto respeto a la ley.