MIAMI.- La Sociedad Interamericana de Prensa (SIP) alertó sobre un preocupante incremento de procesos judiciales dirigidos en los últimos días contra periodistas y medios de comunicación en Colombia.
Según la organización, esta tendencia muestra un patrón de hostigamiento legal que busca intimidar, censurar y obstaculizar la labor informativa independiente.
Dos casos recientes de acoso legal
Entre los episodios más recientes destacan las situaciones que enfrentan la periodista Lorena Beltrán y la columnista Ana Bejarano Ricaurte.
Beltrán, quien se encuentra exiliada, vive un nuevo capítulo de persecución judicial que incluso ha alcanzado el país donde reside actualmente, de acuerdo con la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).
La reportera había investigado a cirujanos plásticos señalados de operar sin cumplir los requisitos legales.
Debido a ello, ya acumulaba cuatro acciones de tutela promovidas por los médicos denunciados.
El 31 de diciembre de 2025 recibió la notificación de un quinto proceso, entregado directamente en su domicilio actual, una dirección que antes no era pública. Este hecho incrementó su preocupación por la propia seguridad.
Columnista enfrentará demanda promovida por candidato presidencial
Además, la semana pasada el candidato presidencial Abelardo de la Espriella anunció acciones judiciales contra la columnista Ana Bejarano Ricaurte.
La medida responde a una opinión publicada el pasado 11 de enero, en la que la autora cuestionó su trayectoria profesional y su discurso político, particularmente en lo relacionado con Alex Saab, señalado como presunto testaferro de Nicolás Maduro y detenido en Estados Unidos.
El presidente de la SIP, Pierre Manigault, afirmó que estas acciones reiteradas representan un uso indebido del sistema judicial con el fin de castigar y silenciar voces críticas, además de inhibir investigaciones de interés público.
Manigault advirtió que este tipo de hostigamiento limita el derecho de la ciudadanía a recibir información plural y oportuna, pues coloca a periodistas y medios en un ambiente de presión constante.
Piden garantizar un entorno seguro
Por su parte, Martha Ramos, presidenta de la Comisión de Libertad de Prensa e Información de la SIP y directora editorial de la Organización Editorial Mexicana (OEM), subrayó que la instrumentalización del aparato judicial contradice los principios democráticos y los estándares interamericanos sobre libertad de expresión.
TE PUEDE INTERESAR: Aumenta la tensión entre la UE y EE.UU.: Trump insiste en tomar el control de Groenlandia
En ese sentido, exhortó a las autoridades colombianas a implementar salvaguardas eficaces contra el acoso legal y a garantizar un ambiente seguro para el ejercicio del periodismo.
Asimismo, llamó a jueces y fiscales a actuar con estricto apego a las normas internacionales en la materia.
SLAPPs, una herramienta para intimidar
La SIP recordó que las acciones legales abusivas, conocidas como SLAPPs (Strategic Lawsuits Against Public Participation), no buscan reparar daños legítimos.
Por el contrario, tienen como propósito desgastar emocional y económicamente a periodistas, promover la autocensura y desincentivar investigaciones relevantes para la sociedad.
La Declaración de Principios sobre la Libertad de Expresión de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos establece que cualquier tipo de presión para silenciar la labor informativa es incompatible con este derecho fundamental.
De igual manera, la Declaración de Chapultepec sostiene que ningún periodista o medio debe ser castigado por publicar información veraz o por cuestionar al poder público.