La activista Dariana Quintal Narváez pidió a las autoridades judiciales “transparencia y apegarse a derecho” en el caso de tres ejidatarios de Motul acusados de daños en propiedad ajena y privación ilegal de la libertad, hechos ocurridos en 2019.
La abogada acudió a una audiencia intermedia en el Centro de Justicia Oral de Mérida, la cual fue diferida a petición de la misma con la intención, dijo, de preparar mejor su defensa.
Tras la suspensión de la audiencia, la litigante acusó a una persona de nombre Miguel Vargas, señalado como apoderado legal del Poder Judicial del Estado, de solicitar $150,000 como garantía de los daños ocasionados a la casa ejidal de Motul.
Ejidarios, adultos mayores y campesinos
Ella lo calificó de un acto deshumano porque, a su juicio, no existe evidencia para señalar que se configuraron los supuestos hechos y no están analizando la situación de las tres personas de la tercera edad, campesinos que viven al día.
Asimismo, enfatizó en que la carpeta de investigación no tiene elementos para procesar a los tres ejidatarios.
En cambio, dijo, sí hay pruebas de que no ocurrieron los hechos, la Policía Municipal de Motul entregó un Informe Policial Homologado (IPH) en el que se acredita que en ningún momento hubo algún tipo de violencia ese día en la población.
“Esto tiene un trasfondo, hay gente que se beneficia de esto. Nada se hace gratis”, explicó la abogada.
Los ejidatarios, Luis Armando C. S. y Sixto Jorge N. A., acusaron a la “mafia agraria” de estar detrás de estas injusticias y coincidieron en que su objetivo son más de 20 mil hectáreas de monte.
“Hay compañeros que tienen problemas y les estoy ayudando. Por eso se fueron contra mí”, dijo Luis Armando.— Gabriel Chan Uicab