PROGRESO.— Sin lugar a dudas, el retén con alcoholímetro ya es el gran negocio y la caja chica de la Policía Municipal, pues imponen multas que van de $9,000 a más de $15,000, expresó ayer Manuel Muñoz Silva, abogado que fue juez de Paz en el Ayuntamiento 1998-2001, de Porfirio Trejo Zozaya.
Progreso queda mal parado con los robos que vendedores ambulantes cometen contra turistas en el malecón, los excesivos cobros por camastros, sombrillas y platillos en el mismo sitio y ahora con el retén con alcoholímetro del que son víctimas los paseantes, indicó.
Y se va a la basura todo lo que la Comuna gasta, agregó, para promover a Progreso en el país y en los viajes del alcalde Julián Zacarías Curi al extranjero para gestionar la llegada de más cruceros.
Al igual que el dirigente pesquero José Luis Carrillo Galaz, Muñoz Silva coincidió en que los retenes con alcoholímetro que la Policía Municipal instala los fines de semana en la glorieta a Chelem y la salida de Progreso pasaron de prevenir accidentes a recaudar dinero.
Policia Municipal en Progreso, ”autónoma”
Afirmó que al parecer el Ayuntamiento no manda en su Policía y ésta sería controlada por la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) estatal, la cual designa al director policíaco local.
Indicó que ya se logró posicionar a Progreso como un destino turístico, hay muchas inversiones en hoteles y restaurantes, hay obras públicas y privadas en la ciudad y las comisarías, pero toda esa promoción se pierde con acciones negativas.
“Se invita a la gente a visitar la ciudad y los puertos, conocer el Museo del Meteorito, el Sendero Jurásico (en Chicxulub), la (Villa) Pig Beach (en Yucalpetén) e Isla Columpios en Chuburná, pero cuando emprenden el retorno son atrapados en los retenes y les bajan considerables sumas de dinero”, narró el exfuncionario.
El retén de alcoholímetro debe ser preventivo, para prevenir accidentes en las carreteras, para un retorno seguro a casa, se debe orientar a los conductores y dar la oportunidad para cambiar de conductor, que maneje otra persona que no ha consumido alcohol, pero eso tampoco lo permiten, pues las instrucciones son aplicar la multa y que timbre la caja de la Policía, insistió.
El policía municipal se olvida que es servidor público, que está para atender a los ciudadanos, y que si el conductor del vehículo que supuestamente no pasó la prueba pide explicaciones e información, pues se las debe proporcionar, pero en cambio, en clara violación a los derechos humanos y de manera arbitraria, lo detienen, abundó el abogado.
Muñoz Silva aludió al caso de un turista de Guerrero que por pedir que le muestren el resultado de su prueba, lo detuvieron y debió pagar $6,000 para sacar su auto del corralón, además de los $9,000 de multa por “guiar ebrio” que le impusieron el sábado pasado en el retén de la glorieta a Chelem.
Dijo que los ciudadanos esperan que haya mejor trato en el alcoholímetro, que éste sea verdaderamente preventivo y los agentes actúen con profesionalismo.