(Primera Columna publicada el 20 de enero de 2008)
Se siente el clima de solidaridad con la pena que padecen dos familias tocadas por la tragedia de Montebello y lastimadas por las versiones que circulan alrededor.
Las referencias a una intervención de delincuentes profesionales y la escasez de información oficial han detonado una explosión de conjeturas y rumores que fomentan la incertidumbre, el malestar y el temor en una sociedad que tiene los nervios crispados por la comprobada o presunta presencia del crimen organizado en delitos recientes. Delitos que por las circunstancias públicas en que han ocurrido atentan contra nuestra fama de ciudad tranquila y confiada.
El antídoto contra las versiones que provocan confusión y alarma es la verdad con firma responsable que la garantice. La verdad comprobable que es revelada por la autoridad y difundida por los medios de comunicación. La experiencia es testigo de que a menor información mayor número de versiones y más grande también el riesgo de que lleguen a extremos que puedan ser descabellados.
En auxilio de su misión de velar por la seguridad pública y salir al paso de esas versiones que la disminuyen, las autoridades judiciales cuentan con procedimientos de validez universal que la ciencia criminalística pone a su disposición. Peritajes como las pruebas de Walker y el rodizonato de sodio, fáciles y exactos cuando se les hace con eficiencia, indican con prontitud, en los casos de heridas por arma de fuego, quiénes han disparado y a qué distancia se efectuaron los disparos. No es algo del otro mundo establecer la identidad de un culpable, o un inocente, o llegar a una conclusión compatible con la realidad acerca del número de protagonistas en la comisión de un delito y la hora en que fue cometido.
Convencido de que la conciencia pública de una investigación judicial honrada y adecuada tiende a disipar el temor y la alarma que nacen de la ignorancia, la suposición o el enredo, este periódico ha tratado de informar con oportunidad y suficiencia sobre las pesquisas del ministerio público en problemas como el de Montebello. Poco éxito hemos obtenido.
Este periódico le ha planteado una serie de preguntas al procurador y éste se niega a responderlas invocando “el respeto a la investigación”. Un respeto que el propio ministerio público no practica. En publicaciones distintas salen a la luz datos que a nosotros se nos niegan a pesar de que los solicitamos, como, por citar un caso, los partes médicos sobre las heridas. Como fotografías tomadas en el interior de la casa asegurada. Como información que alimenta la presunción de que a reporteros que no son del “Diario de Yucatán” se les ha facilitado el acceso a las actividades de la procuraduría y al expediente judicial que se está integrando sobre Montebello.
¿En qué faltamos al respeto a la investigación cuando pedimos los nombres de los profesionales que han firmado los partes médicos sobre la defunción y las heridas o las pruebas de rodizonato y de Walker? Nuestras solicitudes buscan subrayar la seriedad y eficiencia de la investigación a cargo de un ministerio público que necesita con urgencia de ese apoyo. Sin embargo, la procuraduría sigue la trayectoria de negarnos lo que pedimos, mientras filtra varias de las respuestas a otros medios de difusión. Un testimonio: el miércoles, mientras se nos ocultaba el parte médico sobre las heridas del joven recluido aún en la clínica Star Médica, ese mismo parte se le proporcionaba al periódico que lo publicó el jueves.
Se impide así al gobierno de Ivonne Ortega Pacheco que los lectores del periódico de mayor circulación —por muy amplio margen— se enteren con oportunidad, suficiencia y certidumbre de la investigación judicial en sucesos delictivos que conmueven y sobresaltan a la sociedad con las versiones que desata. Versiones que han de crecer en número y variedad en el problema de Montebello en vista de las declaraciones atribuidas anteanoche al herido esposo de la joven muerta en el sentido de que fueron atacados por asaltantes. Asaltantes que no robaron nada, de acuerdo con lo que se ha publicado, y por esta razón renuevan el temor de un ajuste de cuentas relacionado con actividades lesivas a la comunidad. Regresa la imagen encubierta de gatilleros del crimen organizado dispuestos a sembrar el terror y la muerte en residencias particulares y sitios de reunión pública.
La procuraduría se halla ante una tarea difícil en la que lejos de estorbar el trabajo de los medios de comunicación, con negativas insubstanciales que generan sospechas, debe buscar su apoyo con información que infunda a la población la confianza en las autoridades llamadas a defenderla. Esperemos que el amparo que la justicia federal ha concedido a José Carlos Guzmán Alcocer contra las acusaciones del ministerio público estatal sea una lección bien aprendida y sea también, a la vez, la oportunidad aprovechada para una rectificación de objetivos y procedimientos. Una rectificación en que la sociedad vea un amparo y no una agresión en las intervenciones de la procuraduría.