Lorenzo Meyer. Foto: Internet

Agenda ciudadana

Lorenzo Meyer (*)

Para cualquier observador de la escena política mexicana ahora queda más claro lo que desde hace mucho se suponía: que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) ha sido instrumento para la transferencia ilegal de recursos públicos al PRI. El supuesto ya es casi certeza tras el juicio que se sigue a exfuncionarios por un fraude de al menos $250 millones que la SHCP autorizó que se destinaran a pagos por servicios educativos en Chihuahua a sabiendas que terminarían en las arcas del PRI mediante el uso de empresas ficticias y que servirían para financiar la fallida campaña electoral de ese partido en ese estado norteño en 2016, (la explicación detallada de la operación está en “Reforma”, del 19 al 27/12/17 y “The New York Times”, 21/12/17).

La trama fue —¿es?— muy sencilla pero requirió de una condición sine qua non: que quien se beneficiaría por la triangulación de recursos —el PRI— controlara toda la pirámide del aparato de gobierno, en particular la institución encargada de asignar y vigilar el uso de los dineros públicos, es decir, a la SHCP. También, que tuvieran una influencia decisiva en los cuerpos encargados de vigilar las elecciones —el INE, el Tepjf y el instituto electoral local— para poder neutralizar cualquier intento de investigación sobre financiación y que, a la vez, los supuestos vigilantes fueran agresivos en la fiscalización de la contabilidad de la oposición.

Si se dan las condiciones anteriores —y el PRI las ha conjugado todas en este sexenio—, entonces se pudo proceder a crear empresas ficticias en Chihuahua y en cualquier otro estado, a las cuales el gobierno federal les pagaría por servicios educativos o de otra índole pero que no se prestarían. A su vez, esas empresas pagarían a otras, también ficticias, hasta lograr que el rastreo de los recursos se perdiera y éstos terminaran, con alguna merma a favor de los intermediarios, en las arcas del PRI.

El plan falló porque, pese a todo, en Chihuahua el gobierno lo ganó un panista sui generis, Javier Corral, que echó a andar una investigación y realmente atrapó en sus redes a esos “peces gordos” que muchos años atrás el PAN había prometido capturar, pero que nunca quiso.

En ciertos círculos se ha rechazado caracterizar al PRI como un partido de Estado. Antes del año 2000, muchos prefirieron calificarlo como predominante, hegemónico o algo semejante. Cuando al iniciarse el siglo actual el PRI perdió “Los Pinos”, esa discusión también pareció perder sentido. Se supuso que, de ahí en adelante, la maquinaria electoral creada por Plutarco Elías Calles sería un jugador más dentro de un sistema de partidos que había transitado del autoritarismo a la democracia, y que las elecciones sin competencia que habían caracterizado a México, eran cosa del pasado. Por definición, se aseguró, en el nuevo sistema no podía haber un partido de Estado ¿o sí?

Maurice Duverger advirtió en su obra clásica sobre los partidos políticos, que estas organizaciones “sufren profundamente la influencia de sus orígenes”, (Los partidos políticos, México, FCE, 1969, p. 15). Y el PRI se originó como partido de Estado. Fue ideado y creado desde la cumbre del poder para organizar ese poder, no para competir por él. El presidente Emilio Portes Gil decretó que los recursos de la nueva institución provendrían de un descuento a los sueldos de los burócratas, pues los servidores del Estado debían ser, en automático, soporte del partido al que debían su empleo. Cuando finalmente se aceptó que ese descuento por nómina era ilegal, se le sustituyó con fondos públicos que no aparecían en la contabilidad oficial y con la asignación sistemática de recursos materiales y humanos de las secretarías de Estado y de los gobiernos locales para apoyar las campañas de los candidatos oficiales.

Se suponía que toda esa financiación estatal e ilegal había llegado a su fin con la derrota del PRI al inicio de este siglo. Y quizá fue el caso a nivel federal, pero no al nivel de entidades como el Estado de México, donde el PRI siguió apegado al viejo estilo y donde el PAN, supuesto verdugo de la antidemocracia, le permitió refugiarse sin modificar su naturaleza de origen y sin ser molestado.

La decisión del PAN de no perseguir a los “peces gordos” de la corrupción priista en los dos sexenios que gobernó y, en cambio, compartir generosamente con sus gobernadores la renta petrolera, se explica por la necesidad panista de contener al enemigo común: A la izquierda encabezada por Andrés López Obrador. En 2012, lo anterior, aunado al rotundo fracaso del PAN como partido gobernante, abrió las puertas al retorno del PRI al poder nacional y a reactivar todas sus prácticas como partido de Estado.

Resultó relativo

Se suponía que la SHCP era una de las pocas dependencias del gobierno federal que, junto con el Banco de México, y las secretarias de Relaciones Exteriores, Defensa y Marina, estaban constituidas por personal de carrera, comprometido con los objetivos de la institución. Sin embargo, frente a la presión y embate de los intereses políticos de sus dirigentes, ese compromiso resultó relativo.

En resumen, la larga batalla del México democrático contra la arraigada y terrible práctica de un partido de Estado que ni puede ni quiere cambiar, es una que debe seguir. Y Chihuahua ha demostrado que puede dar resultados.

Resumen:

“Gracias a las investigaciones del gobierno de Javier Corral en Chihuahua, ahora sabemos lo que antes solo sospechabamos: que la SHCP propicia la transferencia de recursos públicos al PRI.”— Ciudad de México.

agenda_ciudadana@hotmail.com

Investigador y analista político

 

Jessica E. Ruiz Rubio es licenciada en Periodismo y maestra en Gestión de la Mercadotecnia. Comenzó su carrera periodística en 2004, año en que ingresó a Grupo Megamedia. Se especializa en análisis...