¿Fue desactivado el movimiento?
Filiberto Pinelo Sansores (*)
El gobierno federal aparentemente reculó ante la embestida que la Caravana por la Dignidad, encabezada por el gobernador Javier Corral, significaba contra su ya muy escaso prestigio. Pero en realidad maniobró para prevenir daños mayores.
El crecimiento de la indignación nacional por los muchos actos de corrupción impune que le eran restregados todos los días al gobierno de Peña, al paso de la manifestación por los estados de su tránsito hacia la capital, obligó a éste a dejar de descalificarla y de usar argucias legales para detenerla optando, en cambio, por simular que cedía en algunos de sus puntos principales antes que pagar costos mayores por las consecuencias que resultarían para la imagen de su desvaído candidato presidencial.
Lo planteado por el gobernador chihuahuense es algo que afecta a todos los estados del país, pues la manga ancha que tienen los gobiernos estatales de corte priista para manejar recursos les permite desviar grandes cantidades para las campañas de su partido en sus propias entidades o en estados donde no gobiernan. Yucatán no es la excepción. Nomás véanse las ostentosas y permanentes campañas de sus políticos desde que llegan a un puesto para acceder al siguiente.
En consecuencia, comenzaban a prenderse focos de acompañamiento en todo el país, incluyendo nuestro estado, a la acción de un gobernante que representaba el sentir nacional y por la actitud cínica y arbitraria del grupo que gobierna a México, que usa los recursos públicos en beneficio de sí mismo.
El movimiento de Chihuahua se gestó a raíz de que Corral denunció que la Secretaría de Hacienda le había retenido al estado norteño 700 millones de pesos en represalia por la investigación que la Fiscalía estatal estaba haciendo del desvío de otros 250 millones que pararon en el PRI de otros estados. El objetivo de Hacienda y su jefe Peña era liberar a Alejandro Gutiérrez, secretario adjunto del partido, ante el temor de que embarrara a otros capos del mismo y del gobierno.
En el transcurso de la movilización ocurrieron algunos hechos: el gobierno de Peña se sacó de la bolsa una burda estratagema: acusó a Corral de haber torturado a Gutiérrez y, al mismo tiempo, creó una Fiscalía Especial contra el Delito de Tortura para atraer el caso. Asimismo, hizo que la Fepade también maniobrara para atraerlo, con el argumento de que el presunto delito de desvío de recursos federales hacia un partido es de orden federal.
La PGR, a su vez, se puso a imponer multas a la Fiscalía chihuahuense por no atender requerimientos sobre la supuesta tortura al detenido de lujo. El fin era descalificar y desprestigiar.
Nada de lo hecho por desactivarla produjo resultados. Entonces el gobierno optó por su siguiente carta: la negociación. Negociar para desmovilizar.
Es así como la noche del sábado 3, sorpresivamente, Corral y el secretario de Gobernación, Alfonso Navarrete Prida, informaron públicamente que habían llegado a acuerdos que enseguida dieron a conocer.
En el documento que firmaron se dispone: que la PGR llevará al cabo las solicitudes de detención inmediata, con fines de extradición, del exgobernador César Duarte Jáquez y que la Fiscalía del estado de Chihuahua tendrá en el asunto calidad de coadyuvante; asimismo, que el gobierno federal entregará de manera inmediata al de Chihuahua 900 millones de pesos.
A cambio, el gobierno estatal acepta no iniciar una controversia constitucional a causa de la discrecionalidad con que la federación entrega los recursos a los estados, que había anunciado desde que empezó a gestarse la movilización; que Alejandro Gutiérrez sea trasladado a un penal federal ubicado en la entidad, después de ser valorado por Human Right Watch para decidir si fue torturado o no, pero sujeto al mismo proceso que tiene y bajo la jurisdicción del mismo juez.
Es un hecho que la respuesta del gobierno de Peña al de Chihuahua al firmar el acuerdo no soluciona el problema de fondo que está en el origen de las malversaciones de los dineros públicos y los actos de corrupción en la esfera pública. La potestad del gobierno federal de usar o permitir que se usen discrecionalmente esos recursos es lo que ha permitido los desvíos. La controversia constitucional que interpondría el gobernador iba en el sentido de evitar esa práctica. Esa posibilidad se perdió.
En cambio, están en veremos los compromisos del gobierno federal. No habían pasado 24 horas de haber firmado y ya Navarrete había desconocido lo que firmó: “No negociamos entregar 900 millones en la Federación ni negociamos ir en una persecución política sobre un exgobernador (en referencia a Duarte)”; “el gobierno estatal de Chihuahua se comprometió a trasladar a un procesado (Gutiérrez) a un penal federal. Esto permitirá que se investigue el delito de tortura y se castigue a quienes resulten responsables”; eso sí, “el gobierno de Chihuahua entregará a una instancia ministerial federal las carpetas de investigación solicitadas en relación con un supuesto desvío de recursos federales para un partido político” (“Aristegui Noticias”, 4-II-18).
La conducta del gobierno federal priista con respecto a Chihuahua es la misma que aplica en todo el país; en Yucatán también se desvían recursos públicos que van a campañas políticas; aquí también se sustraen dineros del erario para bolsillos privados en lugar de destinarse a obras y servicios públicos. Por eso la caravana suscitó interés entre los yucatecos, algunos de los cuales se manifestaron en la calle en apoyo a ella. Sin embargo, al parecer, la movilización ha quedado desactivada. Ojalá que no.
Hay que reconocer, sin embargo, que logró poner ante los ojos de la opinión pública nacional la forma como se triangula el dinero de los contribuyentes, malversándolo en las campañas del PRI.— Mérida, Yucatán.
fipica@prodigy.net.mx
Maestro en Español. Especialista en política y gestión educativa