Mirada antropológica
Rodrigo Llanes Salazar (*)
El próximo 1 de julio, las y los yucatecos podremos emitir, por primera vez en nuestra historia (si no me equivoco), seis votos: tres federales y tres locales. En el Estado se renovarán todos los 819 cargos de elección popular (gobernador, diputaciones locales y de mayoría, alcaldías, síndicos y regidores) y en todo el país se hará lo propio con un total de 3,400 cargos. Por esa razón, a estas elecciones concurrentes se les ha llamado “históricas”: “la más grande en la historia de México” (“Animal Político”, 8-1-18).
En lo que sigue quisiera esbozar algunos elementos de nuestro contexto social y político en el que nos encontramos rumbo a estas elecciones “históricas”.
1. ¿Renovación masiva de cargos? A pesar del número histórico de cargos que serán disputados en el próximo proceso electoral, “no deja uno de tener la impresión de que se juega bastante poco en las elecciones”, ha escrito el padre Raúl Lugo. “El margen de decisiones del poder político está cada vez más acotado —continúa Lugo—. El proceso de acumulación de los capitales no pasa ya por la identidad de los Estados nacionales, sino que se desarrolla a través de las llamadas compañías multinacionales, capitales sin país ni rostro, cuyo único fin es la maximización de ganancias” (“Las elecciones y las compañías transnacionales”, 6-2-18).
En efecto, muchas de las decisiones que más afectan la vida cotidiana de las ciudadanas y ciudadanos ya no pasan por el gobierno. Las personas, sobre todo las generaciones más jóvenes, pasan buena parte de sus vidas conectados en diversas redes sociales. ¿Quiénes definen las reglas de dichas redes? Son pocos los gobiernos —como recientemente Alemania— que han dado pasos firmes para la regulación de dichas redes (aunque esto también implica peligros, como la censura en China y en otros países). Cosas similares podemos decir de bancos, seguros, supermercados y muchas otras empresas que ponen en primer lugar la ganancia económica que el bienestar de las personas.
Desde luego, los gobiernos regulan en cierta medida las actividades empresariales como las antes mencionadas. Junto a la desregulación total de unas actividades donde lo que impera únicamente es la lógica del mercado, hay otros ámbitos donde el Estado regula para sus propios intereses. En Yucatán el caso más emblemático en años recientes es el de Uber y otras formas de “economía colaborativa”.
Lo importante a destacar es que muchos de los temas que más preocupan a las y los yucatecos, como el transporte público o la generación de empleos, parecen estar cooptados por intereses de empresas, sindicatos y otras organizaciones e individuos influyentes sobre los cuales no decidiremos el próximo 1 de julio. Esto no es un llamado a no votar o a decir que todos los políticos son lo mismo, sino a exigirles a los candidatos y a los próximos servidores públicos una voluntad real, auténtica, para tomar decisiones a favor del bienestar de la ciudadanía. De otra manera, la elección “histórica” no sería más que una renovación masiva y costosa de cargos públicos.
2. ¿La amenaza de las noticias falsas? Un tema de moda son las “fake news” o “noticias falsas”. En buena medida, esta moda se debe a la desproporcionada insistencia de los Estados Unidos sobre la intervención rusa en el proceso electoral norteamericano de 2016, por medio de una difusión masiva de noticias falsas en redes sociales.
No deseo minimizar el problema: las noticias falsas son motivo para preocuparnos y sí son una amenaza para la democracia. Pero lo que los estadounidenses suelen omitir cuando se rasgan las vestiduras por la intervención rusa es que el gobierno norteamericano ha intervenido en numerosas elecciones en prácticamente todas las regiones del planeta. Cierto, no lo han hecho a través de la difusión de noticias falsas, pero sí con grandes cantidades de dinero e incluso con intervenciones militares.
Digo lo anterior por dos razones. Una: hay muchas formas de intervenir las elecciones además del uso de noticias falsas. El gobierno mexicano es experto en emplear programas de política social para comprar y cooptar votos. La segunda razón es que las noticias falsas son la manifestación superficial de un problema mucho más profundo: la falta de pensamiento crítico entre los ciudadanos, que les permita distinguir entre noticias y vídeos falsos de los que no lo son. Antes de dar un “me gusta” o “compartir” impulsivamente, hay que detenerse en la lectura completa de la noticia, indagar sobre las fuentes de la misma, conocer el autor o el medio que produjo la nota, entre otros criterios. Están bien los detectores de noticias falsas, pero el mejor antídoto es el pensamiento crítico de los ciudadanos.
3. ¿Candidatos ciudadanos sin ideología? Otra moda en este proceso electoral es la de los candidatos y coaliciones de partidos que se presentan como “ciudadanos”. El abuso de esta palabra representa un grave peligro pues, en el mejor de los casos, “ciudadano” se vuelve equivalente de alguien que no es militante o miembro de un partido político.
Lo anterior puede conducirnos a olvidar uno de los elementos fundamentales de la ciudadanía: su relación con los derechos humanos. Así, hablar de ciudadanía debe implicar hablar de derechos civiles y políticos. Lamentablemente, en muchos ámbitos de nuestro Estado esto aún está lejos de ser realidad: muchos empleados de empresas, organizaciones y sobre todo de instituciones públicas no sólo temen expresar libremente su opinión política sino que incluso se ven obligados a realizar actividades proselitista para algún candidato o partido.
Tampoco podemos olvidar los derechos político-electorales de las comunidades mayas que, como reconocen la Constitución, tratados internacionales y el propio Poder Judicial en México, no se reducen a las elecciones formales, sino que también incluyen el derecho a la “libre determinación”, al “autogobierno” y a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado (Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, “Protocolo para defensoras y defensores de los derechos político-electorales de los pueblos y comunidades indígenas”, 2017). Dicho en otras palabras: tan importante (o más) que la elección del 1 de julio son las decisiones que las comunidades mayas han tomado sobre el destino de sus tierras, territorios y recursos y los proyectos que diversas empresas quieren desarrollar en ellas.
Por otro lado, mientras que los candidatos se presumen como “ciudadanos”, encontramos un preocupante desdibujamiento de las ideologías o de plataformas o proyectos ideológicos para definir el rumbo del Estado. En este sentido, el México actual es verdaderamente surreal: el partido considerado de “izquierda” alberga a un partido y demandas de la ultraderecha (como las relativas a la familia y el matrimonio igualitario), mientras que el partido de derecha impulsa causas de la izquierda (como la renta básica universal).
En los hechos, los partidos políticos en México difícilmente se distinguen por perfiles ideológicos claros o visiones del país definidas. Eso permite que con gran facilidad los integrantes de un partido puedan pasar a formar parte de las filas de otro partido sin mayor problema o contradicción.
Lo anterior resulta muy preocupante porque, muy probablemente, en las campañas de este año los candidatos repetirán lo mismo de siempre, que son “hombres de familia”, “trabajadores”, “cercanos a la ciudadanía” y que buscarán “generar empleos” y “bienestar”. En cambio, no ofrecerán un proyecto claro del rumbo que deberá seguir Yucatán en los próximos seis años y en el porvenir.
4. ¿Continuidad? Finalmente, creo que un tema que será recurrente en las campañas electorales será el de la “continuidad” con el actual gobierno, tanto estatal como el municipal en Mérida. Esta continuidad se basará sobre todo en dos pilares: crecimiento económico (Yucatán ha destacado por encima de la media nacional) y seguridad (ciertamente, el Estado sigue siendo más seguro que otros de la República).
Sin embargo, el desarrollo entendido únicamente como atracción de inversiones y crecimiento económico (aumento del producto interno bruto) sin un enfoque de derechos humanos ha entrañado muchos riesgos sociales y ambientales en Yucatán. Del mismo modo, el discurso triunfalista sobre la seguridad, que oculta la tortura sistemática y generalizada que practican agentes del Estado o la violencia doméstica, también es motivo de preocupación. Sobre este tema volveré en una próxima columna. Lo que queda claro es que para abordar estos asuntos se necesitan actores políticos con una real voluntad para tomar decisiones a favor de la ciudadanía, proyectos ideológicos que definan un rumbo para el Estado y una ciudadanía con pensamiento crítico que sepa distinguir noticias y propuestas y exigir el cumplimiento de sus derechos políticos.
rodrigo.llanes.s@gmail.com
@RodLlanes
Investigador del Cephcis-UNAM