Carlos R. Menéndez Losa director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia
Carlos R. Menéndez Losa, director general de Diario de Yucatán y de Grupo Megamedia

“Reparten el pastel”, el titular inicial de nueva serie de “Central 9” sobre el desvío de recursos públicos en Yucatán, ilustra con claridad simulaciones y enjuagues que giran en torno a revelaciones periodísticas sobre impune red de corrupción transexenal que extiende sus tentáculos y echa raíces en la nueva administración estatal y el municipio de Mérida.

Como en los casos no desmentidos de las “empresas fantasmas”, el fraude de las luminarias chinas y la mafia inmobiliaria, entre otros, la unidad de investigación de Grupo Megamedia nos ofrece desde el domingo 27 de octubre detallada información sobre oscuros, multimillonarios acuerdos pluripartidistas alrededor de las obras públicas.

Gracias a “Central 9”, hoy somos más los que sabemos que desde hace muchos años, en gobiernos de diferentes partidos, se desvían a bolsillos privados y campañas electorales millones de pesos de presupuestos locales, vía el contubernio, la simulación de licitaciones y la asignación directa de contratos con sobreprecio a socios y financieros de las autoridades.

La nueva serie nos revela con detalle cómo opera, bajo el silencio cómplice de gobernadores, alcaldes y líderes partidistas, el mayor orquestador de los “moches” en Yucatán y sus secuaces enquistados en la administración pública, hoy catalogados entre los contratistas principales del gobierno estatal, el ayuntamiento de Mérida y varias dependencias federales.

Del dominio público es el modus operandi de la banda, que condiciona la entrega de recursos y obras a que se adjudiquen los contratos, previo pago de “moches” del 20 al 40% de los presupuestos, a empresas del constructor Mario Millet Encalada, financiero y mandamás del “cuarto de guerra” electoral del hoy gobernador del estado, Joaquín Díaz Mena (bit.ly/48HhpW2).

LOS “MOCHES”

En 2015 comenzó “Central 9” a dejar en evidencia el escándalo de los “moches”, que vincula a Millet Encalada y socios con diputados federales del PAN, alcaldes de ese partido y cuestionados empresarios, entre los que figuran el “vilista” Sergio Chan Lugo, Huacho Díaz, el hoy morenista Raúl Paz Alonzo y el directivo constructor Felipe Alberto Canul Moguel.

A nueve años de distancia, hoy sabemos que el clan de los hermanos Millet Encalada recibe de 2018 a 2024, asumimos que con el conocimiento de Huacho Díaz, por lo menos 121 contratos de obra pública por más de $400 millones, de varias dependencias locales y federales, a través de diversas empresas y prestanombres, en contubernio con la autoridad.

Con la intervención de Chan Lugo y Canul Moguel, acusado de corrupción en 2022 por varios constructores, solo el ayuntamiento de Mérida asigna obras por más de $100 millones a los cuestionados contratistas, quienes presentan, en licitaciones amañadas, presupuestos inflados, como el sonado caso de 2015 que denuncia expresidente municipal de Tixkokob.

Las revelaciones periodísticas también nos indican que la influencia de Mario Millet se extiende hoy al nuevo gobierno estatal vía la incorporación en altos niveles de personeros como el exempleado Dafne López Martínez, encargado de coordinar los ambiciosos proyectos de inversión en obra pública del sobre publicitado plan de “Renacimiento Maya”.

LA CORRUPCIÓN

Los tentáculos se extienden también al ayuntamiento de Mérida, en las personas de David Enrique Loría Magdub y su sucesor Sergio Chan Lugo, quien habría llegado a la Comuna por presiones a la alcaldesa Cecilia Patrón, y se arraigan en la cámara de los constructores, mediante las amenazas de Canul Moguel, a quien buscan imponer como su presidente local.

Con más discurso que realidad, el flamante gobernador morenista nos presume esta semana los “pilares” en los que se basaría el nuevo Plan Estatal de Desarrollo, “de acuerdo con los principios de la 4T”, entre los que resalta un “gobierno honesto, que promueva la transparencia y el combate a la corrupción, para fortalecer la confianza ciudadana”.

Propagandistas y defensores a ultranza del obradorismo nos recuerdan en los últimos días, incluso en estas páginas, el “decálogo de las autoridades emanadas de Morena”, que exige “informar regularmente, con absoluta transparencia, del destino de los recursos públicos; no tolerar la corrupción y luchar contra el nepotismo, el amiguismo y el influyentismo”.

También en la semana que termina, cuando el régimen se impone de nuevo en la riesgosa reforma judicial federal, con extorsiones y una ficticia mayoría calificada, Huacho Díaz insiste en su admiración por el movimiento al que ahora pertenece y celebra el fallo de la Suprema Corte como “un avance decisivo para confirmar que el poder está en el pueblo”.

“CERO BACHES”

En Mérida, la alcaldesa panista anuncia un presupuesto de egresos para 2025 de $5,900 millones y pone en manos de su director de Obras Públicas, Sergio Chan Lugo, un “urgente” programa de “Cero Baches”, que incluye repavimentación y bacheo de 100 kilómetros de calles con una inversión superior a los $400 millones. No precisa quién ejecutará las obras.

Ante las revelaciones planteadas, cabría preguntarse: ¿Debemos exigir congruencia entre las arengas anticorrupción de las autoridades y la manera como nos gobiernan realmente? ¿Por qué habríamos de creer en sus promesas? ¿Debemos involucrarnos en la vigilancia de las obras públicas y en las fuentes de financiamiento de las onerosas campañas políticas?

Los hechos indican que la amenaza es grande. El populismo morenista asegura que velará por que prevalezca la “voluntad popular”, pero mantiene en sus entrañas el voraz germen de la corrupción, y la esperanza democrática depositada en Cecilia Patrón Laviada se debilita con presiones que obligarían a la alcaldesa a seguir peligrosos pasos de sus antecesores.

El gobernador de Yucatán y su vecina del palacio de enfrente aún tienen la oportunidad de demostrar cuán reales son sus intenciones de borrar toda huella de corrupción en sus nacientes gestiones. La sociedad tendría que estar muy alerta ante las amenazas. El periodista intenta cumplir su deber, alerta con la denuncia y propicia la reflexión.— Mérida, Yucatán.

*) CARLOS R. MENÉNDEZ LOSA, director general de Diario de Yucatán y Grupo Megamedia

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